Región América Latina, Región Unión Europea · 16 diciembre, 2020

Entrevista a los ministros de justicia de Chile y España

María Luisa Domínguez, responsable de la línea de Justicia del área de Gobernanza de EUROsociAL+, coordinó la entrevista a los ministros de justicia de Chile, Hernán Larraín, y España, Juan Carlos Ocampo.

En la charla para Recíprocamente, los ministros de justicia de Chile, Hernán Larraín, y España, Juan Carlos Ocampo, expusieron cómo se ha reaccionado ante la pandemia desde su ámbito de actuación, así como cuáles son los retos que deberán afrontar los sistemas de Justica en un futuro próximo.

¿Cómo se ha reaccionado desde el sector justicia en esta coyuntura de pandemia y qué lecciones aprendidas deja de cara al futuro?

Juan Carlos Campo: Durante el estado de alarma ha sido necesario actuar con unos tiempos de respuesta casi nulos y adoptar medidas para hacer frente a una realidad que cambiaba cada día. Esto ha supuesto un “aprendizaje exprés” para todos los miembros del equipo ministerial que han tenido que afrontar la crisis, empezando por el aprendizaje derivado de los propios errores, pero también de aquellas medidas adoptadas que sí han funcionado bien, como la cobertura de los servicios esenciales, el teletrabajo, o los actos de comunicación electrónicos. Fruto de toda esta experiencia, si fuese necesario, y espero que no, muchas de las medidas que se deberán tomar ya estarían preparadas en un protocolo de emergencia que debemos consensuar con el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y las Comunidades Autónomas con competencias y solo sería necesario activarlas; y el impacto sería infinitamente menor al producido durante la anterior crisis.

Hernán Larraín: Nuestro país ha enfrentado activamente la llegada del coronavirus a Chile, correspondiéndole a este Ministerio establecer directrices para la operación de los servicios públicos del Sector Justicia, lo que comprende a los organismos dependientes y relacionados administrativamente con esta Secretaría de Estado, actuando de cara a las necesidades y requerimientos que conlleva una alerta sanitaria de este tipo. En este contexto, destaco la celeridad de nuestro accionar, pues tras la dictación del Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe el 18 de marzo de 2020, prontamente se materializaron acciones en el plano legislativo y ejecutivo, buscando establecer mecanismos que garantizaran el debido acceso a la justicia por parte de la ciudadanía respecto de los tribunales y los servicios de defensa y asistencia jurídica, y adecuar las condiciones de funcionamiento de los organismos dependientes, dando continuidad a la función pública y asegurando el debido resguardo de los niños, niñas y adolescentes bajo la tutela del Estado, así como de la personas privadas de libertad.

El 2 de abril fue promulgada la Ley N° 21.226, destinada a suspender audiencias, prorrogar plazos y dar atribuciones a la Corte Suprema para adaptar los procesos judiciales a la realidad de confinamiento y restricción de movimientos que ha exigido la pandemia. Otra legislación relevante, siguiendo las recomendaciones de la CIDH, fue la Ley N° 21.228, a través de la cual se dispuso a mediados de abril un indulto general conmutativo dirigido a personas pertenecientes a grupos vulnerables desde la perspectiva sanitaria, tales como personas mayores y embarazadas, estableciendo requisitos de otorgamiento que apuntan al porcentaje de pena cumplida, y la posibilidad de completar el saldo pendiente a través de reclusión domiciliaria u otros mecanismos de control. Como regla de actuación general, se estableció un Plan de Acción de todo el Sector Justicia, facilitando la coordinación y planificación de cada uno los servicios dependientes y relacionados con este ministerio, con el objetivo de prevenir el contagio de la población con COVID-19 e informar a nuestros funcionarios, usuarios y beneficiarios respecto a los lineamientos de actuación. En el caso del Servicio Nacional de Menores, junto con disponer estrictos protocolos sanitarios para el manejo de las residencias y la limitación de las visitas para proteger la salud de los niños, niñas y adolescentes que viven al amparo del Estado, se establecieron herramientas de conexión remota con sus familias y con los equipos jurídicos a cargo de sus procesos ante los tribunales de justicia.

