El trabajo infantil constituye una de las formas más extendidas de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes en América Latina. Varios millones de niñas y niños más se encuentran en situación de riesgo de trabajo infantil debido a los efectos de la COVID-19
Foto: Tyler Lagalo
El deterioro de los indicadores sociales y particularmente del mercado de trabajo lleva a que niños, niñas y adolescentes carguen con el mayor costo de la pobreza y que en muchos casos provean la mano de obra sustituta o complementaria para cubrir las necesidades de los hogares.
La complejidad del fenómeno responde a múltiples determinantes y particularidades. Entre los primeros, se reconocen principalmente factores económicos, políticos y culturales. Entre las particularidades, se distingue la “invisibilidad” del trabajo infantil y adolescente vinculada a actividades ocultas como el trabajo doméstico intra y extra hogar o el que se desarrolla en la producción para autoconsumo, entre otras. También, la creciente “tolerancia o naturalización” del problema que reproduce ideas asociadas a la inevitabilidad de la pobreza o al valor formativo del trabajo (aprender haciendo), y por último, la “negación” de quienes contratan a niñas/os y resisten la sanción social o legal.
Generalmente se determina como trabajo infantil a toda actividad económica y/o estrategia de supervivencia, remunerada o no, realizada por niñas y niños por debajo de la edad mínima de admisión al empleo o trabajo, o que no han finalizado la escolaridad obligatoria o que no han cumplido los 18 años si se trata de trabajo peligroso. Ello, en el marco de la doctrina de protección integral de derechos que establece la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, dando cumplimiento a los Convenios de la OIT Nº 138 sobre Edad Mínima de Admisión al Empleo y el Nº 182 sobre Peores Formas de Trabajo Infantil y de la Meta 8.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas [1].
Ahora bien, la conceptualización sobre trabajo infantil ha ido cambiando y no es homogénea, en cada momento histórico han tenido lugar distintas formas de regular y legislar sobre el mismo. Principalmente, los debates sobre la definición del problema han girado en torno a sus alcances y a sus formas de intervención.
Una primera aproximación al trabajo infantil lo homologa con el trabajo adulto y por lo tanto con las formas de protección que deberían contemplarse. Sin embargo, la participación de niños, niñas y adolescentes en actividades económicas y no económicas compite con la escolaridad y con el disfrute pleno de sus derechos. La inserción temprana en el mundo del trabajo compite claramente con la permanencia y el rendimiento en la escuela, afectando los logros escolares y las posibilidades futuras para la inserción en empleos de calidad. El trabajo infantil alimenta el círculo vicioso de la pobreza.
En algunos países se considera como trabajo infantil también a las tareas domésticas intensas que se realizan al interior del propio hogar y que, por su amplia dedicación horaria, compiten con el descanso y una adecuada escolaridad. Este trabajo infantil se diferencia del trabajo doméstico realizado en casas de terceros o empleadores, con o sin remuneración. De esta manera se captan a niñas que son madres adolescentes y a las que reemplazan a su madre, cuando esta sale a trabajar, en el cuidado de hermanos menores y otras tareas domésticas.
¡Alerta!
La lucha mundial contra el trabajo infantil se ha estancado desde el año 2016, los progresos mundiales en la lucha contra el trabajo infantil se han ralentizado por primera vez en los últimos 20 años. A ello se suma el impacto que tiene la COVID-19 que amenaza con seguir erosionando los avances mundiales en la lucha contra el trabajo infantil a menos que se adopten medidas urgentes de mitigación de la pobreza.
Actualmente más de 160 millones de niñas, niños y adolescentes trabajan en todo el mundo; 8,2 millones en América Latina y el Caribe y 3,8 millones en Europa. Casi la mitad de niños, niñas y adolescentes de todo el mundo -79 millones- realizan trabajos peligrosos que ponen directamente en peligro su salud, seguridad y desarrollo moral La mayoría de niños y niñas en trabajo infantil lo hacen en su propia unidad familiar. El trabajo infantil es más frecuente entre los niños que entre las niñas en todas las edades, aunque con mayor prevalencia femenina en las actividades domésticas. Estos datos surgen del nuevo Informe global Trabajo infantil: Estimaciones mundiales 2020, tendencias y el camino a seguir de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y UNICEF [2].
