Por Simone Cecchini, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
América Latina es una de las regiones del mundo más golpeadas por la COVID-19, tanto en términos de contagios como de fallecimientos. Si bien todavía hay mucha incertidumbre respecto a qué difusión alcanzará la pandemia y a cuándo se logrará controlarla, es claro que los altos niveles de desprotección social y las múltiples desigualdades que caracterizan las sociedades latinoamericanas tienen una fuerte incidencia en esta preocupante situación.
En la región, antes de la pandemia, tres de cada diez latinoamericanos vivían en la pobreza y ocho de cada diez vivía con ingresos inferiores a tres veces la línea de pobreza, lo que hace que la población de la región sea muy vulnerable ante la pérdida de ingresos laborales. El 54% de los trabajadores pertenecían al sector informal y no contaban con un acceso adecuado a la protección social. Además, la región cuenta con débiles sistemas de salud, que en la mayoría de los casos están fragmentados e infrafinanciados, con importantes barreras para el acceso (CEPAL-OPS, 2020).
La pandemia ha tenido un impacto discriminado en diversos grupos de población y en su capacidad de respuesta. Las condiciones de hacinamiento, la falta de acceso a agua y saneamiento y la imposibilidad de trabajar desde el domicilio han aumentado el riesgo de infección de la población en situación de pobreza y vulnerabilidad. Asimismo, el riesgo de muerte es más grande entre la población más pobre y vulnerable por la mayor incidencia de condiciones preexistentes de salud como la obesidad, enfermedades pulmonares o cardiovasculares y diabetes, así como por carecer de acceso adecuado a la atención médica (CEPAL, 2020a).
Frente a este escenario, la protección social tiene un rol muy importante que jugar en el control de la pandemia garantizando niveles básicos de bienestar y acceso a diversos servicios sociales para la población. La crisis además nos deja dos importantes lecciones en relación con la protección social: i) la importancia, urgencia y factibilidad de incorporar a amplios sectores de la población excluida, especialmente los trabajadores informales, a sistemas universales de protección social; y ii) la necesidad de contar con sistemas de información social y registros de destinatarios amplios, actualizados e interconectados.
Para el 3 de julio de 2020, ante la caída abrupta de los ingresos de los trabajadores, especialmente de los informales, 30 países de la región habían adoptado 190 medidas de protección social no contributiva, tales como transferencias monetarias, transferencias en especie y el aseguramiento del suministro de servicios básicos para que los hogares más pobres, vulnerables y precarizados pudieran hacer frente a la pandemia. Las transferencias monetarias y en especie han llegado hasta esa fecha a alrededor de 69 millones de hogares o, lo que es lo mismo, 289 millones de personas —el 44% de la población regional—. El gasto previsto durante seis meses ascendería a 67.135 millones de dólares, alrededor del 1,3% del PIB de la región (CEPAL, 2020b). Asimismo, los países han adoptado medidas de protección social para los trabajadores formales destinadas a reducir la exposición al virus de los trabajadores y garantizar la continuidad de la actividad económica, así como a asegurar los ingresos y los puestos de trabajo (CEPAL, 2020a).
Una primera lección que nos deja la pandemia es la necesidad de contar con un sólido y amplio piso de protección social no contributiva para satisfacer necesidades básicas y sostener el consumo, como parte de un sistema universal de protección social. La promesa incumplida de acceso a la protección social vía mercado de trabajo en la región era evidente antes de la pandemia. Sin embargo, los recursos destinados a la protección social no contributiva no eran ingentes: en 2017, el gasto en programas de transferencias condicionadas, destinadas a familias pobres con niños, representaba el 0,37% del PIB, mientras que el gasto en pensiones sociales para adultos mayores y personas con discapacidad que no cuentan con una pensión contributiva suponía el 0,93% del PIB (Abramo, Cecchini y Morales, 2019). Con la pandemia, los países han sido capaces de implementar rápidamente transferencias monetarias de emergencia. En tan solo seis meses, el gasto adicional de emergencia en transferencias monetarias y en especie ha igualado el gasto anual conjunto en PTC y pensiones sociales. Muchos de los programas, como el Ingreso Familiar de Emergencia de Argentina, el Auxílio Emergencial de Brasil, el Ingreso Familiar de Emergencia de Chile o el Bono Proteger de Costa Rica, están especialmente dirigidos a los trabajadores informales, incluyendo así a un sector tradicionalmente excluido de la protección social.
La segunda lección nos enseña la importancia de contar con sólidos sistemas de información social y registros de destinatarios actualizados. En la medida en que se requiere incluir a los trabajadores informales y las clases medias en los sistemas de protección social y que crisis repentinas pueden sumir a millones de hogares en la pobreza, se hacen necesarios sistemas de información social que incorporen a amplios sectores de la población y que sean lo suficientemente flexibles y adaptables para su rápida actualización. En la actualidad, en algunos países los registros sociales tienen una amplia cobertura de la población, como es el caso en Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana o Uruguay, donde la cobertura poblacional del Sistema de Información Integrada del Área Social (SIIAS) es universal. Sin embargo, en otros países, como Bolivia, El Salvador o Haití, los registros incluyen a un porcentaje muy minoritario de la población. La información de los registros debe asimismo integrarse con otros datos administrativos, permitiendo cruces y rápida actualización de la información.
En conclusión, la pandemia nos ha enseñado que, si no se logra garantizar un nivel básico de ingresos a toda la población y no se cuenta con sólidos mecanismos operacionales para alcanzarla, las consecuencias pueden ser devastadoras, especialmente para los grupos sociales y etarios más vulnerables.
