Recíprocamente ha dialogado con Leonardo Ferreira Neves (OIT) y Anita Araceli Zetina (SISCA) en torno a los desafíos para la integración social en la era pos pandemia.
Entrevista por Federico Nastasi, técnico local en Centroamérica y México del Programa EUROsociAL+
Leonardo Ferreira Neves es el director de la Oficina de la OIT para América Central, Haití, Panamá y República Dominicana. Licenciado en Economía por la Universidad de San Pablo y Master en Economía por la Universidad de Paraná; después de una trayectoria laboral en el sector gubernamental de su país, Brasil, se incorporó en el 2004 a la OIT.
Anita Araceli Zetina es la secretaria general de la Secretaría de la Integración Social Centroamericana (SISCA). Es Maestra de Artes por la Pontificia Universidad Católica, República Dominicana, y licenciada en Ciencias por la Universidad de Murray, Estados Unidos. Ha sido Coordinadora de Programas UNICEF en Belice, su país natal.
Esta publicación está dedicada a los pactos sociales, a la necesidad de construir acuerdos entre intereses diferentes para aumentar la inversión pública y promover la cohesión social. El 2021 coincide con el bicentenario de la independencia de Centro América y los treinta años de la integración centroamericana. Este aniversario ¿abre una oportunidad para nuevos pactos sociales en Centroamérica, se percibe la necesidad de construirlos?
Zetina: En la celebración del bicentenario, la pandemia y fenómenos naturales adversos amenazan con hacer retroceder algunos de nuestros indicadores de desarrollo. Sin embargo, toda crisis ofrece una ventana de oportunidad para la reconstrucción.
Pese a las grandes dificultades financieras, los gobiernos de la región adoptaron medidas que contribuyeron a reducir los impactos de la pandemia.
Muchos de los problemas sociales de la región responden a causas estructurales, por lo que resulta preciso vincular las acciones de recuperación con el objetivo estratégico de reforzar las políticas y los sistemas de protección social. Para lograrlo, se requiere de mayores niveles de inversión, lo cual es complicado en una situación como la actual, marcada por grandes limitaciones fiscales. Esta situación vuelve sumamente necesaria la construcción de acuerdos y el establecimiento de pactos.
El Sistema de la Integración Centroamericana es un espacio de construcción de consensos que cuenta con instrumentos estratégicos, como la Política Social Integral Regional del Sistema de la Integración Centroamericana 2020-2040 (PSIR-SICA) y el Plan para la Recuperación, Reconstrucción Social y Resiliencia de la Región SICA (Plan 3R). Estos marcos regionales definen cómo se desea avanzar en términos de integración, pero también se erigen en insumos para ampliar el diálogo que les dio origen.
Con la COVID-19, “los gobiernos se han puesto en marcha con la protección social, así como para garantizar la estabilidad social”, como testimonia el Informe sobre la Protección Social de la OIT. En Centroamérica, no todos los países han sido capaces de organizar una respuesta a la altura de la situación, debido a los escasos recursos fiscales y a debilidades institucionales. ¿Qué lecciones se pueden extraer de esta situación?
Ferreira: La pandemia ha puesto en evidencia las debilidades de los sistemas de protección social existentes en América Latina y el Caribe. En Centroamérica, la situación no es diferente. Las dificultades para cumplir con los objetivos de la protección social se han agudizado. Antes de la pandemia, en América Latina y el Caribe la cobertura de la protección social contributiva alcanzaba el 46,5% de la población ocupada.
Por otro lado, en los últimos años, los países habían implementado o expandido distintos programas no contributivos. La mayoría de los países de la región cuenta con algún programa no contributivo de política social y seguridad en el ingreso en la vejez[1]. No obstante, en la región, poco más del 49% de los mayores de 65 años no recibe una pensión. En cuanto a los programas de seguridad del ingreso para personas en edad de trabajar, estos son diversos y suelen combinar servicios de inclusión laboral y mejoramiento de la empleabilidad. En Centroamérica, ningún país cuenta con seguro de desempleo.
En relación con la protección social en salud, si bien es cierto que muchos países adoptan la universalidad de la cobertura, en la práctica existen barreras para el acceso y de calidad.
Esta pandemia muestra que la protección social es una necesidad humana, económica y social, indispensable para garantizar el progreso y la sostenibilidad, así como indican los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.
Las estrategias para salir de la crisis han puesto al centro de las agendas la colaboración entre países y un fuerte impulso a la cohesión social. Un ejemplo viene de Europa, con el Next Generation EU. Algo parecido se ha observado en Centroamérica. ¿Cuál es la ventaja para cada país de pensar e implementar la recuperación a escala regional?
Zetina: Es importante señalar el éxito de las acciones de la UE destinadas a hacer frente a la pandemia. En Centroamérica, también observamos esa tendencia a expandir el gasto público en favor de lo social. La certeza en torno a que salir de la crisis implica invertir en lo social ha llevado a que se proponga el Plan 3R. En este punto, es importante señalar el valioso aporte de la Unión Europea a través del Programa EUROsociAL+ y también el de diferentes instancias de las Naciones Unidas. La región SICA y su proceso de integración es una plataforma estratégica de construcción de consensos que permite a los países implementar políticas conjuntas. En esta línea, el área Social del Sistema cuenta con la PSIR-SICA, de la que se deriva en el Plan 3R. A partir de estos instrumentos, se promueven diferentes acciones que fomentan la coordinación de los esfuerzos nacionales con iniciativas regionales. El Plan 3R refleja con claridad el sentido de la integración regional como plataforma estratégica. No sustituye a los planes nacionales de recuperación, sino que es el primer plan regional para la recuperación que asume lo social como eje central de la recuperación, al lado del eje económico, sin dejar de lado elementos ambientales y de gestión de riesgo.
La leve recuperación del empleo está siendo liderada por las ocupaciones informales. Parece que la informalidad se confirma como una característica estructural de las economías de la región. ¿Qué medidas de corto y de largo plazo se pueden adoptar para contrarrestar esta tendencia?
Ferreira: En América Latina, la recuperación económica de los últimos meses no se refleja plenamente en los mercados de trabajo. La recuperación de puestos de trabajo ha estado liderada por el crecimiento del empleo informal. Los países de Centroamérica presentan niveles elevados de informalidad laboral, y la situación actual tiende a incrementar estos niveles.
En esta crisis, tanto el empleo formal como el informal experimentaron contracciones muy fuertes. Es prematuro afirmar que se está observando un proceso de informalización de las ocupaciones previamente formales, pero sí es un riesgo latente. Conforme lo plantea la Recomendación 204 de la OIT, las políticas de formalización deberían tener un triple objetivo: facilitar el tránsito de la informalidad a la formalidad; proteger el empleo y las empresas que actualmente están en la formalidad; y promover la creación de empleo y empresas en la formalidad.
[1] OIT (2020): Nota técnica regional “Protección social en América Latina y el Caribe en tiempos de pandemia. Panorama laboral en tiempos de la COVID-19”.
