Por Annabelle Moreau Santos, consultora del Programa EUROsociAL+, área de Políticas de Igualdad de Género, Maestría en Ciencias Sociales y Asuntos Europeos.
A principios de marzo de 2021, la Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló que un tercio de las mujeres del planeta eran víctimas de violencia física o sexual. A nivel global, esta violencia contra las mujeres no ha retrocedido en los últimos diez años. Más alarmante todavía: se ha exacerbado durante la pandemia.
En este marco de crisis sanitaria, ¿Cuáles son las medidas adecuadas y con perspectiva de género que pueden garantizar el acceso de las mujeres víctimas de violencia a la justicia en América latina y Europa?
El informe titulado “Recomendaciones para garantizar el acceso de las mujeres sobrevivientes-víctimas de violencia de género a la justicia durante el COVID-19” propone respuestas a tres niveles. Primero, recopila información sobre iniciativas destacables adoptadas por los ministerios públicos, las fiscalías o procuradurías (MP/F/PG) de la Red Especializada en Género (REG) de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP) en respuesta a las nuevas circunstancias derivadas de la crisis sanitaria (1). A su vez, el informe subraya algunos de los desafíos persistentes para las entidades fiscales (2) e integra una serie de recomendaciones elaboradas y adoptadas por la REG (3). Esas recomendaciones están destinadas a orientar la adopción por los MP/F/PG de la región de medidas apropiadas para prevenir y eliminar la impunidad de la violencia contra las mujeres, especialmente durante la pandemia.
Este documento – elaborado con base a la información brindada por las delegaciones de 12 países de la REG de la AIAMP – es el resultado de una colaboración entre ONU Mujeres para América latina y el componente de Políticas de Igualdad de Género del programa EUROsociAL+ financiado por la Unión Europea, programa birregional América Latina-Europa y llevado a cabo por el consorcio Expertise France, la FIIAPP (líder) y el IILA. Por lo tanto, el informe es el fruto de un gran esfuerzo realizado por los ministerios públicos de Iberoamérica en el ámbito de la REG AIAMP, para adaptar sus estructuras y equipos en pos de dar respuesta a los casos de violencia contra mujeres en el contexto de la pandemia de COVID19. De hecho, EUROsociAL+ ha apoyado y trabajado junto con la AIAMP desde 2005 y específicamente con la Red Especializada en Género desde 2018 con el fin de promover la incorporación del enfoque de género en la actuación de los Ministerios Públicos y de fortalecer la investigación y persecución penal con enfoque de género.
Para más información de esta colaboración, ver ficha destacada.
El Covid-19 limita el acceso a la justicia
Françoise Roth, consultora de ONU Mujeres y María Edith López Hernández, consultora del área de género EUROsociAL+, identifican en el informe “Recomendaciones para garantizar el acceso de las mujeres sobrevivientes-víctimas de violencia de género a la justicia durante el COVID-19” los obstáculos que limitan el acceso de las mujeres víctimas de violencia de género a la justicia en el contexto pandémico. En efecto, el Covid-19 ha:
- dificultado el acceso a las comisarías de policía para denunciar rápidamente casos de violencia;
- afectado el funcionamiento de los operadores de justicia/ reducido las actividades judiciales;
- limitado la capacidad de las entidades responsables de llevar a cabo las investigaciones criminales en condiciones óptimas;
- alterado la continuidad del servicio de atención a las mujeres víctimas de violencia ya que el teletrabajo puede significar una sobrecarga laboral y psicológica para l@s fiscales e integrantes de ministerios públicos a cargo del cuidado de sus niños/as o familiares;
- disminuido la capacidad de respuesta de las fuerzas del orden ante los problemas de violencia de género (mayoritariamente enfocadas en cuestiones sanitarias como la aplicación efectiva de la cuarentena);
- conducido a un descongestionamiento de las cárceles o la otorgación de prisiones domiciliarias a los agresores (medidas que pueden implicar consecuencias adversas para las mujeres).
A estas barreras, también se añaden los obstáculos que las mujeres víctimas-sobrevivientes de violencia enfrentan para acercarse a los servicios de justicia o hacer aplicar medidas requeridas de protección.
Cero tolerancia frente a la impunidad
Si el Covid-19 ha limitado, y sigue frenando el acceso de estas mujeres a la justicia, la situación pre-pandémica ya se caracterizaba por un congestionamiento judicial estructural. En efecto, el 98% de los feminicidios en América Latina eran impunes.[1] El informe co-elaborado por EUROsociAL+ (“Recomendaciones para garantizar el acceso de las mujeres sobrevivientes-víctimas de violencia de género a la justicia durante el COVID-19”) propone una serie de soluciones frente a este problema recogiendo un total de 57 recomendaciones internacionales y 48 sugerencias de la REG. Abordan una gran variedad de temas, desde la necesidad de fortalecer la coordinación interinstitucional hasta la de analizar la información estadística y criminalística con enfoque de género y de interseccionalidad, pasando por la urgencia de establecer mecanismos de denuncia específicos o presenciales, en lugares en donde se encuentren albergues o casas de acogida. Para la elaboración de las recomendaciones, se realizó una revisión de documentos producidos por los mecanismos internacionales y regionales de protección de los derechos humanos relativos a la aplicación de las normas, estándares y principios del derecho internacional de los derechos humanos durante la pandemia. A la vez, se consideraron otros textos producidos por agencias o programas de las Naciones Unidas o de la Organización de los Estados Americanos, así como de organizaciones no gubernamentales.
Por último, el documento también presenta una serie de buenas prácticas adoptadas por los ministerios públicos, las fiscalías o procuradurías de 8 países latinoamericanos (Colombia, Ecuador, Argentina, Uruguay, Panamá, Guatemala, Chile y el Salvador) y de un país europeo (España) en respuesta a las nuevas circunstancias derivadas de la crisis sanitaria. Estas medidas implementadas en ambos lados del Atlántico no solamente identifican que el Covid-19 ha contribuido en gran medida a la aparición de nuevos obstáculos que dificultan el acceso de las mujeres víctimas de la violencia a la justicia, sino que también toman en cuenta que no se trata de un fenómeno nuevo y que es un problema sistémico heredado de las décadas anteriores.
[1] Informe ONU, Prevenir los conflictos, transformar la justicia, garantizar la paz, 2016
Acceso informe : “Recomendaciones para garantizar el acceso de las mujeres sobrevivientes-víctimas de violencia de género a la justicia durante el COVID-19”
