Por Alejandra Mora Mora, secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la Organización de los Estados Americanos (OEA)
En la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) lo venimos diciendo con fuerza desde el primer día: la emergencia derivada de la COVID-19 está provocando impactos desproporcionados sobre la vida de las mujeres, no solo porque se profundizan las desigualdades ya existentes, sino también porque puede implicar retrocesos inadmisibles en cuanto a los derechos alcanzados. El llamado a permanecer en los hogares difundido mediante el hashtag #QuédateEnCasa tiene implicaciones muy distintas para las mujeres, que no son visibles en el diseño de las políticas públicas de la pandemia, bajo la lógica de una aparente neutralidad.
Si bien la mayoría de los Gobiernos de la región, a través de los Ministerios de la Mujer o equivalentes, han implementado medidas innovadoras para responder a las necesidades diferenciadas de las mujeres en el contexto de la pandemia, desde la CIM hemos identificado los ámbitos que pueden marcar la diferencia en la vida de las mujeres en la era post-COVID-19 [1]:
Lograr inmediatamente una participación igualitaria de las mujeres en la toma de decisiones:
Existe abundante evidencia de que las decisiones que no incluyen a las mujeres tienden a ser parciales, menos efectivas e incluso a veces perniciosas. No disponemos de datos precisos sobre la participación efectiva de las mujeres; sin embargo, no hemos visto a las mujeres en los gabinetes de crisis y muchas voces han criticado su ausencia. Es una cuestión de voluntad política lograr que hombres y mujeres compartan las decisiones y que lo hagan con el enfoque adecuado; esto es algo que puede suceder desde este instante, sin necesidad de demoras.
Redistribuir el trabajo de cuidados:
La CIM y la Unión Europea, a través de su programa EUROsociAL+, han publicado el informe Emergencia global de los cuidados [2], en el que se establece que, de no mediar intervención de los Gobiernos, las desigualdades se profundizarán debido a la organización social de los cuidados. Tipificar legalmente el derecho de las personas a ser cuidadas es un paso indispensable para lograr que los Estados asuman su parte a través de los sistemas de protección social, que el sector privado integre los cuidados en las cadenas de valor que vinculan al sector productivo y que en la esfera doméstica los hombres participen en igualdad de condiciones en las tareas del cuidado.
Combatir la pobreza con el foco puesto en las mujeres:
Estudios han advertido que, en América Latina, la crisis económica generada por la COVID-19 sumirá a 118 millones de mujeres en la pobreza, un 22% más de las mujeres que cayeron por debajo de la línea de pobreza en el año anterior [3]. En la región más desigual del mundo, abordar con perspectiva de género el mayor problema que nos deja esta crisis, que no es otro que la extensión y profundización de la pobreza, será fundamental para que las respuestas sean efectivas.
Garantizar el acceso igualitario de las mujeres a la economía y al empleo:
Las mujeres presentan una inserción laboral más precaria y mayores grados de informalidad. Se ha estimado que este año la tasa de desocupación de las mujeres alcanzará el 15,2% en América Latina y el Caribe [4]. Es necesario atender los riesgos en sectores más afectados, donde hay una alta concentración de mujeres. Asimismo, es importante ver que la economía del cuidado será una vía crítica en la recuperación económica. Las medidas de promoción del empleo deberán asegurar el principio de no discriminación e incluir acciones afirmativas para asegurar que las mujeres no se queden atrás.
Combatir y erradicar la violencia contra las mujeres:
Durante el confinamiento se registró un aumento de los casos de violencia de género contra mujeres y niñas en varios puntos de la región, incluyendo un incremento de la tasa de femicidios. La CIM y el Mecanismo de Seguimiento a la Convención de Belem do Pará (MESECVI) han establecido medidas prioritarias para la prevención, la atención, el acceso a la justicia y el fortalecimiento institucional con el objetivo de combatir “la otra pandemia”.
Promover una intervención pública basada en evidencia:
La ausencia de datos desagregados por género y de investigación sobre las políticas más eficaces para combatir las desigualdades de género dificulta la toma de decisiones adecuada. Sigue siendo imperante la necesidad de soluciones basadas en la evidencia, respaldadas por datos de calidad.
Estas prioridades deben integrarse en los nuevos pactos sociales dirigidos a la nueva normalidad. Para ello, lo más importante es que las personas que están en la toma de decisiones comprendan que no hay política neutra al género y que si no incorporan el principio de igualdad y no discriminación, tanto en el diseño como en la implementación de las políticas, no será posible ofrecer respuestas adecuadas y sostenibles para salir de la que ya se considera la peor crisis económica de los últimos cien años. La nueva normalidad debe tener el apellido de la igualdad.
[1] Más información en https://www.oas.org/es/cim/COVID-19.asp
[2] Disponible en https://www.oas.org/es/cim/docs/CuidadosCOVID19-ES.pdf
[3] Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2020
[4] Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2020
