Por Borja Díaz Rivillas, responsable de Buen Gobierno en el Área de Gobernanza Democrática del Programa de Cooperación de la Unión Europea con América Latina, EUROsociAL+, en la FIIAPP y Ana Linda Solano López, consultora sobre corrupción y género del Área de Gobernanza Democrática de EUROsociAL+ en la FIIAPP.
Mural en Río de Janeiro (Brasil)
Cuando Ana María, menor de edad, dio a luz en el hospital, el personal sanitario avisó a sus familiares y contactó con la Fiscalía para investigar las circunstancias de su embarazo. Su bebé había nacido muy enfermo como consecuencia de la sífilis que ella sufría. Ana María guardó silencio. Fue su madre quien alertó de que la menor había sido captada por una red de trata.
La joven sentía miedo. Tenía muy presente que, en las fiestas organizadas por su captor, participaban policías de la zona con los que, tanto ella como el resto de niñas, eran obligadas a mantener relaciones sexuales. Sentía que no podía esperar ayuda alguna de las autoridades locales.
El de Ana María no es un caso aislado, sino una manifestación más del impacto diferenciado de la corrupción en las mujeres y niñas de América Latina. La corrupción de funcionarios públicos vinculada al fenómeno de la trata con fines de explotación sexual puede tener lugar a lo largo de toda la cadena criminal —en el lugar de origen o de captación de las mujeres, durante el tránsito y en el destino—, pero también en los sistemas de justicia o de protección de las víctimas.
La corrupción se concreta en cobros periódicos de dinero o de favores sexuales por parte de funcionarios que omiten sus deberes de vigilancia, dan aviso de actuaciones de investigación, falsifican documentación o permiten el tránsito migratorio. En ocasiones, son los propios funcionarios quienes controlan el negocio ilícito o son miembros de la red.
Siendo la corrupción un factor crucial en la trata de personas, su relevancia contrasta con la escasa efectividad en su persecución. Se han producido actuaciones en diversos países, pero son pocas todavía las políticas o estrategias estructuradas de prevención e investigación de dichas prácticas delictivas.
La lucha contra la corrupción asociada a la trata es precisamente el objetivo de una de las acciones del programa de cooperación de la Unión Europea con América Latina EUROsociAL +. En concreto, se impulsa el trabajo conjunto entre redes de fiscales anticorrupción y de trata de personas en el marco de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Púbicos (AIAMP), con el fin de identificar la naturaleza y alcance de esta problemática y poder aportar soluciones prácticas.
Anillos de protección en torno a las redes criminales
La mayoría de los casos identificados de corrupción asociados a la trata implican la facilitación de operación del lugar de explotación, así como la facilitación de ingreso al país para las víctimas y, en general, la expedición de documentación, sin que se cumplan los requisitos.
Los agentes públicos generan anillos de protección en diferentes niveles para que se consoliden las redes de explotación, como nos relata Marcelo Colombo, titular de la Procuraduría de Trata de Argentina. En un primer anillo actúan, sobre todo, fuerzas policiales e inspectores municipales que dan protección a las organizaciones que controlan los lugares de explotación. “Esta corrupción la vemos en la falta de controles de locales nocturnos, en maniobras ilícitas irregulares en el área de migraciones donde se permite el ingreso de menores de edad sin permiso, se hace la vista gorda en documentación falsificada en las zonas fronterizas por las que entran mujeres y niñas que vienen, en muchos casos, engañadas y que acaban en las redes de trata”, detalla Sergio Rodríguez, responsable de la Procuraduría Anti Corrupción de Argentina.
Estos actos pueden ser aislados o formar parte de estructuras que facilitan la economía criminal, lo que hace importante entender que puede existir un segundo anillo de protección en el Poder Judicial, inclusive en la esfera de las fiscalías y de las fuerzas políticas. “Hemos procesado y condenado a numerosos funcionarios policiales y alcaldes. Tuvimos el caso de un fiscal federal que protegía cuatro lugares de explotación sexual en asociación con uno de los principales gendarmes de la zona, que controlaba el negocio”, cuenta Marcelo Colombo. “Por eso es importante mirar hacia arriba y buscar a los grandes peces, los que verdaderamente se benefician”, argumenta.
