La Declaración "El acceso a la justicia como elemento indispensable para afrontar las desigualdades a propósito del impacto del COVID-19" fue suscrita en Valparaíso por representantes de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB), la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP) y la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF). Con esta declaración culminaron tres días de intenso debate e intercambio sobre los nuevos pactos políticos y sociales necesarios en América Latina, en un evento con más de 100 representantes de instituciones y personas expertas en gobernanza convocado por el programa de cooperación de la Unión Europea EUROsociAL+.
Foto: Firma de la Declaración
Sin justicia no hay derechos. Sobre esta premisa aparentemente sencilla se basa la declaración conjunta firmada en Valparaíso por las principales redes de instituciones de justicia de la región. Las redes firmantes, que representan a 23 países de la región reconocieron que la COVID ha exacerbado la pobreza y las desigualdades para acceder de forma eficaz a sistemas de justicia directamente impactados por la pandemia, en un contexto en el que la demanda de justicia está aumentando por el incremento de asuntos y se ha modificado generando nuevas necesidades. Urge por tanto el desarrollo de una Estrategia Regional Iberoamericana de Acceso a la Justicia que facilite la articulación de Planes Nacionales de Acceso a la Justicia en los países, e impulsar la aplicación de las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia. Las redes firmantes reclaman que el acceso a la justicia siga siendo una línea prioritaria para la cooperación internacional a fin de garantizar sociedades inclusivas y la exigibilidad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
Mujeres y niñas necesitan más que nunca un acceso efectivo y seguro a la justicia
“Especialmente acuciante es el caso de mujeres y niñas, ya que la pandemia ha intensificado la violencia contra ellas tanto dentro como fuera del hogar, y se han multiplicado los obstáculos para que puedan llegar hasta los servicios de justicia o aplicar las medidas de protección. Esta situación hace más necesarias que nunca medidas específicas para ellas dentro de la justicia formal, pero también a través de otros mecanismos alternativos de resolución de conflictos o de la justicia restaurativa”, aseguró Paola Andrea Jhon Martínez, secretaria General Adjunta de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos-COMJIB.
Necesidad de garantizar mecanismos efectivos de acceso a justicia para las personas en situación de movilidad
Carlos Mora Jano, Defensor Nacional de Chile y Secretario General de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas-AIDEF destacó las necesidades especiales de las personas migrantes y refugiadas: “en los últimos años ha aumentado exponencialmente la necesidad de mecanismos efectivos de acceso a justicia para las poblaciones en situación de movilidad en un momento de migraciones masivas en la región sin precedentes en el último siglo”.
Digitalización: una oportunidad pero también una brecha más
Aunque la pandemia ha acelerado el uso de la tecnología, fomentándose la relación telemática de las personas con la justicia, en actos orales (juicios telemáticos) y escritos (presentación de escritos y realización de trámites de forma electrónica o digital) o teletrabajo “el uso de medios tecnológicos también tiene, a pesar de sus múltiples ventajas, un impacto negativo en el acceso a la justicia de algunos sectores de la población: la digital es una brecha adicional que hay que abordar urgentemente”, declaró Xavier Armendáriz Salamero, Fiscal Nacional Subrogante de la Fiscalía Nacional de Chile y presidente de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos-AIAMP.
En el acto inaugural del miércoles pasado, Stella Maris Martínez, Defensora General de la Nación de Argentina y Coordinadora General de la AIDEF celebró la firma de esta Declaración: “es un honor para la AIDEF suscribir este documento relevante para la región, junto a otras Redes que también tienen un gran protagonismo en garantizar el efectivo acceso a la justicia de todas las personas”.
Por su parte Anna Terrón, directora de la FIIAPP -la entidad de la cooperación española especializada en la promoción de sistemas públicos mediante el intercambio de conocimiento entre instituciones- recordaba durante el evento de EUROsociAL+ que el acceso equitativo a la justicia por parte de todas las personas “es uno de los pilares del Objetivo de Desarrollo Sostenible nº 16 y es un derecho llave para hacer efectivos otros derechos sociales y económicos, por lo que ha de estar en el corazón de los nuevos pactos de la región”.
Tres días para esbozar nuevos pactos en América Latina
Con la firma de esta declaración culminaron tres intensos días de trabajos en los que más de 100 responsables de políticas públicas e instituciones de América Latina y Europa se congregaron en Valparaíso (Chile) en el encuentro anual EUROsociAL+, programa de cooperación de la Unión Europea con América Latina. La transparencia y el acceso a la información, la fiscalidad redistributiva y la lucha contra la corrupción, la necesidad de territorializar las políticas públicas y el acceso a la justicia son los cuatro ejes sobre los que se articuló este encuentro que ha pretendido poner el marco político para una recuperación inclusiva, fortaleciendo la democracia en la región.
