Por una sociedad paraguaya más inclusiva y equitativa

A pesar de los progresos sociales en materia de reducción de pobreza y en mejoramiento de acceso a prestaciones sociales, Paraguay siendo uno de los países más desiguales en la región -América Latina- más desigual del planeta. El debate sobre la protección social es una exigencia ineludible en una sociedad que quiere avanzar hacia mayores grados de justicia social y que quiere evitar conflictos y violencia que amenacen la institucionalidad y la calidad de su democracia. Pero también es una condición para el progreso económico al que aspira el país y que sólo será tal si lo entiende como progreso humano, en una sociedad inclusiva y con mayor bienestar justamente distribuido.

Respondiendo a esta oportunidad histórica que tiene Paraguay de avanzar en inclusión social como base de su desarrollo, el Gabinete Social tomó la iniciativa de dialogar una propuesta participativa de protección social que ha culminado con el diseño de una política pública que ha llegado a su fase de implementación en todas las regiones del país. El compromiso político es pleno como reafirmaron el presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez, y todo su gabinete ministerial, entre los que se encontraban los ministerios implicados en esta política: Gestión Pública, Desarrollo Social, Salud, Empleo y Seguridad Social, Hacienda, Mujer y Obras Públicas.

En este reto, Paraguay no está solo. Así como la experiencia de otras naciones latinoamericanas es una fuente de aprendizajes y transferencia de buenas prácticas en diversas áreas de la protección social, también la cooperación internacional, especialmente la proveniente de la Unión Europea a través del programa EUROsociAL+, es una oportunidad de enriquecimiento de propuestas, miradas y capacidades técnicas que se ponen a disposición de esta tarea trascendente para los destinos de nuestra nación.

El Sistema de Protección Social consiste en articular, desde la perspectiva de los derechos ciudadanos y a lo largo del ciclo de vida, las estrategias de intervención del conjunto del sector público. Se trata de organizar, desde los niños y niñas, desde los jóvenes de ambos sexos, desde los y las trabajadores, desde los adultos mayores mujeres y hombres, el quehacer multiplicador de todas las políticas y servicios públicos que son pertinentes.

Se ha avanzado en la concepción de una protección social universal que integra las dos dimensiones o pilares de la protección social, contributiva (seguridad social) y no contributiva (políticas y programas focalizados, pero también, como aspecto fundamental, los servicios de cuidado para personas dependientes -adultos mayores, discapacidad, niñez), con la finalidad de progresar en inclusión social. Se suma a esta perspectiva lo relacionado con la regulación del mercado laboral. Es decir, con el propósito de:

• Mejorar las condiciones básicas de calidad de vida.
• Mitigar los daños derivados de los riesgos sociales.
• Facilitar el acceso a oportunidades a lo largo del ciclo de vida.

A eso convocan también los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que Paraguay ha ratificado, cinco de los cuales hacen referencia explícita a la implementación de políticas de protección social, con exigentes metas al 2030.

El Estado paraguayo, como garante de derechos universales, deberá tender a universalizar la protección social y transformarla en un derecho exigible. Ello supone que la protección social esté regida por los principios de gradualidad y progresividad: no se pueden abordar de una vez todos los derechos y su avance debe ser gradual, pero por otra parte no se pueden disminuir y menos eliminar derechos adquiridos. Lo anterior, supone otro principio ineludible, el compromiso de destinar el máximo de los recursos disponibles para llegar con la mayor rapidez y eficiencia a la plena efectividad de los derechos.

El Sistema de Protección Social consiste en articular, desde la perspectiva de los derechos ciudadanos y a lo largo del ciclo de vida, las estrategias de intervención del conjunto del sector público. Se trata de organizar, desde los niños y niñas, desde los jóvenes de ambos sexos, desde los y las trabajadores, desde los adultos mayores mujeres y hombres, el quehacer multiplicador de todas las políticas y servicios públicos que son pertinentes

La implementación de esta visión implica un esfuerzo muy grande de gestión e institucionalidad que, fortaleciendo la capacidad de acción de cada Ministerio y Secretaría, supere al mismo tiempo las dificultades de dichas instancias para el trabajo intersectorial, inscripto éste en un marco de política pública común.