Del 26 de mayo al 11 de junio de 2022, Francia ensalza a Latinoamérica y el Caribe. Con más de 300 eventos culturales, científicos, políticos, económicos y festivos organizados en formato tanto presencial como virtual, la novena edición de la Semana de América Latina y el Caribe (#SALC2022) muestra la diversidad de las relaciones, las del pasado y las actuales, que ha ido tejiendo esta región del mundo con Francia y brinda a los franceses la oportunidad de conocerla mejor.

El Programa EUROsociAL+, a través de su área de Políticas de Igualdad de Género coordinada por Expertise France, participa en esta serie de actividades con un seminario sobre las acciones en materia de autonomía económica y nuevas tecnologías, bajo el título ¿Qué cooperación innovadora para mejorar la cohesión social?

El 1 de junio de 2022 en el marco de la acción de apoyo del Programa de la Unión Europea EUROsociAL+ al Ministerio de Trabajo de Uruguay para el diseño e implementación del Plan Integral de Promoción del Empleo se desarrolló el Seminario DESAFÍOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO EN UN ESCENARIO DE POST PANDEMIA con la intención de conocer experiencias y aprendizajes de algunos países latinoamericanos y europeos sobre cómo se conecta la prospectiva del mercado laboral con los servicios de orientación que se brindan a usuarios de los servicios públicos de empleo y de qué manera la población más vulnerable puede acceder a los servicios de empleo cuando se cuenta con barreras de acceso a las tecnologías de información.

Daniel Pérez, Director Nacional de Empleo de Uruguay abrió el Seminario para dar lugar a la presentación de buenas prácticas de Europa y América Latina. En la primera Mesa temática sobre La prospectiva laboral al servicio de la orientación de las/los usuarios/as en los servicios públicos de empleo expusieron sus políticas la Sra. Angi Velásquez, Directora de la Unidad del Servicio Público de Empleo de Colombia y el Sr. Sébastien Rafaneau, Director de la agencia Pôle Emploi en La Rochelle, suroeste de Francia. A continuación, en la segunda Mesa temática sobre El vínculo de la población vulnerable y las tecnologías de la información para acceder a los servicios públicos de empleo, presentaron sus políticas la Sra. Lucía Tardani, Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro de Italia y el Sr. Ernesto Philipp, Director Nacional de Promoción y Protección del Empleo de Argentina. Para el cierre fueron convocados el Sr. Paolo Berizzi Embajador de la Unión Europea en Uruguay y el Sr. Pablo Mieres, Ministro de Trabajo y Seguridad Social de Uruguay.

En el Seminario participaron funcionarios de distintos organismos de Uruguay (INEFOL, INAU, MIDES, INMUJERES, INACOOP, CONADIS, AUCI), de distintas intendencias (Cerro Largo, Maldonado, Montevideo, Paysandú) así como también de OIT Cinterfor y de la Oficina Cono Sur de la OIT.

Con esta actividad se cierra un importante itinerario de apoyo al gobierno para el diseño e implementación del Plan Integral de Promoción del Empleo. Esta política se ha visto complementada con la aprobación en 2021 de la ley que brinda soporte jurídico a las acciones del PIPE.

La crisis humanitaria que sufren los centros penitenciarios de América Latina se caracteriza por la presencia de violencia (torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes), a la que se suman las condiciones precarias de salud y alimentación, la ausencia de medidas específicas para la protección de grupos en situación de vulnerabilidad y el alto nivel de hacinamiento. Esta situación se ha visto agravada por la emergencia sanitaria por la pandemia derivada del virus COVID-19.

En el diagnóstico regional previo se concluyó que en el caso de Chile existen dificultades para visibilizar los casos de violencia institucional carcelaria y para que las personas víctimas obtengan una reparación o reconocimiento de su situación.

Desde la Defensa Penal Pública de Chile con el apoyo del Programa EUROsociAL+ de la Unión Europea se ha diseñado un Sistema de Registro, Comunicación y Atención Integral a Víctimas de Violencia Institucional Carcelaria (SIRCAIVI), con el objetivo de identificar, registrar y prestar una asistencia integral a las víctimas de violencia institucional carcelaria y a sus familiares.

Este sistema, que se está implementando en tres países de la región: Argentina, Costa Rica, y Chile, trata de saldar una deuda histórica con las personas privadas de libertad en cuanto a malos tratos y torturas en los centros penitenciarios con una política pública concreta para lo cual se ha articulado un esfuerzo por parte de varias instituciones del Estado chileno, a través de la constitución de Mesa de diálogo y actuación intersectorial (MEDAI).

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La COVID-19 y el sistema penitenciario: acciones en América Latina desde una agenda global

Durante el COVID-19, las residencias para personas adultas mayores (RPM) adoptaron protocolos y medidas excepcionales para responder a la situación pandémica. Esto ha implicado un mayor nivel de vinculación y coordinación entre los responsables de las RPM, las autoridades sanitarias locales y el Ministerio de Salud, a fin de ajustar criterios de actuación según las recomendaciones oficiales.