En el caso de la población penal se adoptaron medidas semejantes, ejecutándose la segregación de los casos de contagio detectados, lo que ha permitido hasta la fecha mantener controlado los escasos brotes generados; además, se ha posibilitado un sistema de mensajería y de videovisitas, para mantener el contacto con sus familiares. Desde los servicios de asistencia jurídica y defensa penal, vivenciamos un rápido proceso de transición hacia la atención virtual mediante distintas plataformas, adecuándonos a las posibilidades de conexión que poseen los usuarios y participando de manera virtual en las audiencias judiciales de los procesos priorizados. Esta ha sido una experiencia positiva que ha dado lugar incluso a la premiación de buenas prácticas, en donde hemos querido destacar iniciativas propiciadas por funcionarios del sector, quienes de manera participativa e innovadora han desarrollado con sus propios medios, aplicaciones digitales, estrategias de atención y asesoría jurídica, destinadas a garantizar el acceso a la justicia de las personas más vulnerables.

De las lecciones aprendidas a partir de esta experiencia logramos visualizar la importancia de un actuar coordinado, no solo por parte de los distintos poderes del Estado, sino también desde la institucionalidad que trasciende al sector justicia, entendiendo nuestro rol y la corresponsabilidad que tenemos en la satisfacción de las necesidades sociales y jurídicas de la población, pero desde un modo seguro, en el cual se privilegia la protección de la salud y la vida de las personas.

Otra lección relevante es el establecimiento de mecanismos de atención remota, audiencias virtuales y, en general, la realización de actuaciones judiciales y extrajudiciales hasta hace poco exclusivamente presenciales, pero cuyo tránsito hacia la digitalización de los procesos ha permitido mantener el funcionamiento del sistema de administración de justicia. En esta línea, avanza en el Congreso Nacional un proyecto de ley presentado por el Gobierno, que aborda el retorno del sistema de justicia luego de terminado el estado de excepción, pues estamos trabajando con anticipación, para que cuando acabe la emergencia sanitaria las actuaciones sean rápidas y eficientes, garantizando el debido proceso.

El acceso a la justicia entendido en sentido amplio como un derecho llave sin el cual no es posible garantizar el resto de derechos es clave para luchar contra las desigualdades y promover la cohesión social ¿Qué medidas concretas contempla el Plan Justicia 2030 en el eje estratégico de acceso a justicia?

Juan Carlos Campo: En primer lugar, quiero señalar que coincido plenamente en esa visión del acceso a la justicia común como un derecho llave, que permite garantizar otros derechos esenciales. En segundo lugar, quiero explicar que “Justicia 2030” nace con el objeto de establecer, de manera coordinada y programada, la actuación del Ministerio de Justicia, con vocación de transformar la Administración de Justicia en el inmediato más próximo de los cuatro próximos años y sentar las bases que permitan un proceso continuo de transformación que culmine en el año 2030. Finalmente, uno de los bloques esenciales del plan es precisamente el acceso a la justicia. De forma muy resumida se pretende asegurar a cada persona el acceso sencillo a la justicia mediante una modernización del lenguaje jurídico que permita una mejor comprensión del mismo, la accesibilidad digital, así como la justicia 24/7.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Chile en su última cuenta pública presentó una iniciativa para crear un Servicio Nacional y un Plan Nacional de Acceso a la Justicia, en el que cuentan con el acompañamiento de EUROsociAL ¿Cuál es el objetivo de este Servicio y del Plan Nacional de Acceso a la Justicia?