Varios millones de niñas y niños más se encuentran en situación de riesgo debido a la COVID-19. Se estima el incremento en 9 millones de niñas, niños y adolescentes que trabajan, si los gobiernos no reaccionan de manera inmediata a los efectos de la pandemia. La crisis económica desatada por el COVID-19 puso en evidencia la enorme fragilidad de las condiciones de vida de las y los trabajadores y sus familias (alta informalidad, desempleo, bajos salarios y precarización laboral).
Una reconstrucción más justa y equitativa
El trabajo infantil sólo podrá erradicarse con más y mejores políticas públicas y haciendo un llamamiento a todos los actores a ejercer un rol responsable y proactivo que implique un mayor apego a la ley.
Las políticas de recuperación económica y productiva post pandemia no pueden dejar de lado la prevención y erradicación del trabajo infantil y la protección del trabajo adolescente. Es por eso prioritario que se impulse un modelo de protección de derechos y que su implementación se articule con el desarrollo económico, la redistribución de la riqueza, el trabajo decente para las y los adultos, la atención de los cuidados y la inclusión social. Ese es el marco principal para enfrentar el problema.
Las políticas macroeconómicas contribuyen así tanto a la recuperación del empleo y de la calidad del mismo como al fortalecimiento del sistema de seguridad y protección social de los países.
En el Plan de acción del Pilar Europeo de derechos sociales destaca la importancia de garantizar el acceso de los niños a los servicios, como la educación y el cuidado de la primera infancia, y la meta de sacar al menos a 5 millones de niños de la pobreza para 2030. Compromisos suscriptos recientemente en la Cumbre de Oporto (mayo 2021). Por otro lado, en junio de este año se aprobó la Garantía Infantil para niños vulnerables con el fin de garantizar a los niños necesitados: “a) un acceso efectivo y gratuito a la educación infantil y atención a la primera infancia de alta calidad, a la educación y las actividades escolares, a una comida sana, como mínimo cada día de escuela, y a la asistencia sanitaria; b) un acceso efectivo a una alimentación sana y a una vivienda adecuada.”
En América Latina se viene trabajando en la expansión de medidas de apoyo a los ingresos de las familias pobres, el incremento de la formalización laboral, el fortalecimiento de las áreas de fiscalización comprometidas en el control y sanción involucrando y comprometiendo a sindicatos y empleadores en la lucha contra el trabajo infantil. Instaurando nuevas herramientas como: la incorporación de cláusulas en la negociación colectiva, los convenios de corresponsabilidad gremial en materia de seguridad social y regulaciones sobre condiciones de trabajo para trabajadores agrarios, cíclicos y estacionales, mecanismos específicos para abordar los riesgos de trabajo infantil en las cadenas de suministro nacionales y mundiales.
Por otra parte, en la intersección del trabajo intra y extra hogar y la crisis del cuidado se visualiza con mayor urgencia la ausencia o insuficiencia de espacios de cuidado y educación infantil. Resolver este problema es fundamental para pensar en términos de promoción y protección de derechos de niños, niñas y adolescentes como también de equidad de género, puesto que el acceso a espacios de cuidado y educación infantil (adecuados, accesibles y próximos) evita que la responsabilidad del ‘hacerse cargo’ de los hermanos/as menores (o familiares dependientes) recaiga sobre los hermanos/as con mayor edad, con prevalencia en las niñas y adolescentes.
Los recientes avances en la formalización del trabajo doméstico constituyen un punto de partida para regularizar también la situación de las adolescentes que trabajan en casas de terceros. Esto implica identificar, prohibir y erradicar las modalidades de trabajo doméstico que, debido a su índole o a las circunstancias en que se practiquen, podrían dañar su salud y seguridad.
En fin, son muchos y variados los desafíos, pero todos importantes.
Desde el Programa de la Unión Europea EUROsociAL+ se viene apoyando a los países de América Latina en la mejora de políticas públicas de formalización laboral (Perú, República Dominicana), de consolidación de sistemas de cuidado (Argentina, Brasil, Costa Rica, Paraguay y Uruguay), de formalización del trabajo en casas particulares (Perú) y de erradicación del trabajo infantil (Ecuador y Perú).
Artículo elaborado por Virginia Tedeschi, técnica Cono Sur, Área de Políticas Sociales, Programa de la Unión Europea EUROsociAL+. Abogada (UBA), Magister en Políticas Públicas y Género (PRIGEPP/FLACSO)
[1] Meta 8.7 ODS. Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas contemporáneas de esclavitud y la trata de personas y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados, y, de aquí a 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus formas.
[2] https://data.unicef.org/resources/child-labour-2020-global-estimates-trends-and-the-road-forward/
