Por Andrea Carlo Monaco, área de Políticas Sociales, Programa de la Unión Europea EUROsociAL+
La emergencia sociosanitaria debida a la difusión de la COVID-19 ha puesto de manifiesto la importancia de contar con sistemas de cuidados de larga duración eficientes tanto en Europa como en América Latina, donde este sector es aún incipiente.
Cuando se habla de sistemas de cuidados a personas que no pueden desarrollar autónomamente algunas actividades básicas se hace referencia a varios tipos de servicios prestados por un actor público a nivel central o local, en muchas ocasiones en colaboración con entidades privadas o de la sociedad civil. Estos servicios pueden ser centros de larga estadía o residenciales, servicios a domicilio, servicios comunitarios, centros de día, teleasistencia, etc. A estos servicios formales se tienen que añadir los trabajos de cuidados que se realizan de forma no profesional en el hogar, sea por familiares no remunerados de la misma persona cuidada, sea por trabajadores informales o precarios. La mayoría de las personas que se dedican a estas tareas son mujeres.
Tanto en Europa como en América Latina los servicios de cuidado se han visto muy afectados por la crisis pandémica: por un lado, los centros residenciales han sido fuertemente azotados por la enfermedad y muerte de tantos ancianos. De acuerdo con el informe del International Long Term Care Policy Network de abril 2020 de la London School of Economics, en muchos países (por ejemplo Bélgica, Francia, España, Italia, etc.) la mitad de los casos de fallecimiento por COVID-19 se ha manifestado en las residencias para ancianos. Por otro lado, muchos servicios de atención a domicilio, servicios comunitarios y centros de días se han cerrado o se han tenido que reducir por los riesgos de contagio, dejando de hecho en mano a las mujeres familiares, confinadas en casa, estas tareas, sin apoyo externo o actividades de respiro. Finalmente, muchos cuidadores y cuidadoras informales o precarios han quedado repentinamente sin trabajo y sin la posibilidad de recurrir a los incentivos y apoyos públicos para complementar sus ingresos.
Resumiendo, uno de los primeros efectos de la crisis sociosanitaria y, lamentablemente, también una de las más importantes tiene que ver con la dura prueba que han debido enfrentar los sistemas de cuidados.
Desde luego los más afectados han sido los usuarios de estos servicios. Su mayor exposición al contagio y al riesgo de desarrollar sintomatologías graves se ha visto agravada por la falta o el debilitamiento de la asistencia precisamente en el momento en que era más necesario. Recordemos también, en este contexto, los miles de personas que han muerto y siguen muriendo solas, sin siquiera poder contar con la presencia y acompañamiento de familiares y cuidadores, quienes no pueden acercarse a las UCI u otros lugares de atención como medida preventiva del contagio.
En segundo lugar, la crisis ha tenido un impacto negativo en las familias y en todo el sector del trabajo asociado al cuidado, representado en su mayoría por mujeres y en muchos casos mujeres migrantes, empeorando de hecho sus condiciones ya difíciles.
En tercer lugar, las estructuras y las personas han sufridos serios reveses y una condición de estrés prolongado, debiendo afrontar situaciones dramáticas por encima de sus capacidades y que, en varios, casos, han llevado a verdaderos colapsos (sin considerar la emergencia de tantos servicios privados irregulares y sin control de estándares mínimos de funcionamiento).
Así las cosas, contar con sistemas públicos de cuidado de larga duración amplios (cobertura), regulados y con personal bien formado (calidad) ha aflorado como una de las principales lecciones de la emergencia causada por la COVID-19. Dar este ese paso y, por tanto, invertir en los cuidados, es un elemento importante en la lucha contra la pandemia actual y para prepararse ante otras eventuales futuras. Los cuidados constituyen un punto de articulación entre la familia y el sistema sanitario y asumen a menudo el carácter de servicios sociosanitarios, permitiendo aliviar la carga de hospitales y otros centros de salud. Sumado a lo anterior, como es sabido, la expansión de los sistemas de cuidado contribuye a generar mayores oportunidades de inserción laborales de las mujeres, lo que inicia con la profesionalización y la transformación en empleos decentes de los trabajos informales actuales. Más allá de su valor instrumental, en todo caso, la inversión en los cuidados refleja también un imperativo desde el punto de vista de la exigibilidad del derecho a ser cuidados.
Los avances de las políticas públicas de cuidado son muy diferenciados tanto al interior de Europa como de América Latina. En la Unión Europea ya antes de la pandemia se habían dado hitos de cierta importancia para el sector del cuidado de larga duración. En particular, en 2017, el Pilar Europeo de Derechos Sociales [1] había sancionado que “toda persona tiene derecho a cuidados de larga duración asequibles y de buena calidad, en particular de asistencia a domicilio y servicios comunitarios” (principio 18).
Este reconocimiento se impone de algún modo también a raíz del envejecimiento sostenido de la población europea, que ya en 2017 contaba con un 19,4% de personas con más de 65 años y con previsiones de llegar a un 22,3% de la población con más de 80 años hacia el 2070 (The Ageing Report, 2018). A esto se añaden unos profundos cambios sociales y del mercado laboral que afortunadamente imponen abandonar el viejo paradigma del sistema de bienestar por el cual el hombre ganaba un salario para toda la familia y la mujer desempeñaba las tareas de cuidado.
