Por Sonia González Fuentes, coordinadora del Área de Gobernanza de EUROsociAL+
No son los efectos de la pandemia, antes de ella, dos alertas nos avisaban del “malestar de la democracia” en América Latina, aunque también se observa en otras partes del mundo. Una de ellas, las crisis políticas y la ola de protestas sociales que sacudieron en los últimos meses de 2019 a algunos países de la región como Chile, Ecuador, Colombia o Bolivia. La otra, los bajos niveles de confianza en las instituciones que han alcanzado mínimos históricos, como muestra el último Latinobarómetro, con un 80% de la población sosteniendo que se gobierna para una minoría. Los reclamos ya no son de los más pobres, y una podría resumir el grito de esas masivas manifestaciones como «gobiernen para las mayorías». Algunos expertos y expertas se preguntaron entonces si la democracia representativa estaba en crisis, pero no parece que el apoyo a la democracia como forma de gobierno corra peligro; lo que realmente se estaba cuestionando es su gobernanza.
Un año después de esta primera ola de estallido social y tras 7 u 8 meses de pandemia que dio una tregua, la “primavera latinoamericana” parece estar de vuelta como demuestra lo acontecido recientemente en algunos países como Perú y Guatemala. La ciudadanía, sobre todo jóvenes, se echa de nuevo a las calles denunciando y rechazando las desigualdades, la corrupción y el funcionamiento de los servicios públicos, y tensionando aún más a un sistema político que no parece dar respuestas a sus demandas.
La pandemia no ha hecho sino agravar los problemas (estructurales) de la región, y las respuestas de los distintos Gobiernos para afrontar la crisis humanitaria, social y económica no parecen haber sido efectivas. Distintos organismos internacionales señalan esta crisis como la peor que se ha vivido en América Latina en los últimos 100 años, pudiendo suponer un retroceso de 15 años en la lucha contra la pobreza. Ante este panorama, mejorar la gobernanza parece fundamental para tener una recuperación rápida, pero también —y, sobre todo— para que la democracia se acerque a un proceso de construcción de propósitos comunes que no deje a nadie atrás.
Volver a las políticas que venían aplicándose antes de la pandemia no parece que sea una solución óptima. Son esas políticas las que han provocado el enojo de los ciudadanos y ciudadanas. Tampoco discusiones bizantinas sobre si necesitamos más o menos Estado o más o menos mercado parecen haber llegado a ningún sitio. En este momento lo que necesitamos son mejores Estados y mejores mercados en una relación de complicidad para generar crecimiento económico y mayores niveles de bienestar social. Esta pandemia ha hecho que vuelva como exigencia imperiosa lo público, lo común, lo colectivo, que como dice Daniel Innerarity, va más allá de la dimensión estatista y que implica una soberanía compartida, contando también con otros actores, con otros agentes. No es momento de competir, tampoco de miradas electoralistas y cortoplacistas. El descontento social es expresivo de una percepción de la democracia que defrauda las expectativas de una mejor vida y de un mayor bienestar, produciéndose un círculo vicioso de desigualdad, frustración y descontento entre generaciones. Tenemos una oportunidad de hacer las cosas bien y romper ese círculo.
Aunque tengo más preguntas que respuestas, creo que algunas cuestiones no pueden ser rebatidas. No se puede rebatir, por ejemplo, que las políticas públicas, con mayor razón en este momento, deben poner a las personas en el centro. Tampoco se puede cuestionar, sobre todo cuando los recursos son escasos, que los Gobiernos tienen que ser eficaces en su toma de decisiones y deben actuar de manera transparente. La transparencia es el mayor enemigo de la corrupción y fuente para generar un reservorio de confianza en las instituciones. No se puede replicar que tenemos certezas porque vivimos bajo un Estado de derecho y que este solo puede existir si se protegen y defienden los derechos humanos. Es difícilmente discutible que estamos ante un entorno complejo y que tenemos que gestionarlo, y que esto, quizás, exija también una gobernanza más compleja, que tenga en cuenta los intereses plurales, los distintos niveles de gobierno. No se trata de competir, sino de poner en marcha estrategias cooperativas. Si cualquier Gobierno prioriza el interés general, lo más sencillo es que cada uno ponga a disposición de este objetivo las herramientas a su alcance. Y, por último, creo que todos y todas estaremos de acuerdo en que esta pandemia ha vuelto a poner la política fiscal al centro del debate público, porque reflexionar sobre posibles alternativas de reforma fiscal también implica reflexionar sobre qué modelo de bienestar social queremos y hacer una apuesta por la cohesión social.
Y en estas cuestiones, que a veces quedan reducidas a lo meramente técnico, es donde nos jugamos el destino democrático de nuestras sociedades. Termino con Hanna Arendt, con una de las premisas de su pensamiento: “la política trata del estar juntos, los unos con los otros, [aun siendo] diversos”, porque sin vínculos entre iguales no hay libertad y, por tanto, tampoco hay política.
