El debate vuelve a situarse en la necesidad de que la región aborde reformas fiscales de carácter estructural, es decir, la transición hacia sistemas fiscales modernos, progresivos y orientados a reequilibrar la distribución de la riqueza
Foto: Diego Marín
América Latina ha sido una de las regiones más golpeadas por la crisis del COVID, presentando algunas de las tasas de mortalidad más altas a nivel mundial. No obstante, esta crisis no se ha circunscrito únicamente al ámbito sanitario, sino que ha ido más allá en su impacto, golpeando duramente los principales indicadores económicos y sociales. Como ha señalado la CEPAL, de no aplicarse medidas contundentes en materia fiscal, la región podría tardar una década en recuperar los niveles de renta pre crisis perpetuando así inaceptables niveles de pobreza y desigualdad en la región.
Si bien en un primer momento los gobiernos latinoamericanos aplicaron importantes medidas contra cíclicas orientadas a preservar el tejido productivo y la protección social, en una segunda fase se apeló a los organismos internacionales como las herramientas adecuadas para suplir la carencia de recursos de la región. Sin embargo, aunque los organismos internacionales han realizado algunos esfuerzos en este sentido, como condonaciones parciales de deuda, desarrollo de nuevas líneas de créditos blandos o la emisión de Derechos Especiales de Giro (DEG) por parte del FMI, estas medidas resultan insuficientes tanto por su alcance como por los volúmenes disponibles, especialmente para las mayores economías de la región.
Una vez agotada la vía multilateral el debate vuelve a situarse en la necesidad de que la región aborde las eternamente postergadas reformas fiscales de carácter estructural, es decir, que los países latinoamericanos aborden de forma decidida la transición hacia sistemas fiscales modernos, progresivos y orientados a reequilibrar la distribución de la riqueza. En definitiva, se trata de que la equidad tenga un peso central en los modelos de desarrollo latinoamericanos y que además lo haga de forma que impulse la recuperación económica. Estas reformas estructurales deberán abordar los dos grandes ámbitos de la política fiscal: el gasto y los ingresos.
En materia tributaria existe un amplio consenso sobre la necesidad de articular estrategias nacionales e internacionales de lucha contra la evasión y la elusión fiscal que supone en torno a un 6% del PIB de la región. Asimismo, se considera fundamental la creación de nuevas figuras impositivas como el impuesto global corporativo, consolidar el impuesto sobre la renta personal, extender el alcance de impuestos sobre el patrimonio y la propiedad, avanzar en los impuestos sobre la economía digital y fortalecer impuestos correctivos asociados con la salud pública (como impuestos sobre el alcohol y el tabaco) y con el medio ambiente (como impuestos sobre el carbono).
Intrínsecamente relacionados con la evasión y la elusión fiscal han visto recientemente la luz los llamados “Pandora Papers”, una investigación llevada a cabo por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) que revela, a nivel mundial, los movimientos ilegales, y también legales, de enormes volúmenes financieros con el fin de ocultar renta y patrimonio a través de operaciones opacas y paraísos fiscales para no pagar los impuestos correspondientes o reducir significativamente el monto de los mismos. Operaciones de evasión y elusión fiscal como las que pone de manifiesto esta investigación, que atañen a un número importante de personajes públicos con gran poder e influencia (gobernantes, políticos, deportistas y artistas, entre otros) y se extienden por los cinco continentes, reducen de manera sustantiva el monto de los ingresos públicos que recaudan los países al mismo tiempo que merman la confianza de la ciudadanía en sus gobernantes e instituciones, afectando al compromiso de las personas con el pago de impuestos.
La disminución de ingresos tributarios conlleva en muchas ocasiones la necesidad de aumentar la presión tributaria vía imposición indirecta, sobre todo en los países en desarrollo, lo cual contribuye a consolidar sistemas impositivos regresivos. Por otra parte, al reducirse los ingresos públicos se reduce el gasto público, lo cual agranda sin remedio la brecha de desigualdad, minando la cohesión social. En este contexto, la cooperación en materia fiscal entre los distintos países, liderada por las Administraciones Tributarias, y en especial el intercambio internacional de información con fines fiscales, se revelan como estrategia fundamental de lucha contra la evasión y la elusión a gran escala.
En materia de gasto e inversión pública es necesario transitar de un enfoque ortodoxo centrado en la contención del gasto y las principales variables macroeconómicas y centrarse en un nuevo enfoque que sitúe al gasto público como palanca clave del desarrollo. En este marco el gasto público debe tener dos funciones clave, primero, potenciar la demanda interna en el contexto de la recuperación económica, y segundo, potenciar la transición de economías de bajo valor añadido a sectores industriales y de servicios con altos niveles de productividad y competitividad, y por tanto con sustantivas y generalizadas mejoras de salarios. Esta transición además debe hacerse atendiendo a tres elementos transversales de gran importancia en el nuevo marco de competitividad global, como son la digitalización, la sostenibilidad ambiental y la incorporación de las cuestiones de género.
Algunos de estos enfoques se han tratado de poner en práctica en distintos países de la región, es decir, su adopción no es un problema de falta de capacidades técnicas ni de voluntad política. Pero lo que muestra la experiencia es que existen importantes resistencias en el marco de la economía política de cada país, especialmente vinculadas a determinados sectores de poder económico y político. Superar estas resistencias exige por tanto trabajar no únicamente desde el ámbito de lo fiscal sino abordar las reformas fiscales desde una perspectiva más amplia del juego de poder en el marco de la gobernanza democrática y los nuevos pactos sociales que debe afrontar la región.
Artículo de Fernando de la Cruz, técnico de Finanzas Públicas del Programa EUROsociAL+ y Beatriz García Beltrán, técnica de Gobernanza Democrática del Programa EUROsociAL+
