El Programa de la UE EUROsociAL+, a través del Área de Gobernanza Democrática coordinada por FIIAPP, promueve una respuesta integral para garantizar la protección de las personas en situación de movilidad humana en los países latinoamericanos.
Cúcuta. Frontera Colombia-Venezuela / CIDH
La pandemia de la COVID-19 ha llevado a un agravamiento de las vulnerabilidades de las personas migrantes y refugiadas en América Latina que partían ya de un contexto muy difícil por la crisis migratoria venezolana y centroamericana. El fenómeno migratorio se mantendrá, e incluso incrementará, en las próximas décadas, especialmente en la etapa post-COVID, tal y como señala el diagnóstico Acceso a la justicia de personas en contexto de movilidad humana realizado por el programa de la Unión Europea. Y las Defensorías Públicas son instituciones que pueden marcar la diferencia en este escenario crítico para garantizar el acceso a la justicia y la protección de los derechos humanos de este colectivo.
Por ello la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF) con el apoyo de EUROsociAL y bajo el impulso de la Defensoría Pública de la Unión de Brasil y la Defensoría Penal Pública de Chile, ha trabajado este último año en una propuesta para la creación de una Red y un Modelo regional de asistencia jurídica a personas en situación de movilidad que fue presentado el pasado diciembre a los máximos responsables de las Defensorías de la región.
Tal y como subrayó en su presentación la Directora General de FIIAPP, Anna Terrón, “las personas en situación de movilidad no tienen por qué ser personas especialmente pobres o vulnerables, sino que están en un recorrido que a la vez es una promesa de empoderamiento y mejora”. Pero este tránsito conlleva muchísimos riesgos y, tal y como indica el Pacto Global para la Migración, uno de ellos es el de “quedar en un espacio en que el acceso a la justicia se dificulta de forma notable y te mantiene al margen de ese sistema que es nacional”, explica Terrón. “Estamos haciendo algo muy importante ampliando este marco nacional a uno regional que permita la no perdida de sus derechos y la capacidad para que estos hombres, mujeres y niños puedan abordar su propia existencia y darle un sentido a sus propias vidas”, añadió.
Para el Secretario General de AIDEF, Andrés Mahnke “no hay un ámbito en nuestra historia actual que vaya a tener más trascendencia que el fenómeno migratorio. Y escenarios complejos necesitan medidas complejas, extraordinarias y de protección integral para impactar en los derechos y en dignidad de las personas”.
Los expertos, Juan Jiménez y Carmen Miguel, destacaron que el objetivo del Modelo es orientar la forma en que las defensas públicas de la región darán cumplimiento a la normativa internacional de derechos humanos para mejorar el acceso a la justicia para este grupo de población. Por su parte, la Red de asistencia jurídica para migrantes, que estaría integrada en AIDEF, sería un espacio donde los países puedan compartir e intercambiar información en casos concretos, entre otros aspectos.
El Modelo recoge una tabla de identificación de vulnerabilidades asociadas al fenómeno migratorio -como es la condición de las y los menores no acompañados, mujeres víctimas de violencia de género o trata, o posibles solicitantes de asilo o refugio- que requieren un análisis jurídico sobre las normas que les protegen y protocolos de derivación que deben ser activados para protegerlos.
En opinión de Sonia González, Coordinadora del Área de Gobernanza Democrática “este modelo y esta red contribuyen a mejorar la gobernanza de la migración regional e internacional y a fortalecer el vínculo entre migración y desarrollo como así ha sido puesto de manifiesto tanto por la Relatora especial sobre los derechos de las personas migrantes de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, Julissa Mantilla, como por el Relator Especial sobre los Derechos Humanos de los Migrantes de Naciones Unidas, Felipe González, con quien hemos mantenido reuniones para compartir puntos de vista”.
Por su parte, la Responsable de la Línea de Justicia Inclusiva del programa, María Luisa Domínguez informó de que el programa de la Unión Europea abre ahora un periodo para recepción de demandas por parte de los países para implementar el modelo regional a nivel nacional y que serán priorizadas por parte del Comité de EUROsociAL+.
La Coordinadora General de AIDEF, Stella Maris Martínez, realizó una afectuosa despedida a Andrés Mahnke, quien finaliza en los próximos días su mandato al frente de AIDEF y de la Defensoría Nacional de Chile y al que agradeció “su excelente desempeño y la proyección internacional que ha aportado a la asociación”.