Perú refleja igualmente esta problemática. En septiembre de 2019, fue desarticulada una red de trata que funcionaba bajo la protección del jefe de la División Criminal de la XV Macrorregión Policial de Madre de Dios. Según la acusación, a cambio de dinero, protegía a la organización y avisaba de diferentes operativos contra la trata.
Un tercer anillo puede darse cuando la posición de poder de los funcionarios corruptos les permite controlar el negocio criminal. Así, en el Informe sobre trata de personas con fines de explotación sexual en Guatemala de la CICIG, se identifican casos de funcionarios dedicados directamente al negocio de la trata, operando a través de testaferros. Eran dueños de centros de explotación sexual y lavaban sus ganancias mediante la inversión en transporte y otros negocios.
Extorsión sexual como moneda de cambio
Una forma de corrupción aún más compleja de identificar, en gran parte porque está normalizada e invisibilizada, es cuando la moneda de pago de la facilitación de la trata no es dinero sino un beneficio sexual impuesto a la víctima por los acuerdos entre el proxeneta y los funcionarios públicos.
La complicidad de la autoridad que frecuenta los lugares de explotación genera además una fuerte sensación de impunidad y miedo a la denuncia por parte de las víctimas. Aida Gatti, coordinadora de Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Víctimas de Trata del Ministerio de Justicia y DDHH de Argentina, conoce bien este fenómeno: “En gran parte de los casos, las víctimas de trata cuentan cómo personal policial, fiscales y jueces reciben favores sexuales a cambio del encubrimiento. Que las víctimas vean cómo los agentes públicos hablan amigablemente con los proxenetas refuerza la situación de impunidad. No escapan porque no saben dónde pedir ayuda”.
Esta forma de extorsión sexual, entendida como abuso de poder para obtener beneficio sexual, tiene doble naturaleza, como corrupción y como delito de violencia sexual. Esta última condición presenta retos en materia probatoria, en particular en lo referente al consentimiento de las víctimas, y se produce además la estigmatización y dificultades de protección de las mujeres que se atreven a denunciar.
Una estrategia combinada contra un problema complejo
De lo expuesto anteriormente se deduce que la desarticulación de las estructuras criminales no es suficiente si no se persigue también la corrupción que les permitió operar. Un punto de partida en la búsqueda de soluciones es, por tanto, promover una doble mirada hacia los ámbitos de la trata y la corrupción, generando protocolos conjuntos para abordar esta problemática dentro de las propias fiscalías.
Otro elemento clave es contar con organismos capacitados para recibir este tipo de denuncias y asociar trata y corrupción desde el principio de la investigación. Es igualmente necesario reforzar los mecanismos de protección de los denunciantes, fomentar la delación y realizar campañas de publicidad para visualizar esta problemática.
Ha de fortalecerse, además, la prevención en las entidades y lugares más proclives a estos delitos, mediante un análisis de riesgos. Un punto esencial es detectar de forma temprana el componente de corrupción en los casos de trata. Resulta conveniente incorporar estrategias propias de la lucha anticorrupción, como el seguimiento del dinero o la incautación de bienes. La investigación no debe detenerse en la parte baja de la cadena criminal, sino utilizar herramientas de análisis para detectar los vínculos entre la trata y las autoridades públicas o los poderes económicos.
Finalmente, es imprescindible hacer visible la extorsión sexual como delito de corrupción y generar acciones concretas para combatirla. En este sentido, se debe sensibilizar y capacitar a los operadores de justicia de los ámbitos anticorrupción, al tiempo que se incluyen en las investigaciones de corrupción las variables asociadas a la violencia sexual contra la mujer.
El fortalecimiento institucional, la lucha anticorrupción y el apoyo a las víctimas, son por tanto imprescindibles para a romper con la cadena criminal de la trata y recuperar la confianza de la ciudadanía.
Ana María decidió, un año después de dar a luz, colaborar con las autoridades. Quiere ayudar en la investigación contra la red que la explotaba para evitar que otras niñas pasen por lo mismo. A pesar de su terrible experiencia, ha recuperado la confianza en la justicia e incluso se plantea ser policía en el futuro.
Artículo publicado en Planeta Futuro (El País)
