Por Francesco Maria Chiodi, coordinador del Área de Políticas Sociales en la Organización internacional ítalo-latinoamericana (IILA), del Programa de la Unión Europea en América Latina EUROsociAL+.
Foto: Juan José Porta
Tal como en otras crisis económicas, la que estamos viviendo en América Latina y el Caribe a raíz de la COVID-19 deja en evidencia el valor estratégico del capital humano para que una sociedad pueda enfrentar de mejor forma los eventos adversos. También en la óptica de la recuperación resulta clave invertir en el fortalecimiento del capital humano, es decir en el conjunto de capacidades, competencias, conocimientos y habilidades de las personas. Dada esta premisa, si las mujeres están siendo especialmente perjudicadas por la recesión económica, entre otras razones porque se ubican mayormente en los sectores más golpeados (turismo, manufactura, comercio, etc.) y en ocupaciones de baja productividad, será importante que el mejoramiento de sus competencias laborales se convierta en una prioridad. Esto las ayudaría a reinsertarse en el mercado de trabajo y a mejorar sus condiciones de participación en él.
Entre las mujeres, hay un subconjunto que ha sido identificado por su alta vulnerabilidad. Se trata de las mujeres que trabajan en casas particulares. Allí desempeñan las tareas propias del servicio doméstico y/o del cuidado de personas dependientes (niños, personas ancianas o con discapacidad), siendo muchas veces bastante difícil distinguir las primeras de las segundas. Este sector, que en la región se caracteriza por las bajas remuneraciones y la elevada tasa de informalidad, ha vivido grandes pérdidas de empleo en el 2020. La variación interanual de los ocupados en el trabajo asalariado en hogares ha sido del -32.2% (promedio ponderado, 2º trimestre del 2020) (1). De acuerdo con datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la proporción de mujeres del sector de hogares como empleadas afiliadas o cotizantes al sistema de seguridad social alcanza apenas el 24% (2). Mientras la informalidad persista, para estas mujeres seguirá siendo precario no sólo el acceso a la protección social. Será difícil también aprovechar otras oportunidades vinculadas con el empleo formal (regulación del salario, prestaciones por desempleo, formación profesional, etc.).
Sin embargo, la solución al problema dista de ser sencilla (3). Uno de los aspectos que puede tener repercusiones positivas es el mejoramiento de los niveles de empleabilidad de las trabajadoras de casas particulares, y con ello abrir el camino para que puedan acceder al mercado de los servicios de cuidado Uno de los aspectos que puede tener repercusiones positivas es el mejoramiento de los niveles de empleabilidad de las trabajadoras de casas particulares, y con ello abrir el camino para que puedan acceder al mercado de los servicios de cuidado. de personas dependientes, donde abunda más el empleo formal y mejor remunerado. Con este fin, lo que se propone aquí es una vasta acción de certificación de competencias y capacitación de mujeres normalmente ocupadas en el sector de hogares como empleadas. Varios países de la región cuentan con sistemas de evaluación y certificación de competencias laborales que se estructuran en torno a dos componentes principales. Por un lado, un proceso destinado a identificar y estandarizar las competencias que demanda el mercado laboral en materia de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes asociadas a determinadas funciones laborales; por otro, un proceso sistematizado que permite evaluar el desempeño laboral de una persona según estas mismas competencias y entregarle un certificado oficial en tanto haya demostrado ser ‘competente’ en las capacidades evaluadas.
Las ventajas de certificar, sobre todo cuando esta medida se articula con la capacitación, podrían ser básicamente las cinco siguientes:
1) Sería un primer paso para dar mayor estatus y visibilidad a la función que estas mujeres cumplen en la sociedad. Si bien su rol tiene una alta importancia social, ellas se encuentran en las posiciones más bajas de la jerarquía también porque su labor no está asociada a un reconocimiento formal ni trayectoria profesional. Lo anterior redundaría en una mayor autoestima y valoración de las mujeres ocupadas en estos ámbitos. Además, cuando la certificación se vincula con capacitación, las mujeres aprenden más sobre sus derechos y deberes laborales, las cuestiones de seguridad en el trabajo, la salud, los aspectos contractuales, etc.