Hernán Larraín: El Plan Nacional de Acceso a la Justicia constituye uno de los dos ejes que sirven de marco a los lineamientos de política pública en la materia, y que han sido implementados a partir de esta Administración. Esta iniciativa surge considerando los diagnósticos previos y la labor desarrollada hasta la fecha con los servicios públicos destinados a otorgar asistencia jurídica a la población más vulnerable y defensa especializada a grupos prioritarios, considerando además la asistencia técnica otorgada por EUROsociAL para el diagnóstico de situación, diseño y puesta en marcha. En este contexto, nuestro desafío consiste en el diseño y elaboración de un Plan Nacional de Acceso a la Justicia, capaz de dar articulación y coordinación a los actores públicos y privados que son parte del sistema de acceso a la justicia, posicionando al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos como el referente técnico y político a cargo de su conducción. En coherencia con el plan, está también presente el anhelo de generar un Servicio Nacional de Acceso a la Justicia, que, unto con perfeccionar la coordinación y el otorgamiento de las prestaciones destinadas a la promoción de derechos, la prevención de conflictos, la orientación y asesoría en derecho, la solución colaborativa de conflictos y el patrocinio judicial en distintos ámbitos, permita a su vez otorgar especial protección y defensa de las personas pertenecientes a grupos vulnerables, y particularmente a quienes son víctimas de delitos. Ello supone no solo prestaciones de carácter jurídico, sino también componentes psicosociales que promuevan una atención integral e interdisciplinaria, de manera profesional y gratuita para quienes no tengan la capacidad de proveerse asistencia por sí.

Una de las consecuencias más graves de esta pandemia es la crisis económica y los efectos derivados de la misma ¿Cómo se puede contribuir desde la justicia a la dinamización y  reactivación de la actividad económica?

Juan Carlos Campo: La Justicia debe dar respuesta a los problemas sociales, y es indudable que las crisis económicas son un problema de primer orden. El problema es especialmente sensible en los juzgados de lo social, competentes para la resolución de los problemas de los trabajadores, y los juzgados de lo mercantil, competentes para la resolución de los procedimientos de insolvencia empresarial. También en los juzgados de Primera Instancia, que deberán afrontar los concursos de acreedores de las personas físicas no empresarias. En esta situación, la Administración de Justicia debe aportar seguridad jurídica y celeridad. Este tipo de procesos debe resolverse en un periodo razonable y dando una respuesta lo más unívoca posible ante situaciones similares. La seguridad jurídica incentiva la inversión y ayuda a la economía. El Ministerio de Justicia ha puesto en marcha un ambicioso proyecto de refuerzo de la jurisdicción social y de los órganos mercantiles para evitar que el previsible incremento de litigación implique un inasumible retraso en la solución de los litigios. También se está preparando un anteproyecto de ley de justicia sostenible, que se remitirá al Parlamento en las próximas semanas y que entre otras medidas incluye el fomento de las medidas adecuadas de resolución de conflictos, fomentando las soluciones negociadas y extrajudiciales.

Hernán Larraín: Existen distintos planos en los que nuestro sector puede realizar significativos aportes. En nuestro caso, estimo que las iniciativas legislativas destinadas a la oportuna resolución judicial de los conflictos no solo contribuyen a una sociedad más justa, sino también a una convivencia nacional pacífica, la cual es esencial si queremos superar los conflictos que nos afectan, cuya base está en las diferencias, desigualdades y desencuentros a nivel familiar, laboral y vecinal. Por ello, la justicia es esencial para la cohesión social y la reconstrucción de las confianzas en la comunidad. Por otra parte, existen ejemplos puntuales en que nuestra actuación también colabora a la reactivación económica, cuando somos capaces de garantizar el cumplimiento de los derechos. En esta línea, nuestro país, además de los diferentes beneficios sociales y económicos implementados desde el Gobierno, y como otros de la región, permitió la disposición de un porcentaje de los fondos previsionales de los trabajadores, para promover el consumo y la satisfacción de necesidades esenciales que no pudieron ser cubiertas por la pérdida o rebaja significativa de los ingresos. En este orden, nuestro ministerio fue esencial para que una norma de este tipo permita asegurar con estos fondos el pago de las pensiones alimenticias adeudadas, lo que generó un fuerte impacto, pues lamentablemente son muchos los casos en que las personas evaden este tipo de obligaciones básicas respecto de sus hijos, y era vital resguardar por ley sus derechos e intereses.

La pandemia ha puesto de manifiesto la necesidad de promover el uso de medios digitales para mejorar de forma rápida y eficaz el acceso a la justicia ¿Cómo está la justicia europea, la española y la chilena en cuanto a Agenda Digital?

