La corrupción de funcionarios públicos vinculada al fenómeno de la trata con fines de explotación sexual puede tener lugar a lo largo de toda la cadena criminal –en el lugar de origen o de captación de las mujeres, durante el tránsito y en el destino–, pero también en los sistemas de justicia o de protección de las víctimas. La corrupción se concreta en cobros periódicos de dinero o de favores sexuales por parte de funcionarios que omiten sus deberes de vigilancia, dan aviso de actuaciones de investigación, falsifican documentación o permiten el tránsito migratorio. En ocasiones, son los propios funcionarios quienes controlan el negocio ilícito o son miembros de la red.
Siendo la corrupción un factor crucial en la trata de personas, su relevancia contrasta con la escasa efectividad en su persecución. Se han producido actuaciones en diversos países, pero son pocas todavía las políticas o estrategias estructuradas de prevención e investigación de dichas prácticas delictivas.
La lucha contra la corrupción asociada a la trata es el objetivo de una de las acciones del Área de Gobernanza del Programa de cooperación de la Unión Europea con América Latina, EUROsociAL +. En concreto, se impulsa el trabajo conjunto entre redes de fiscales anticorrupción y de trata de personas en el marco de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Púbicos (AIAMP), con el fin de identificar la naturaleza y alcance de esta problemática y poder aportar soluciones prácticas.
