La región comienza a fortalecer sus políticas anti corrupción con la incorporación de la perspectiva de género y el desarrollo de herramientas específicas para combatir una lacra que afecta de manera diferenciada a la población femenina, víctima de delitos como la trata de personas o la extorsión sexual a cambio de servicios sociales.
Mujeres Tule, Unguía, Chocó, Colombia. Autor: Diego Zamora M.
La corrupción no es neutra. Presenta impactos diferenciados en las mujeres y las niñas de América Latina, que sufren las prácticas corruptas con mayor frecuencia y de formas específicas por razón de su género y su condición de vulnerabilidad. Se trata de actos delictivos que se encuentran soterrados por la dificultad que entraña su denuncia. En algunas ocasiones, dichas prácticas se consideran normalizadas socialmente o no están siquiera tipificadas como corrupción. Otras veces, quedan impunes por el miedo a denunciar, por la desconfianza en las autoridades, por la escasa sensibilización que existe sobre esta problemática o porque falla la cooperación entre instituciones.
La corrupción tiene muchas caras. Funcionarios judiciales o policías que exigen favores sexuales a mujeres a cambio de ayudarlas a ellas o a sus familiares en procedimientos seguidos en las oficinas a su cargo. Docentes universitarios que piden a sus alumnas intercambios sexuales si quieren aprobar. Policías pagados por redes de prostitución o trata de personas para que miren hacia otro lado o incluso colaboren de forma activa. Vigilantes de centros penitenciarios que permiten el ingreso de niñas y mujeres para que jefes de organizaciones criminales las exploten sexualmente. Algunos de estos comportamientos podrían ser considerados como ‘pequeña corrupción’, pero otros forman parte de un fenómeno de carácter sistémico. En otros escenarios, el poder permite a los funcionarios controlar y ser dueños de la propia actividad criminal.
Casos concretos como el de Juana, una menor de edad secuestrada y obligada a ejercer la prostitución en una finca rural. Un agente de policía de la zona velaba por el negocio y garantizaba las condiciones de privación de libertad y el sometimiento de la niña, aprovechando su situación de vulnerabilidad. El agente acudía a la finca sin ocultar su condición de policía, generando una mayor intimidación de la víctima, a quien golpeó repetidamente y de quien abusó sexualmente en varias ocasiones.
Desafortunadamente, rara vez los agentes públicos son detectados y condenados. Como destaca Marcelo Colombo, Titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas de Argentina, “las prácticas corruptas en las redes de trata en América Latina están naturalizadas e invisibilizadas, y no se abordan adecuadamente. Es por ello que la mirada del experto o la experta anticorrupción en los casos de trata puede mejorar muchísimo el alcance de una investigación, para precisamente poder llegar a los objetivos más altos de las estructuras de poder, que son los que se benefician económicamente de la trata de personas”.
Según el Barómetro Global de la Corrupción América Latina y el Caribe, publicado en 2019 por Transparencia Internacional, una de cada cinco mujeres en América Latina y el Caribe dice haber sido víctima de un abuso de poder para obtener favores sexuales o conoce a alguien que lo ha sufrido. Tal es el caso de K.S.S.C., empleada del hogar peruana afectada por una denuncia por delito de hurto, quien fue coaccionada por un instructor policial para que mantuviera relaciones sexuales a cambio de no dar trámite a la citada denuncia y favorecerla con su archivo. O el caso de un juez de paz peruano que fue sorprendido en un hotel cuando le solicitaba a una litigante mantener relaciones sexuales a cambio de solucionar los problemas judiciales de su primo.
Como destaca el Fiscal General de Chile, Jorge Abbott, “este fenómeno no es en general visibilizado en nuestras investigaciones, básicamente por una falta de denuncia de estos hechos, pero también por una falta de adecuación de nuestro propio sistema para poder detectar cuando estamos en presencia de este tipo de corrupción”.
Los efectos diferenciados de la corrupción en las mujeres de América Latina deben ser identificados, visibilizados, medidos, prevenidos y combatidos. Para ello se requiere la transversalización de género en las políticas públicas y la inclusión de acciones concretas en los planes nacionales. También son necesarias la cooperación y la articulación interinstitucionales, así como herramientas que refuercen la labor de los operadores de justicia. Por último, resulta esencial el trabajo con la sociedad civil y la academia, con el fin de fomentar la denuncia y el posicionamiento de este problema en la agenda internacional; debe quedar claro que, en lo que se refiere a la corrupción y la lucha anticorrupción, el género importa.
Estos son los objetivos de una acción del área de Gobernanza del Programa de Cooperación de la Unión Europea para la cohesión social en América Latina EUROsociAL +, coordinado por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Pública (FIIAPP), que busca fomentar el enfoque de género en las estrategias anticorrupción, en línea con las conclusiones de la VIII Cumbre de las Américas de 2018, en la cual se acordó “promover la equidad e igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres como objetivo transversal de nuestras políticas anticorrupción”.