Juan Carlos Campo: La Comisión Europea ha fijado como prioridad para el periodo 2019-2024 la de alcanzar “una Europa adaptada a la era digital”. El Consejo de Europa, en sus conclusiones del 9 de junio de 2020 sobre la configuración del futuro digital de Europa, reconoce que la digitalización de los sistemas judiciales de los Estados miembros puede facilitar y mejorar el acceso a la justicia en toda la UE. En este sentido se están emprendiendo acciones y estudios específicos destinados a fomentar el uso de tecnologías innovadoras en el ámbito de la Justicia y la digitalización. Entre otros, recientemente se ha llevado a cabo un estudio en el que se realiza un análisis de los proyectos existentes a nivel de los Estados miembros en los que se emplea el uso de tecnologías innovadoras (IA, Blockchain, etc.) como medio para la mejora de la Justicia. En la actualidad se está trabajando en el borrador de conclusiones sobre “Acceso a la Justicia y digitalización a nivel europeo”.

Como resultado de acciones concretas tendentes a la digitalización de la Justicia encontramos el portal europeo de Justicia electrónica (Portal e-Justice), mediante el cual se facilita el acceso a la información en materia de justicia a los ciudadanos con relación a procedimientos, autoridades judiciales, profesionales, operadores jurídicos y legislación. El portal también facilita el acceso a la información en caso de procesos judiciales y extrajudiciales en situaciones transfronterizas. Para mejorar la comunicación entre las autoridades judiciales europeas se trabaja en la creación de herramientas de comunicación directa que permitan una cooperación jurídica internacional rápida y eficaz —proyectos como e-Codex o e-Evidence—, así como de herramientas tecnológicas de cooperación entre las autoridades judiciales tales como ECRIS —para el intercambio de antecedentes penales entre los distintos Estados miembros—. En todas estas actividades el Ministerio de Justicia español participa activamente.

A nivel nacional, y en línea con la UE, la transformación digital de la Justicia es una prioridad para el Ministerio. La implementación de la Agenda Digital pretende mejorar la calidad y la eficiencia de los servicios públicos de la Justicia, a través de las TIC. Son destacables algunos avances tecnológicos alcanzados en este sentido; el sistema LexNET —que ha supuesto el paso definitivo hacia el expediente judicial electrónico—, el portal de Subastas Judiciales Electrónicas —que permite la licitación de forma telemática por cualquier interesado independientemente de su ubicación geográfica—, el Sistema de Registros Judiciales (SIRAJ) o la interconexión con bases de datos de otras Administraciones a través del Punto Neutro Judicial son claros ejemplos del proceso de digitalización en el que estamos inmersos. El principal reto ante el que
nos encontramos tanto a nivel europeo como nacional reside en la diversidad de sistemas de información y de gestión procesal que operan en el ámbito de la Administración de Justicia. Es preciso tender a la interoperabilidad e interconexión entre los distintos sistemas de información, servicios digitales y herramientas tecnológicas del sector Justicia que operan en todo el territorio nacional, y a su vez, alcanzar su conexión a través de plataformas interoperables y seguras con los sistemas europeos. Otro elemento a tener en cuenta es el desafío que supone la necesaria adaptación de los sistemas de información, servicios digitales y herramientas tecnológicas a la actual regulación sobre protección de datos. En ambos casos se está trabajando enérgicamente, tanto a nivel legislativo como tecnológico, para lograr su consecución con todas las garantías.

Merece destacarse aquí la importante labor que realiza el Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica, órgano con importantes competencias destinadas a favorecer la compatibilidad y a asegurar la interoperabilidad de los sistemas y aplicaciones empleados en la Administración de Justicia, así como para asegurar la cooperación entre las distintas Administraciones.

Hernán Larraín: Chile cuenta con una Agenda Digital 2020, que se estructura en base a cinco ejes: Derechos para el Desarrollo Digital, Conectividad Digital, Gobierno Digital, Economía Digital y Competencias Digitales. Cada uno de ellos establece lineamientos estratégicos que se materializan en más de sesenta medidas que, por supuesto, presentan distintos niveles y alcances. En el eje conocido como Derechos para el Desarrollo Digital se contempla la adecuación del marco normativo vigente a nuevos fenómenos sociales de participación de la población frente al desarrollo de las tecnologías de información y comunicación.