2) En principio, la certificación de competencias laborales se torna en una herramienta útil para negociar de mejor forma las retribuciones y las condiciones laborales, sobre todo en presencia de otros factores concomitantes (por ejemplo, una mayor transparencia de la interacción demanda-oferta). También podría permitir que una persona que es cuidadora familiar no remunerada, por medio de la certificación de sus competencias, logre profesionalizar su oficio y con ello obtener una remuneración en tanto pueda extender dicha labor de cuidado fuera de su propio hogar.
3) Como se dijo arriba, la certificación supone que se hayan fijado estándares de calidad comunes, con lo cual se asegura que las personas certificadas que desempeñan esos oficios tienen la preparación adecuada para ejercerlos y cumplen con los estándares requeridos. El resultado del proceso de evaluación de competencias permite a una persona que pretende certificarse conocer cuáles son las brechas que tiene respecto de esos estándares y, por lo tanto, qué tiene que mejorar a través de la capacitación.
4) Por otro lado, la certificación puede tornarse en un gran aporte para la movilidad social y profesional, abre perspectivas de desarrollo. Así, por ejemplo, una empleada doméstica con experiencia en atención de ancianos, por medio de una capacitación adecuada podría adquirir las competencias necesarias para obtener la certificación en oficios como el de “cuidador-a de personas mayores”, para los cuales se requiere de conocimientos más específicos en el ámbito de la salud, la seguridad, el apoyo psicosocial, etc.
5) Por último, las sociedades requieren cada vez más cuidados (4), sobre todo por el aumento de la esperanza de vida. El sector representa un yacimiento ocupacional en expansión y un motor de la reactivación económica pos-COVID-19. Sin embargo, la demanda privada en estos servicios se contrae en momentos de fuerte recesión económica y en un contexto de distanciamiento social forzado. De aquí la importancia de la inversión pública para extender la red de servicios de cuidado: junto con responder a una necesidad social, se estarían creando nuevas fuentes de empleo que mujeres adecuadamente preparadas podrían aprovechar.
En conclusión, la certificación de competencias y la capacitación de mujeres que efectúan labores domésticas y de cuidado podría llegar a ser un eslabón clave de una política que promueve al mismo tiempo la autonomía económica de las mujeres y el desarrollo de su capital humano. Desde luego esta hipótesis debería también ser probada en terreno.
(1) OIT-CEPAL (2020), “La dinámica laboral en una crisis de características inéditas: desafíos de política”, Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe, No 23, Naciones Unidas.
(2) CEPAL (2020), “La autonomía económica de las mujeres en la recuperación sostenible y con igualdad”, Informe Especial COVID-19, Nº 5, Santiago.
(3) De acuerdo con la OIT (Salazar-Xirinachs, J.M. & Chacaltana, J. (2018) Políticas de Formalización en América Latina: Avances y Desafíos, OIT), la tasa de empleo informal total (agrícola y no agrícola) en América Latina y el Caribe es del 53%, unos 140 millones de personas. El proceso de formalización observado en la primera década del siglo XXI estuvo asociado en primera instancia a las relativamente altas tasas de crecimiento económico del período 2002-2013, que fueron complementadas por políticas deliberadas, que tuvieron intensidad creciente en el tiempo, aunque con diferencias entre países. Con el cambio de ciclo hacia la desaceleración del crecimiento, a partir de 2015 la informalidad volvió a crecer.
(4) Cfr. De Henau, J., S. Himmelweit y D. Perrons (2017), Investing in the Care Economy: Simulating Employment Effects by Gender in Countries in Emerging Economies, Bruselas, Confederación Sindical Internacional.
Artículo publicado en el Boletín de la Fundación EULAC
