El estudio analiza cómo se vio afectado el derecho de acceso a la información pública en los primeros momentos de la pandemia, así como los esfuerzos realizados desde la institucionalidad y desde la sociedad civil para restablecer la normalidad.
Al igual que el uso de la mascarilla o el lavado de manos, la transparencia se ha convertido en una medida de prevención más. La ciudadanía ante la pandemia ha reclamado información sobre lo que estaba sucediendo, las medidas que había que aplicar para evitar la propagación del virus y cuál es el estado de su país en relación con el resto del mundo.
Por ello, el programa EUROsociAL+ de la Unión Europea, a solicitud de la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA), que engloba a los órganos garantes de 17 países de América Latina y España, ha realizado el estudio “Transparencia, el acceso a la información y la protección de datos personales ante la emergencia sanitaria COVID-19” que ha sido presentado hoy en un webinario internacional.
El informe analiza la respuesta de los órganos garantes del derecho a la información en América Latina, identifica algunas medidas que han tenido un mayor impacto en torno a la garantía del acceso a la información en las emergencias y recoge una serie de recomendaciones para fomentar que el acceso a la información pueda ser un derecho llave para acceder a los servicios de salud en el contexto de una emergencia sanitaria. Además, reflexiona sobre qué medidas son más eficaces para prevenir los riesgos de corrupción en las compras públicas en situaciones de emergencia debido a los procedimientos de urgencia de respuesta a la pandemia.
“Si ya antes de la pandemia en muchos ámbitos solíamos decir que el derecho al acceso a la información pública salva vidas, y lo invocábamos como un derecho instrumental para la tutela de otros como puede ser el derecho a la salud, con la pandemia esto se ha vuelto patente: necesitamos información para cuidarnos mejor y para cuidar mejor a los nuestros” asegura Gabriel Delpiazzo, presidente de la RTA
Tal y como explica Delpiazzo, durante los primeros momentos de la pandemia se vio restringido o incluso amenazado el derecho a la información. “Después, sobre la marcha, ya fuera porque los organismos iban incorporando los medios técnicos necesarios o por la presión que ejerció la ciudadanía exigiendo la información que no se estaba difundiendo, se fue mitigando esa amenaza”. Además, según sostiene Delpiazzo, también ha habido una restricción en materia de transparencia activa en la difusión diaria de datos epidemiológicos. “La situación de América Latina ha sido bastante dispar; hubo países que cumplieron diariamente con su labor de difundir la información y otros que tuvieron algún intento de restringir la información o, lo que es peor aún, de aportar información parcial. De nuevo aparecen la ciudadanía y las redes sociales, que con sus reclamos lograron revertir este tipo de prácticas que, lejos de legitimar a las instituciones, las deslegitiman notablemente” asegura.
La opacidad se tradujo también en problemas en otros ámbitos, sobre todo en las compras de emergencia de material sanitario “esta situación, desafiante y agitada, ha abierto paso a políticas públicas innovadoras en materia de contrataciones, apoyos sociales, acceso a servicios de salud, entre otros esquemas que buscan difundir información útil y fidedigna entre nuestras sociedades” subraya Blanca Lilia Ibarra Cadena, Secretaria Ejecutiva de la RTA.
Por último, y ante la amenaza general, se destaca que “la información permite a la ciudadanía participar con sus autoridades de una manera concertada en las acciones que permitan responder a la emergencia y, en un segundo momento, actuar en las fases de recuperación” asegura Ibarra.
En opinión de Laure Rogès, Gestora de Programa en la Dirección para América Latina de la Dirección General para Asociaciones internacionales de la Comisión Europea, “un aspecto muy positivo de esta pandemia es que ha evidenciado cómo de fuerte es la comunidad global por la transparencia y el gobierno abierto, incluyendo a la sociedad civil, a las entidades garantes y a algunos gobiernos, sobre todo en América y Europa. Por ello seguiremos trabajando para mantener este dialogo público e intercambios de experiencias sobre cómo abordar los retos y problemas en el ejercicio del derecho de acceso a la información en un contexto extraordinario, como es el de la pandemia actual”.
