Artículo de Emmanuele Massagli, profesor de la Universidad de Bérgamo
A raíz de la crisis económica, la falta de empleo se ha convertido en un tema central en el debate político e institucional. Su efecto más persistente en el tiempo ha sido un brusco aumento del desempleo, sobre todo del desempleo juvenil, que ha hecho necesario diseñar estrategias e intervenciones destinadas a aumentar la ocupación, pero también a facilitar la transición entre la educación y el trabajo. La duración de estas transiciones se ha alargado mucho durante la crisis, lo que confirma que el ingreso de los jóvenes en el mercado laboral está más condicionado por la calidad de la formación recibida que por los mecanismos regulatorios de los contratos de trabajo.
Los datos recogidos en los últimos años por los principales centros de investigación nacionales e internacionales muestran las graves consecuencias generadas por la crisis económica a ambos lados del Atlántico. Mientras que el desempleo juvenil promedio para la región de América Latina y el Caribe es del 19,5%, en los países europeos este indicador la cifra se sitúa en el 16,9%, llegando incluso al 29% si se considera solamente el sur de Europa. Aunque es cierto que estos datos pueden variar mucho entre los diferentes Estados, todos los países tienen en común la preocupación por el futuro ocupacional de los jóvenes, a menudo atrapados en peligrosas dinámicas de discontinuidad ocupacional, e incluso de desmotivación, que se traducen en inactividad.
Si bien la primera preocupación política es disminuir la tasa de desempleo juvenil, no hay que infravalorar las alarmantes estadísticas sobre la cantidad de jóvenes que, una vez que han entrado en el mercado de trabajo, se ven involucrados en experiencias calificadas internacionalmente como “poco dignas”. Los estudios recientes de la OCDE y de la OIT ponen de manifiesto que los jóvenes conforman uno de los segmentos que presenta mayores déficits de trabajo decente, ya que muestran una tasa de precariedad un 30% más alta que la de los adultos.
Además, los ya de por sí frágiles fundamentos en los que se basa el mercado de trabajo juvenil hoy en día también tienen que hacer frente a los cambios tecnológicos disruptivos y generalizados que algunos autores han denominado “Cuarta Revolución Industrial”. Estos cambios impactan de manera particular en el derecho, en la organización del trabajo, en las competencias y en los conocimientos y habilidades de los trabajadores, siendo su impacto todavía mayor para aquellos que están entrando en el mercado laboral. La nueva transformación que está viviendo el mundo occidental está destinada a cuestionar las certezas tradicionales de los sistemas formativos y de las técnicas clásicas de colocación. En este sentido, se da la paradoja de que, a pesar de las altas tasas de desempleo, muchas empresas tienen dificultades para encontrar mano de obra cualificada de acuerdo con los perfiles que demandan.
Esta situación tiene costos sociales y financieros muy elevados: hay que tener en cuenta tanto las consecuencias económicas directas (mayor gasto en subsidios, menores ingresos fiscales, menos consumos, emigración) como también las indirectas (exclusión social, violencia, inseguridad). Puesto que se trata en todos los casos de factores que afectan a la cohesión social y al desarrollo económico de los Estados europeos y de ALC, los gobiernos de ambas regiones han situado esta cuestión como un problema prioritario
Tanto en ALC como en Europa, los intentos de ofrecer una respuesta a la crisis ocupacional se han caracterizado por un renovado interés hacia el contrato para la formación y el aprendizaje y hacia la formación profesional. Este es un dato de particular interés si consideramos la marcada heterogeneidad geográfica, política y económica que existe entre los dos continentes, y muestra claramente por dónde pasa el futuro de la formación y el empleo. Muchos gobiernos han introducido, o potenciado, procesos de formación dual con el objetivo explícito de acercar dos mundos (educación y trabajo) que por un prejuicio cultural se han mantenido separados. Esta dualidad (que cuando se realiza de manera completa se convierte en un círculo) tiene que concebirse como un método pedagógico capaz de garantizar la formación integral de la persona, y también como una política para aumentar la ocupación juvenil.
En la coyuntura actual, la innovación tecnológica y el mercado de trabajo exigen una valorización renovada de los procesos formativos duales. Las realidades productivas perciben el contrato para la formación y el aprendizaje como un dispositivo que permite incrementar las tasas de ocupación juvenil y facilita el rejuvenecimiento de la mano de obra, aumentando la competitividad gracias a la introducción de nuevas competencias y capacidades que no están cubiertas por los canales de formación tradicionales. Los procesos duales colocan al estudiante en el centro del cambio, del que es objeto pero también autor, pues quien conoce los procesos productivos tanto desde el punto de vista teórico como práctico tiene más posibilidades de generar innovación. La formación dual permite la transmisión de conocimientos específicos de un determinado contexto productivo: cuando terminan el proceso, los aprendices no solo tienen que “conocer” el trabajo, sino que también tienen que “saber” trabajar.