La Dirección de la Persona Adulta y Mayor del Ministerio de Salud de Argentina viene trabajando en un nuevo marco normativo para la residencias para personas mayores con el apoyo del Programa EUROsociAL+.

El 7 de mayo se realizó el Seminario Residencias de personas mayores y primer nivel de atención: una articulación indispensable dirigido a todo el personal de atención primaria de salud de Argentina organizado por la DiPAM y APS con la presencia de la experta EUROsociAL+ Lourdes Bermejo.

La actividad coincide con los lineamientos propuestos para la Década de Envejecimiento Saludable 2020-2030 y se suma a la estrategia que busca avanzar en el diseño de políticas de salud pública, así como la gestión de los recursos humanos, materiales y financieros, orientadas a fomentar las capacidades funcionales de las personas, sus familias y sus comunidades.

La crisis humanitaria que sufren los centros penitenciarios de América Latina se caracteriza por la presencia de violencia (torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes), a la que se suman las condiciones precarias de salud y alimentación, la ausencia de medidas específicas para la protección de grupos en situación de vulnerabilidad y el alto nivel de hacinamiento. Esta situación se ha visto más agravada aún por la emergencia sanitaria por el virus COVID-19.

En el diagnóstico regional previo se concluyó que en el caso de Argentina existen dificultades para visibilizar los casos de violencia institucional carcelaria y para que las personas víctimas obtengan una reparación o reconocimiento de su situación.

Desde el Ministerio Público de la Defensa con el apoyo del Programa EUROsociAL de la Unión Europea se ha diseñado un Sistema de Registro, Comunicación y Atención Integral a Víctimas de Violencia Institucional Carcelaria (SIRCAIVI), con el objetivo de identificar, registrar y prestar una asistencia integral a las víctimas de violencia institucional carcelaria y a sus familiares.

Este sistema, que se está implementando en tres países de la región: Argentina, Chile y Costa Rica, trata de saldar una deuda histórica con las personas privadas de libertad en cuanto a malos tratos y torturas en los centros penitenciarios con una política pública concreta para lo cual se ha articulado un esfuerzo por parte de varias instituciones del Estado argentino, a través de la constitución de la Red Interinstitucional contra la Violencia Institucional-Mesa de diálogo y actuación intersectorial (Red-MEDAI).

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La COVID-19 y el sistema penitenciario: acciones en América Latina desde una agenda global

El mensaje central del seminario es que no es suficiente la capacidad de acción actual de las políticas activas de empleo. Se requiere una fuerte inversión y mucha innovación para que puedan tener impacto en el empleo.

¿Cómo facilitar el acceso, la permanencia y la movilidad en mercados caracterizados por la inestabilidad? ¿Cómo actuar de manera preventiva o no sólo reparadora o compensadora? ¿Cómo las políticas de empleo pueden acompañar los procesos de desarrollo productivo territoriales y sectoriales?

Reconociendo la función crucial del “diálogo social” para encontrar soluciones a los nuevos desafíos planteados por los cambios en el mundo del trabajo, el Seminario se abocará a analizar dos innovaciones clave: la articulación de las políticas de empleo (y de sus instrumentos) con las empresas, en una lógica de alianzas público- privadas; y el desarrollo de nuevas capacidades profesionales en los ámbitos de la economía “verde” y la digitalización, para que las personas – especialmente jóvenes, mujeres y trabajadores/as informales – puedan aprovechar este gran reservorio de oportunidades.

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I. Objetivo general
Generar un espacio de diálogo que convoque a un amplio grupo de actores – sector público, empresas, trabajadores, academia, jóvenes y organizaciones de la sociedad civil – respecto de las prioridades de acción de las políticas de empleo para acompañar los procesos de recuperación económica, en un contexto de transformaciones profundas que está viviendo el mundo del trabajo.

El Seminario pretende contribuir al necesario diálogo entre los distintos actores de la sociedad para avanzar
en la reflexión sobre una organización sistémica de los cuidados que sea sostenible y se sustente en los
principios de universalidad, solidaridad, autonomía y corresponsabilidad social.

El seminario es parte de la iniciativa EUROsociAL: Plaza de la innovación y la cohesión social. Las políticas sociales ante las transiciones globales, dedicada a los desafíos de innovación de las políticas sociales para desempeñar un rol activo en la (i) transición ecológica, (ii) las transformaciones del mundo del trabajo y (iii) el desarrollo de sociedades del cuidado. La iniciativa pone a disposición recursos tales como seminarios euro-latinoamericanos, conversatorios de jóvenes, entrevistas a especialistas, textos y fichas, etc.

I. Objetivo general
Generar un espacio de diálogo y reflexión que convoque a los distintos actores políticos de los países
latinoamericanos, respecto de la importancia que tiene para el ejercicio de los derechos y la sostenibilidad del desarrollo, concebir los cuidados como un cuarto pilar integrado de los sistemas de bienestar social.