Volviendo al derecho consagrado por el Pilar Europeo, se evidencia una importante tendencia, o sea la reorganización de los sistemas en torno al cuidado domiciliar y los servicios comunitarios como alternativa a los servicios residenciales, más costosos, menos idóneos desde el punto de vista de la calidad de vida y, además, en número necesariamente corto ante el aumento constante de la demanda.
En 2018, el peer review “Desafíos del cuidado de larga duración”, realizado por el European Social Policy Network (ESPN), constatando y analizando la diversidad de sistemas y enfoques a nivel europeo, ha remarcado las 4 principales limitaciones que los Estados Miembro deberían encarar para avanzar hacia el cumplimiento del principio 18 del Pilar Social: 1. la insuficiente provisión de servicios formales para cubrir todas las necesidades; 2. la calidad de los servicios aún no definida según estándares europeos; 3. el mercado del trabajo asociado aún caracterizado por una gran informalidad, precariedad y no profesionalización; 4. la inadecuada financiación de estos sistemas.
Pasando ahora a América Latina, si bien el nivel de desarrollo de los sistemas de cuidado no se compara al europeo, la presencia de servicios de atención a la dependencia será cada vez más apremiante en los próximos años. Se trata de una necesidad asociada a la maduración de la conciencia ciudadana, que rechaza el tradicional abandono de la familia en este ámbito por parte de los poderes públicos, pero también al cambio demográfico. Según la CEPAL (Panorama Social 2017), el número de personas de 60 años o más de la región superará por primera vez el de niños, niñas y adolescentes menores de 15 años cerca de 2036 y seguirá creciendo hasta 2080. Además, crecerá el porcentaje de personas con más de 80 años, quienes son las personas que más probablemente necesitarán algún tipo de apoyo o cuidado. Junto a ello, la región experimenta un importante descenso de la oferta informal de estos servicios – que como se ha anotado han estado siempre a cargo de las mujeres de las familias – debido a la reducción del tamaño de los hogares y la creciente participación laboral de las mujeres.
Algunos países como Uruguay y Chile en la última década han avanzado en la construcción de sistemas integrales de cuidado como parte fundamental de sus sistemas de protección social. Dicha construcción se ha dado con el objetivo de generar un modelo de responsabilidad compartida – entre familias, Estado, comunidad y mercado – de tareas tradicionalmente asumidas en la esfera privada. Este esfuerzo se ha traducido en la estructuración de una nueva oferta adecuada a las necesidades de la población, en una mejor articulación entre servicios existentes, en proyectos para la formalización y profesionalización de este trabajo, etc. Otros países de América Latina también están moviéndose en esta dirección, quizás de forma más lenta, pero sí alimentando la reflexión y el debate a nivel nacional sobre la necesidad e inevitabilidad de fortalecer la atención a las personas con dependencia.
La crisis originada en la pandemia del Covid-19 tal vez sirva como acelerador de estos procesos porque está poniendo de manifiesto no sólo la injusta organización social de los cuidados sino también el rol crucial de los sistemas tanto para enfrentar y mitigar los efectos de la crisis como para generar resiliencia. Históricamente (mal)entendidos como un asunto familiar (salvo para las situaciones abiertamente ‘médico-sanitarias’), los cuidados van apareciendo a todas luces como una herramienta clave de políticas sociales a la altura de los tiempos. Esta expresión – a la altura de los tiempos – alude no sólo al concepto de resiliencia, sino también a la superación de las discriminaciones de género y de las desigualdades sociales asociadas a los atrasos históricos del sector del cuidado.
Es precisamente en este horizonte político y valórico que el Programa de la Unión Europea EUROsociAL+, junto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia Francesa de Desarrollo están acompañando el desarrollo de los sistemas de cuidado en América Latina. El próximo objetivo, de acuerdo con el mandato recibido por varios países, es la conformación de una Red Regional sobre políticas de cuidado, con la cual se desarrollarán acciones colaborativas entre países e intercambios de buenas prácticas y experiencias en la región y también con la Unión Europea.
[1] Pilar Europeo de los Derechos Sociales: documento de principios de la UE para orientar una respuesta a las crisis sociales determinadas a partir de una recesión económica de 2008 nunca realmente recuperada, altos niveles de desempleo y pérdida de confianza en el proyecto de construcción europea.
Bibliografía
2017, Pilar Europeo de los Derechos Sociales
2018, The Ageing Report
ESPN 2018, Challenges of Long Term Care in Europe
CEPAL 2017, Panorama social de América Latina y Caribe
Comas-Herrera A, Zalakain J, Litwin C, Hsu AT, Lane N and Fernandez J-L (2020) Mortality associated with COVID-19 outbreaks in care homes: early international evidence. Article in LTCcovid.org, International LongTerm Care Policy Network, CPEC-LSE, 26 April 2020.
