Por Annabelle Moreau Santos, consultora del Programa EUROsociAL+, Área de Políticas de Igualdad de Género, Maestría en Ciencias Sociales y Asuntos Europeos.
Foto: Matías Jacobi
La desigualdad de género es un problema de carácter estructural que se puede modificar. Debe situarse en el centro de las políticas de cohesión social pues resulta clave para reducir las desigualdades socioeconómicas. Un alto grado de desigualdad social puede generar un deterioro en los niveles de cohesión. No obstante, la implementación de políticas de cohesión social no necesariamente conduce a una reducción de la brecha de género si estas no incorporan mecanismos que alteren la tendencia predominante de reproducción de las mismas, activen medidas que beneficien a las mujeres y persigan explícitamente avanzar en materia de igualdad de género. La promoción desde los poderes públicos de la igualdad de género conlleva beneficios para el conjunto de la población y aumenta el sentimiento de pertenencia y de confianza en las instituciones democráticas.
El Programa EUROsociAL+ articula su actuación en materia de cohesión social en base a la definición de este concepto: “La cohesión social es un atributo de las sociedades que implica la igualdad de oportunidades para que la población pueda ejercer sus derechos fundamentales y asegurar su bienestar, sin discriminación de ningún tipo y atendiendo a la diversidad. Desde una perspectiva individual, la cohesión social supone la existencia de personas que se sienten parte de una comunidad, participan activamente en diversos ámbitos de decisión y son capaces de ejercer una ciudadanía activa. La cohesión social también implica el desarrollo de políticas públicas y mecanismos de solidaridad entre individuos, colectivos, territorios y generaciones”[1].
Beneficios de la integración de la perspectiva de género en políticas de cohesión social
Para reducir y profundizar en las causas y posibles soluciones de las desigualdades entre mujeres y hombres, y por extensión elevar los niveles de cohesión social sin dejar de lado a las mujeres [2], las políticas públicas deben incluir el enfoque de género. Más específicamente, adoptar dicha perspectiva contribuirá:
- A reducir el déficit de inclusión económica de las mujeres que se concentran en empleos dentro de la economía informal y de menor productividad. Los índices de desempleo de las mujeres son mayores que los de los hombres, tienen un menor porcentaje de afiliación a los sistemas de protección social y mayores índices de temporalidad laboral. También necesitan mayores niveles de educación formal para acceder a un mismo empleo que un hombre y, el promedio del ingreso salarial de las mujeres es inferior al de los hombres (en América Latina es 17% menos)[3].
- A combatir los efectos derivados de la “paradoja de género de la cohesión social” en las mujeres. Este fenómeno social evidencia que las mujeres son “las principales proveedoras de cohesión social en términos de cuidados y formas de relación”, y a su vez, también son “las principales excluidas de la cohesión social en términos de igualdad de oportunidades, ciudadanía y participación”. Por lo tanto, asumen los costes del cuidado de la vida aportando un “escudo” necesario para la prevención y protección social, pero no participan de los beneficios del bienestar social en la misma medida que el conjunto de la población. Las políticas de cohesión social deberían tener en cuenta que “buena parte del gasto público se financia con el aporte de trabajo impago de las mujeres”[4]. Para que exista cohesión social es necesario actuar sobre los obstáculos que impiden el ejercicio de una ciudadanía efectiva a aquellos perfiles sociales en desventaja[5].
Medidas para potenciar la igualdad de género
Las políticas públicas deben intervenir en beneficio de todas las personas por igual y permitir su integración social:
1/ Actuando a favor de un crecimiento que aporte bienestar a una población y cuyos miembros, tanto mujeres como hombres, desarrollen un sentimiento de confianza y de pertenencia a una comunidad. Esto supone la promoción del principio de igualdad de oportunidades y no discriminación, así como la transformación de las relaciones sociales asimétricas que apuntalan distintos sistemas hegemónicos de opresión construyendo sociedades más justas.
2/ Canalizando la participación efectiva de las mujeres y contribuyendo a lo que se denomina la igualdad sustantiva (o de facto): es decir que “las personas, mujeres y hombres y la población en general puedan alcanzar el ejercicio pleno de sus derechos y que estos sean efectivos en sus vidas cotidianas” [6]. Los Estados deben remover todos los obstáculos para que la igualdad se alcance de forma efectiva (y no solamente de manera formal o de iure [7]), en los hechos y los resultados, asegurando que las desventajas asociadas a la situación de las mujeres no se mantengan.
3/ Identificando las desigualdades de género en cada contexto de intervención (geográfico y social/cultural: país/región; y ámbito de incidencia) y articulando una respuesta a las necesidades específicas para no reproducir o incluso aumentar las asimetrías existentes entre mujeres y hombres.
Ver Informe de Cohesión Social, clave para reducir las desigualdades
[1] Astelarra, J. (coord.). Género y Cohesión Social. Madrid: Fundación Carolina, 2007, p. 193
[2] Íbid. p. 13
[3] Promedio CEPAL (2016). En: https://www.cepal.org/sites/default/files/news/files/nota_18_brechas_salarios.pdf
[4] Ibid., pp. 23-24
[5] Op. Cit. Cohesión social en América Latina y el Caribe: una revisión perentoria de algunas de sus dimensiones, p. 6
[6] Tejiendo confianza para la cohesión social. Madrid: EUROsociAL, 2019, pp.88-89
[7] Igualdad formal o de iure: se refiere a la adopción de leyes y políticas públicas que promueven la igualdad ante la ley de hombres y mujeres.
