El derecho a la protección social fue el tema de un nuevo ciclo de debates "Contrapuntos Chile-UE para el proceso constituyente". Robert Bijl, presidente del Consejo de Supervisión de Humanitas, y Ana Mohedano, vicesecretaria general de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), coincidieron en que la realidad de cada país es determinante para generar las transformaciones sociales.
Foto: Ignacio Amenábar
Con dos destacados expertos/as europeos del programa EUROsociAL de la Unión Europea, se desarrolló el miércoles 4 de agosto, el quinto debate en el marco del ciclo «Contrapuntos Chile-UE para el proceso constituyente».
La discusión giró en torno al derecho a la protección social, con un análisis a dos materias que hoy están en las prioridades de la agenda pública: la propuesta de una Renta Básica Universal o Ingreso Básico Ciudadano y la reforma previsional, con iniciativas que buscan terminar o poner límites al actual sistema de AFP.
El primero en exponer fue el sociólogo de Países Bajos, Robert Bijl, presidente del Consejo de Supervisión de Humanitas, organización de inserción y vida activa de personas con discapacidad. «El camino a una renta básica es incierto mientras no se aborden todos los aspectos de la realidad de cada país», puntualizó el también PhD en Sociología y ex director adjunto del Social Cultural Plan Bureau (SCP).
Si bien destacó puntos positivos de su implementación, el experto aseguró no estar de acuerdo con una Renta Básica Universal en Países Bajos, porque esto podría generar una mayor desigualdad, considerando su robusto Sistema de Bienestar. «Hay que aplicar un enfoque de la equidad, es decir, dar al que menos tiene y no a todos por igual», señaló.
Como alternativa el investigador planteó, por ejemplo, un sistema que garantice la protección de los ingresos y una mayor calidad de vida para los más vulnerables; invertir en el sector público con mejores puestos de empleo; y que el gobierno ofrezca un trabajo básico, social, significativo y digno a todos los que quieran.
«Para Holanda no estoy de acuerdo con una renta básica, pero para Chile probablemente sea una buena medida», concluyó.
Solidaridad como principio básico
La vicesecretaria general de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), Ana Mohedano Escobar, se refirió a las virtudes de un sistema previsional basado en los principios de la seguridad social, mirado desde la protección de ingresos a la vejez.
«Creo que tenemos que darle una importancia especial a la protección de estos ingresos, ya que se trata de un indicador clave para medir el desarrollo social de un país porque las personas mayores son un colectivo que puede estar en riesgo de vulnerabilidad», enfatizó la Licenciada en Derecho y en Ciencias Políticas y de la Administración.
En ese sentido, la experta española agregó que, de acuerdo a datos de la OISS, en Chile casi el 70% de las personas jubiladas recibe pensiones que son inferiores al salario mínimo y más del 40% estaría por debajo de la línea de la pobreza.
Para la Máster en Dirección y Gestión de los Sistemas de Seguridad Social, la idea de solidaridad en el sistema de previsión social chileno, puede ser «un aporte enorme para mejorar la situación de las personas adultas mayores en el país».
Consultada respecto a cuál de los sistemas europeos es capaz de responder a los desafíos actuales, la experta española indicó que no existe una única respuesta a esta pregunta. «Los sistemas previsionales son más bien trajes a medida, que tienen que estar ajustados a la situación y realidad concreta de un país», remarcó.
Sin embargo, subrayó que un mejor sistema previsional, a su juicio, debe responder a tres criterios básicos: universalidad, sostenibilidad y garantizar una vida digna.
«Podemos tener lecciones que aprender de las distintas realidades, pero cada país, de acuerdo a su propia realidad, va a tener que encontrar el modelo que le ajusta más», apuntó la investigadora del Centro de Estudios del Futuro, Clarisa Hardy, experta en políticas sociales y ex ministra de Desarrollo y Planificación, quien intervino como moderadora.
La instancia, además, contó con la participación de Pablo Navarro, estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad de Concepción, quien enfatizó en el hecho de que “dentro de los cambios estructurales que la ciudadanía ha exigido en el último tiempo, una reforma estructural es la que se refiere al sistema de protección social, siendo probablemente parte de las transformaciones que ocurrirán en nuestro país, sobre todo considerando el marco del proceso constituyente actual que estamos viviendo en Chile”.
El objetivo de estos encuentros es generar espacios de discusión sobre las diversas experiencias de los países europeos en relación a temas que abordará la Convención Constitucional, como desafíos económicos, sociales y políticos.
Esta actividad se realiza en el marco del Foro Chile-Unión Europea para el proceso constituyente, organizado por la Delegación de la Unión Europea en Chile, junto con el Programa EUROsociAL+, LEXEN, el Centro Interfacultades de Derecho, Economía y Negocios de la Universidad de Chile, el Centro de Estudios del Futuro de la Universidad de Santiago, y el Programa de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción, con la colaboración del Diario El Mostrador.
Fuente: Carolina Reyes / Archivo. Universidad de Santiago de Chile