En cuanto al impacto de los medios digitales en la Justicia, es importante señalar que desde el año 2016, nuestro país cuenta con una ley de tramitación electrónica que establece principios generales para la tramitación de los procesos judiciales y el uso obligatorio del sistema informático para el respaldo y conservación de las resoluciones y actuaciones procesales. Sin perjuicio de lo anterior, la realización de audiencias mediante medios telemáticos constituyó una innovación impuesta producto de la pandemia, la cual esperamos pueda permanecer mientras transitemos hacia la normalización de la actividad judicial, y de ser necesario, incluso con posterioridad a ella, pues a la fecha ha permitido la materialización de la labor jurisdiccional, posibilitando el acceso a la justicia de los ciudadanos.

¿Qué valor añadido cree que tiene un programa como EUROsociAL, que promueve el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre instituciones homólogas, de cara a reforzar el diálogo birregional en un ámbito tan importante como la justicia?

Juan Carlos Campo: Desde el Ministerio de Justicia —y también desde el resto de instituciones del sector de la Justicia en España, como el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado— trabajamos con multitud de programas de cooperación financiados por la UE que tienen por objeto el intercambio de experiencias entre instituciones euro–latinoamericanas. La peculiaridad de EUROsociAL estriba en que, al contrario que la mayoría de esos programas, no se centra en las actividades más “tradicionales” de la cooperación internacional en materia de Justicia, como son la lucha contra el crimen organizado, el terrorismo o la corrupción. En esas materias Europa y Latinoamérica ya están alineadas en el fortalecimiento de un Estado de derecho sólido que tutele la seguridad jurídica y la libertad de sus ciudadanos. EUROsociAL, sin embargo, interpela a Europa y a América Latina —y también, lógicamente, a las instituciones participantes— desde la perspectiva de la cohesión social, reclamando un desplazamiento del foco de atención de las Administraciones hacia políticas públicas que busquen una gobernanza más democrática y transparente, la reducción de las desigualdades y el desarrollo de las capacidades de la ciudadanía. De esa forma, el valor añadido de EUROSOCIAL en el marco de esa visión euro-latinoamericana de la Justicia es plantear un giro en la postura que la Justicia —como sector, como suma de instituciones, como marco de diálogo incluso— adopta hacia la ciudadanía, convirtiéndose en un servicio público orientado al cumplimiento de las metas del ODS 16.

Hernán Larraín: El diálogo entre nuestras regiones tiene especial importancia, tanto por su historia como proyección. Es decir, sumado al diálogo interamericano, nuestra relación de apoyo recíproco con la Unión Europea tiene una gran relevancia en la actualidad, de cara a la pandemia y a otros desafíos globales, y en el caso concreto de Chile, tomando en cuenta que nos encontramos en plena negociación un Acuerdo de Asociación 2.0 entre Chile y la Unión Europea. Dicho lo anterior, EUROsociAL ha sido un catalizador de mayores sinergias y trabajo conjunto. Es decir, su aporte ha sido sustantivo, dando mayor envergadura al diálogo birregional, aportando en el desarrollo de políticas públicas sectoriales cuya maduración desafían, tanto a nuestra Región como a Chile. Como sostuve anteriormente, la pandemia relevó diversas dimensiones, y la cooperación internacional es una de ellas. Nutrir nuestras políticas públicas internas con experiencias foráneas resulta de toda lógica, considerando que un problema global como la COVID-19 no conoce fronteras y demanda esfuerzos mancomunados y coordinados. Considerando el alto impacto del sector Justicia en la población y por estar indexada la Justicia a la esencia de la función estatal, es que la asistencia técnica y el acompañamiento de un programa como EUROsociAL se torna de especial valía por la naturaleza de los bienes públicos en que colabora.

Pais: Región América Latina, Región Unión Europea
ODS: Paz, justicia e instituciones sólidas
Área de Políticas: Políticas de Gobernanza Democrática
Tipo: Entrevista

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