Por Francisca Miranda, doctora en Etnología y Antropología social (EHESS), técnica sénior del área de género del programa de la Unión Europea EUROsociAL+ y Silvina Ramos, MSc Investigadora titular del CDES Argentina, coordinadora técnica del Plan Nacional de Prevención del Embarazo no intencional en la Adolescencia de Argentina y experta de EUROsociAL+.
La pandemia por COVID-19 en América Latina y el Caribe ha irrumpido en un contexto de bajo crecimiento económico, elevados niveles de informalidad laboral y debilidad de los sistemas de protección social y de salud, que han exacerbado la vulnerabilidad de la región (CEPAL, OPS, 2020). La crisis afectará más gravemente a las mujeres, porque se encuentran sobrerrepresentadas en las actividades económicas más golpeadas por las medidas de contención y más expuestas al contagio (Bárcena, 2020).
En este contexto, la salud y los derechos sexuales y reproductivos de muchas mujeres se han visto afectados por la falta de continuidad de servicios de planificación familiar, así como de servicios de atención a la salud materna y a víctimas de violencia, debido al desvío de recursos hacia la emergencia sanitaria. La pandemia interviene en una región donde la necesidad insatisfecha de planificación familiar alcanza a un 10% entre las mujeres de entre 15 y 49 años, casadas o que viven en relación de pareja en América Latina, y a un 17%, en el Caribe. Por otra parte, la tasa de prevalencia de métodos anticonceptivos de cualquier tipo es del 74% para América Latina y del 61% para el Caribe (UNFPA, 2020). La tasa de maternidad en adolescentes está por lo general, en los países de la región, por encima del 12% (OIG, 2020)[1], siendo un factor de reproducción de la pobreza, y al igual que la mortalidad materna, es expresión de las desigualdades socioeconómicas, de etnia y territoriales. Se estima que en el contexto COVID-19, 18 millones de mujeres adicionales perderán su acceso a anticonceptivos modernos (CIM/OEA, 2020).
Un debilitamiento de los programas de planificación familiar y la reducción en el uso de contracepción podría incrementar la mortalidad y morbilidad materna, aumentar las tasas de embarazo adolescente y la incidencia de otras infecciones de transmisión sexual y de VIH. Puede asimismo acarrear abortos inseguros e ilegales, en una región donde existen legislaciones restrictivas en la materia. A ello se suma el persistente desafío de transformar patrones culturales y pautas de masculinidad hegemónica que todavía constituyen barreras para la negociación de las mujeres en el plano de la sexualidad.
Algunos países de la región han ampliado el acceso de las y los adolescentes a la información, a asesoramiento y a servicios de anticoncepción; tal es el caso de Perú con la Norma de Planificación Familiar del MINSA, de Ecuador con el Plan Nacional de Salud Sexual y reproductiva (2017-2021) y de Argentina con el Plan de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (2017). También algunos países incorporan la Educación Sexual Integral en sus legislaciones, como Bolivia con la Ley 342 de la Juventud; Uruguay, que incorpora la educación sexual en la Ley General de Educación (18.437) (OIG, 2020), y Argentina (Ley 26.150 del 2006).
En el marco de la puesta en marcha y consolidación de políticas públicas en salud sexual y reproductiva dirigidas a la población adolescente, el programa EUROsociAL+ acompaña varios procesos ofreciendo asistencia técnica a Gobiernos para el diseño y la evaluación de esas políticas. En Panamá acompañó el proceso de reglamentación e Implementación de la Ley 60 sobre la menor de Edad embarazada Ministerio de Desarrollo Social. En México, se trabaja actualmente en el fortalecimiento de la Estrategia Nacional para la Prevención de Embarazo en Adolescentes, con el Consejo Nacional de Población e INMUJERES. En Uruguay se trabajó en el fortalecimiento de la Estrategia Nacional e Intersectorial de Prevención del embarazo en la adolescencia para disminuir la incidencia del embarazo no intencional y garantizando derechos. En Ecuador, en el marco de la COVID-19, el programa colabora con el Consejo de la Judicatura en las medidas para garantizar el acceso a los servicios de víctimas de violencia de género.
La recuperación post-COVID hará necesario evaluar la magnitud del impacto de la pandemia y el confinamiento sobre los servicios de salud y educativos que atienden a la población adolescente. También requerirá el fortalecimiento de los sistemas de salud para restablecer las prestaciones de salud sexual y reproductiva, incluidas la atención a la violencia de género y el aborto sin riesgos siguiendo los parámetros establecidos por la legislación de cada país (Fondo de Población de Naciones Unidas 2020). En las escuelas se deberá prestar atención a la recuperación de la educación sexual y la retención escolar que, además de fortalecer la trayectoria educativa, opera como factor de protección de embarazos en la adolescencia.
Y por encima de esto, se enfrentará el desafío de implementar nuevas articulaciones de las políticas y servicios públicos con las comunidades en los territorios y nuevas modalidades de atención de la salud sexual y reproductiva y salud materna de niñas, adolescentes y mujeres adultas, enfatizando la distribución comunitaria de insumos, la búsqueda activa en domicilios de personas en situación de alta vulnerabilidad social, los hogares maternos o residencias para madres, la difusión de información a través de redes sociales y comunitarias, las acciones de los promotores de salud, los consultorios móviles y la telemedicina. También será indispensable fortalecer la rectoría de las políticas públicas difundiendo y fortaleciendo la aplicación de estándares mínimos de acceso y calidad de la atención para garantizar que los sistemas de salud vuelvan a estar preparados para garantizar servicios y derechos. También es de esperar que su adaptación a este contexto inédito haya contribuido a poner en funcionamiento nuevas modalidades de gestión y prestación de servicios virtuosas que deberían ser aprovechadas a futuro.
[1] https://oig.cepal.org/es/indicadores/demanda-insatisfecha-planificacion-familiar
