Por Marcella Mallen, presidenta de la Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) y de la Fundación Prioritalia
Una de las enseñanzas que nos ha dejado la pandemia es la fuerte conexión que existe entre el crecimiento económico, la inclusión social y la sostenibilidad ambiental. Para salir de la crisis se necesita un sistema de bienestar estructurado, que apoye a las familias y sea capaz de actuar tanto sobre la pobreza como sobre las desigualdades de género e intergeneracionales.
La pandemia nos ha enseñado que el mundo está profundamente interconectado: la COVID-19, nacida de causas naturales (debido al efecto spillover o al salto de especies), primero impactó en la salud de los individuos, pero luego, en cascada, afectó al capital económico (reducción de la capacidad productiva, caída acelerada de las inversiones y de la riqueza actual y prevista), al capital humano (desempleo y subempleo, aumento de la pobreza y de la desigualdad, impacto negativo en las actividades formativas de los jóvenes), al capital social (reducción de las interacciones, dificultades operativas para el Tercer Sector), generando la crisis que aún vivimos. La COVID-19 nos ha mostrado cómo sectores que pueden parecer diferentes —ambiental, económico, social— están en realidad profundamente vinculados.
Para intervenir en el mundo que nos rodea es imprescindible, por lo tanto, buscar los vínculos entre los distintos ámbitos de la sociedad, adoptando una visión sistémica, capaz de predecir los efectos que una sola intervención puede tener en diferentes áreas de interés.
El ejemplo más emblemático de enfoque sistémico que tenemos hoy es la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible de Naciones Unidas, firmada el 25 de septiembre de 2015 por 193 países, con el objetivo de compartir el compromiso de garantizar un presente y un mejor futuro para nuestro planeta y las personas que lo habitan. La Agenda global define 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que han de ser alcanzados antes de 2030, divididos en 169 Metas que delinean el camino a seguir durante los próximos años.
Esta Agenda nace a partir de la consideración de que nuestro modelo es insostenible, tanto a nivel ambiental como económico y social; pero sobre todo pretende superar la idea de que la sostenibilidad es solo una cuestión ambiental, proponiendo una visión integral de las diferentes dimensiones del desarrollo. Garantizar una educación de calidad, equitativa e inclusiva (Objetivo 4) también significa ofrecer igualdad de oportunidades a mujeres y hombres (Objetivo 5); para garantizar la salud y el bienestar (Objetivo 3) es necesario vivir en un planeta saludable (Objetivos 6, 13, 14 y 15); un trabajo decente para todos (Objetivo 8) requiere la eliminación de las desigualdades (Objetivo 10).
En este sentido, también la Agenda 2030 nos dice que no hay crecimiento económico sin sostenibilidad ambiental y social. Por ello, un sistema de bienestar social activo y estructurado no solo mejorará la dignidad de la persona, sino también la del entorno en el que vivimos.
Uno de los retos más complejos es la lucha contra la pobreza, con la garantía de acceso a un trabajo decente para todos y la reducción de las desigualdades sociales. Para lograr estos objetivos es necesario, entre muchas acciones: promover la salud de las personas, asegurar el equilibrio entre la vida personal y laboral, brindar apoyo a las mujeres en el mundo laboral, estimular una educación de calidad, sustentar la tasa de natalidad y fortalecer las guarderías.
Diferentes países, desafortunadamente, se están quedando atrás en muchos de estos objetivos. Según el Informe de la Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), por ejemplo, Italia ha registrado un empeoramiento, en comparación con 2020, frente a nueve Objetivos de la Agenda 2030, muchos de los cuales forman parte de políticas de bienestar: pobreza (Objetivo 1), salud (Objetivo 3), educación (Objetivo 4), igualdad de género (Objetivo 5), condiciones económicas y laborales (Objetivo 8), desigualdades (Objetivo 10), condiciones de las ciudades (Objetivo 11), ecosistema terrestre (Objetivo 15) y cooperación internacional (Objetivo 17).
Por ello —y refiriéndonos al caso italiano, aunque se podría llegar a la misma conclusión respecto a otros muchos países—, es necesario, en primer lugar, reformar el sistema de bienestar social actual en su conjunto, simplificando los procedimientos y el acceso a los servicios y garantizando la cobertura a segmentos de la población actualmente excluidos. En Europa, estas necesidades están, entre otras cosas, en consonancia con los objetivos expresados en el “pilar europeo de derechos sociales” —la estrategia social de la Unión para garantizar que la transición a la neutralidad climática, a la digitalización y el cambio demográfico sean socialmente equitativos y justos— y con lo que se reiteró en la cumbre de la UE en Oporto. En dicha cumbre, convocada con el objetivo de definir la agenda europea de políticas sociales para 2030, la Comisión, el Parlamento y el Consejo firmaron una declaración de compromiso para llevar a cabo un plan de acción (inspirado en los derechos sociales europeos) que incluye, en particular, tres objetivos que deben alcanzarse necesariamente en toda Europa de aquí a 2030:
– al menos el 78 % de las personas de entre 20 y 64 años con trabajo en la Unión Europea;
– participación de al menos el 60% de los adultos en cursos de formación cada año;
– la reducción del número de personas en riesgo de exclusión social o pobreza en al menos 15 millones, incluidos cinco millones de niños.
El texto de la declaración también recordó en la introducción el objetivo rector de la Agenda 2030: “no dejar a nadie atrás”.
Para este fin, la ASviS propone, siempre dentro del Informe 2021, medidas importantes para Italia —que están presentes o también se han propuesto en otros países, y entre estos algunos de América Latina—, tales como la ampliación de los beneficiarios que pueden acceder al Reddito di Emergenza (ReM [1]), convirtiéndolo en una herramienta permanente de apoyo económico a los segmentos más frágiles de la población, y al subsidio único y universal para las familias, instrumento que responde a la necesidad de simplificar el sistema de prestaciones en favor de familias con hijos, unificando los subsidios anteriores y aumentando el número de beneficiarios.
A esto hay que añadir que la cuestión de las generaciones más jóvenes, señalado como transversal por el Plan de Recuperación y Resiliencia de Italia y de otros países europeos, debe tener una influencia efectiva en todas las políticas nacionales, con especial atención al tema del trabajo.
Solo a través de estas —y otras— medidas será posible consolidar, fortalecer y promover ese vínculo ahora inseparable entre crecimiento económico, inclusión social y sostenibilidad ambiental, a partir de políticas de bienestar capaces de acompañar el proceso de recuperación, convirtiéndose en un faro para los desafíos futuros.
[1] Medida de apoyo económico sancionada en Italia en mayo de 2020 en favor de los núcleos familiares en dificultad por causa de la emergencia de la COVID-19.