A partir del diagnóstico regional ‘Mujer y Corrupción’, EUROsociAL + ha articulado espacios de diálogo y sensibilización en talleres con organismos y redes internacionales (AIAMP, OEA, TI, ONU Mujeres) y con instituciones nacionales, en Guatemala, Chile, Perú y Argentina, donde se ha trabajado en el diseño de herramientas y articulaciones específicas a modo de programas piloto. Estas acciones pretenden vincular el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 16, sobre la consecución de paz, justicia e instituciones sólidas, y el ODS número 5, sobre igualdad de género y empoderamiento femenino, a través del ODS 17, alianza para lograr los objetivos.
Mediante estos procesos de diálogo y trabajo técnico se han detectado una serie de ámbitos estratégicos de actuación. En primer lugar, es necesario avanzar en el diseño de indicadores y fortalecer el levantamiento de información diferenciada que permita precisar el alcance de la problemática y entender cómo se presenta, también mediante la construcción de tipologías y análisis de casos paradigmáticos.
Para impactar la cultura de normalización y facilitar la denuncia, es preciso sensibilizar a través de campañas de comunicación y de la capacitación de los operadores de justicia. Además, los sistemas de denuncia y de protección de denunciantes han de incorporar el enfoque de género para garantizar un tratamiento diferenciado.
Se requiere fortalecer la lucha anticorrupción en los casos de trata de personas, en especial, con fines de explotación sexual. Entre otras acciones, resulta imprescindible elaborar mapas de los riesgos de corrupción en la cadena criminal de la trata de personas, con indicadores de alerta, e incorporar herramientas de análisis e investigación que incluyan las variables de corrupción de manera temprana. Desde el punto de vista de la investigación criminal, es necesaria una mejor articulación interinstitucional para dotar los casos con la mirada anticorrupción y de violencia de género. Dada la naturaleza transnacional, en muchos casos, de la trata de personas y los delitos relacionados, es preciso articular equipos conjuntos de investigación y partenariados institucionales en zonas especialmente sensibles, como son los espacios fronterizos compartidos por varios países.
Adicionalmente, frente a la sextorsión, resulta prioritario tener una ruta clara de atención y manejo de los casos que incorpore la doble naturaleza de estos delitos como actos de corrupción y de violencia sexual, lo que en algunos países puede requerir ajustes normativos y operativos.
Primeros avances
Todas estas actuaciones comienzan a dar sus frutos. Desde una perspectiva regional, la lucha contra el impacto diferenciado de la corrupción en las mujeres ha sido incluida en los planes de acción de la Red de Fiscales contra la Corrupción y de la Red de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), del C20, el W20, el G20 y la APEC, así como en la estrategia regional de Transparencia Internacional (TI).
Desde una perspectiva nacional, países como Chile, Argentina y Perú han empezado a aplicar estrategias específicas, con el acompañamiento de EUROsociAL +. Así, en Perú, la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción está abordando la tipificación de la extorsión sexual e investigando la problemática de género y corrupción en la triple frontera.
Los fiscales de trata son ahora conscientes de la necesidad de abordar el problema de una manera integral. Como destaca la Fiscal de Trata de Paraguay, Juana Carina Sánchez, “el trabajo realizado con EUROsociAL + nos llevó primero a visualizar estas conexiones en nuestra propia Fiscalía y a ser conscientes de la necesidad de coordinar con la Fiscalía Anticorrupción y con la Fiscalía de Lavado de Dinero”.
Chile, por su parte, ha promovido la inclusión de la Fiscalía Anticorrupción en la Mesa Interinstitucional de Trata de Personas. Su Ministerio Público trabaja en la identificación de criterios de género para la priorización de casos y en el fortalecimiento del componente anticorrupción en la investigación y análisis de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. Además, Chile Transparente está diseñando una campaña de sensibilización sobre corrupción y género.
Por último, en Argentina se avanza en el diseño de mapas de riesgos y se ha creado un grupo especializado de las fiscalías anticorrupción, trata de personas y lavado de activos para investigar integralmente la economía criminal. También se está reforzando la lucha anticorrupción asociada a la trata de personas en el ámbito local y municipal, mediante una estrategia que articula todos los niveles de autoridad.
Estas actuaciones son los primeros pasos en un camino que debe conducir a que la explotación de mujeres por redes corruptas y la sextorsión dejen de ser problemas invisibles y queden incluidos en las políticas públicas contra la corrupción, al tiempo que se intensifica la persecución judicial de funcionarios corruptos.
Borja Díaz Rivillas, Técnico Sénior en Gobernanza Democrática del Programa EUROsociAL + en la FIIAPP
Ana Linda Solano López, Consultora especialista en corrupción y género de EUROsociAL+
