Región América Latina, Región Unión Europea · 16 diciembre, 2020

Política fiscal en tiempos de pandemia: su papel para la recuperación y la cohesión social

Por, Jorge Onrubia, Universidad Complutense de Madrid (UCM-ICEI) & Fedea

El consenso acerca de la inusitada contracción de la actividad económica que la pandemia de la COVID-19 está produciendo a nivel mundial es unánime, si bien las diferencias en el análisis se centran en la predicción de su duración. Es lógico pensar que cuanto más acertada sea la combinación de medidas sanitarias y económicas, incluida la oportunidad temporal de su aplicación, el horizonte económico y social al que cada país se enfrente será más halagüeño, aunque sin olvidar la imposibilidad de delimitar a escala nacional las consecuencias de la pandemia.

La crisis sanitaria y económica afecta a todas las personas, si bien su impacto no es igual ni entre países, ni entre hogares. De hecho, la pandemia está mostrando sus efectos de forma más acusada entre los colectivos más vulnerables, y por el peso de estos en la población, entre países. Las consecuencias de este sesgo están fuertemente relacionadas con la desigualdad, tanto de la renta como de la riqueza, donde los hogares con menores recursos, con empleos más precarios, con mayores privaciones materiales en vivienda, en educación o en salud son los que están padeciendo los efectos con mayor crudeza. La correlación entre estos factores de vulnerabilidad, incluida la edad y el sexo, está resultando determinante para entender tanto la mayor concentración espacial de la enfermedad, como sus efectos sobre el bienestar. El resultado es un enorme problema de cohesión social, cuya duración e intensidad dependerán de la fortaleza de la acción pública de los gobiernos.

Un rasgo característico de esta crisis es la reivindicación del papel de la política fiscal. La caída sin precedentes de las recaudaciones impositivas como consecuencia del cierre económico generado por los confinamientos generalizados, junto con la necesidad urgente de aumentar el gasto sanitario, educativo y de protección social, han devuelto súbitamente el protagonismo a la política fiscal, injustamente denostada en crisis precedentes, por una errónea identificación de esta con la indisciplina presupuestaria. No obstante, tampoco debemos obviar que proporcionar liquidez de forma eficaz y eficiente exige combinar las políticas monetaria y fiscal. La magnitud de estos aumentos de gasto público no puede financiarse si no es con un ingente endeudamiento público, cuya colocación en los mercados a agentes privados resultaría prácticamente inviable. En este sentido, la acción planificada de los bancos centrales para absorber estos volúmenes de deuda es indispensable, como muestra la respuesta rápida y acertada del Banco Central Europeo, con sus compromisos de adquisición de activos.

Pero no podemos pensar que la política fiscal habrá concluido su papel una vez superada la crisis sanitaria, algo que desgraciadamente aún vislumbramos con certidumbre. Al contrario, existe importante consenso en que esta debe desempeñar un papel principal en la recuperación tras la pandemia, así como en la reconstrucción económica y de la cohesión social. En mi opinión, sin políticas fiscales fuertes y bien diseñadas resultará imposible conseguir una reactivación económica sólida y duradera, teniendo en cuenta, además, la gran heterogeneidad existente en las situaciones de partida de las grandes regiones mundiales y, por supuesto, entre países.

El objetivo principal de la “reconstrucción”—término utilizado por las instituciones europeas— es conseguir la recuperación de la actividad económica, en paralelo a un aumento del bienestar social. Pero para ello no basta alcanzar un crecimiento económico estable, sino que es preciso lograr además un elevado grado de cohesión social, lo que equivale a reducir de forma estable y significativa la desigualdad, en todas sus vertientes. Para ello, es necesario poner en marcha políticas inclusivas efectivas en materia de empleo, educación, sanidad, vivienda, protección social o medioambiente. Además, hay que contemplar que nos movemos en un escenario de vertiginosa e imparable transformación tecnológica, con lo que esto supone para las desigualdades.

La Unión Europea ha puesto en marcha recientemente los pilares de una agenda de reconstrucción, con la aprobación de las grandes líneas del programa Next Generation EU, dotado con 560.000 millones de euros, de los que 310.000 corresponden a transferencias con cargo al nuevo presupuesto comunitario y el resto a préstamos. Su reparto entre los Estados será según criterios basados en los efectos de la crisis generada por la pandemia, aunque siempre vinculado a la presentación de proyectos incardinados en planes nacionales de recuperación y resiliencia, definidos en consonancia con los objetivos del Semestre Europeo y orientados a las transiciones ecológica y digital y a la resiliencia de sus economías. Además, se incluye financiación adicional hasta 2022 para los programas de cohesión actuales y para el Fondo de Ayuda Europea para las Personas más Desfavorecidas, hasta un montante total de 750.000 millones. Para su financiación, se barajan tres recursos impositivos de ámbito europeo: sobre los negocios digitales, sobre las emisiones transfronterizas de CO2 y sobre los beneficios de las multinacionales. Estas nuevas figuras deberán encontrar su encaje con la fiscalidad doméstica y con las iniciativas de coordinación fiscal internacional lideradas por la OCDE. Sin duda, se presentan enormes retos fiscales no fáciles de resolver.

En Latinoamérica, el papel impulsor de la política fiscal en la recuperación económica y la cohesión social ha sido recientemente destacado por la CEPAL en su informe Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe, 2020. En él se advierte que se trata de un motor esencial para el desarrollo sostenible de la región, sin cuyo adecuado funcionamiento se producirá un retroceso significativo para la mayoría de las economías. En una línea similar, el reciente informe Perspectivas Económicas de América Latina 2020, publicado por la OCDE, CEPAL, CAF y la Comisión Europea, apunta el gran desafío al que se enfrenta la región con la pandemia, destacando la necesidad de orientar los programas públicos hacia la transformación digital, como vía para promover un desarrollo más inclusivo y sostenible. Debemos ser conscientes del enorme desafío que esta necesaria orientación de las políticas supone para los países de la región, cuyos Estados del bienestar son muy estrechos y la protección social se encuentra a gran distancia de las coberturas europeas.

Pais: Región América Latina, Región Unión Europea
ODS: Paz, justicia e instituciones sólidas, Alianzas para lograr los objetivos
Área de Políticas: Políticas de igualdad de género, Políticas de Gobernanza Democrática, Políticas Sociales
Tipo: Artículo

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