II. Objetivos específicos
• Relevar los fundamentos que sostienen la necesidad de instalar sistemas de cuidados, como una
agenda política relevante y prioritaria de los países latinoamericanos.
• Analizar los avances y limitaciones que han tenido los países que han realizado esfuerzos para
instalar sistemas de cuidado integrados en el marco de los sistemas de bienestar social y, a partir de
ello, identificar los desafíos de futuro de dicha agenda.
• Analizar los retos de la profesionalización de los servicios de cuidado como eslabón clave de una
política de desarrollo del sector, a partir del análisis comparativo de sus perfiles profesionales y
procesos de certificación de competencias en Europa y Latinoamérica.

El Seminario pretende contribuir al diálogo entre decisores públicos y con distintos actores de la sociedad para avanzar en la reflexión sobre un nuevo ciclo de políticas sociales que signifique nuevas respuestas y acciones para enfrentar los desafíos de justicia, equidad y cohesión social que requiere la transición ecológica.

Objetivo general
Generar un espacio de diálogo que convoque a un amplio grupo de actores – sector público, empresas, trabajadores, academia, jóvenes y organizaciones de la sociedad civil – respecto de la importancia de abordar la transición verde a partir de un nuevo pacto social que sostenga más y mejores políticas sociales para acompañar esta transición, enfrentar sus impactos negativos y aprovechar las oportunidades que se abren.

Los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) representan los estándares mínimos para gozar de una vida digna, que permiten que las personas puedan, por una parte, satisfacer sus necesidades básicas y, por la otra, desarrollar sus capacidades como integrantes de la sociedad. Entre ellos se encuentran los derechos relacionados con el trabajo, la salud, la educación, la seguridad social, la vivienda, el agua, la alimentación, la educación, el ambiente, así como la protección de la familia, que desde enfoques diferenciados reconocen las necesidades específicas de las mujeres, niñas, niños y adolescentes, las personas adultas mayores, las personas con discapacidad y los pueblos indígenas, entre otros colectivos en situación de especial vulnerabilidad. En este marco, el Programa EUROsociAL+ de la Unión Europea está acompañando al Ministerio Público de la Defensa de Argentina (MPD) en un proyecto de fortalecimiento de su capacidad para responder, dentro de sus competencias y realidades, a las demandas de justicia en temas relacionados con los DESCA. El objetivo de este webinario es presentar a los defensores y defensoras públicas, instituciones y organizaciones de la sociedad civil de Argentina, la Guía de Buenas Prácticas en el abordaje de casos DESCA.

Desde que las mujeres ingresaran masivamente a la fuerza laboral, han tenido que lidiar con una serie de dificultades que han desafiado su capacidad para acceder y permanecer en el mercado de trabajo en igualdad de condiciones. Estos desafíos no han sido ajenos al personal femenino que integra las fuerzas policiales y cuerpos de seguridad de los Estados; pues, aun cuando su participación es generalizada y se encuentra formalmente garantizada, su presencia es relativamente reciente y limitada.

Si bien en la actualidad existe un conjunto de normas generales y especiales que protegen formalmente el derecho a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y que prohíben cualquier forma de discriminación, en la práctica las mujeres, especialmente aquellas que integran los cuerpos policiales, aún enfrentan una serie de retos vinculados a su género, los cuales limitan el ejercicio pleno de su derecho de participar y desarrollarse profesionalmente en estos espacios.

Desde el 2021, el área de Politicas de Igualdad de Género acompaña al Ministerio del Interior de Peru para la creación de un mecanismo de seguimiento y monitoreo del hostigamiento sexual al interior de la Policía Nacional del Perú.

Dentro de las actividades propuestas, se programó el presente intercambio de experiencias sobre buenas prácticas en la implementación de políticas y mecanismos orientados a reducir y eliminar las expresiones de discriminación y violencia basada en género dentro de las fuerzas policiales y cuerpos de seguridad, en particular el hostigamiento sexual.

Estarán presentes:

1. Fabiola Baca Moreno, Directora General de la Defensoría del Policía del Ministerio del Interior, Perú.
2. Stella Baracaldo Méndez, Asesora externa para los procesos de cualificación educativos de los actores de la Secretaria de Seguridad, convivencia y Justicia de la Secretaria de Seguridad, Convivencia y Justicia de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Colombia.
3. Carolina Justo von Lurzer, antigua Directora Nacional de Políticas de Género del Ministerio de Seguridad de la Nación de Argentina.
4. Anna Almécija Casannova, Criminóloga y Jurista, Agente de Igualdad. Experta en incorporación de la perspectiva de género en la seguridad. Profesora asociada en la Universidad Politécnica de Cataluña.
5. Katherine Herrera Aguilar, Politóloga e internacionalista miembro de la Red de Estudios Estratégicos sobre Seguridad y Defensa, Capítulo Ecuador.
6. Patricia Gómez, Vicedirectora del Posgrado de Actualización en Género y Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires e integrante del Observatorio de Género en la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina.