La quinta Mesa del ciclo de webinarios “Diálogos Chile-Unión Europea” sobre Desarrollo y Sustentabilidad, abordó la promoción del Estado del desarrollo sustentable y los derechos vinculados al desarrollo económico sostenible que se han considerado temas claves para el proceso constituyente chileno.
Foto: Jairo Zambrano
El proceso de redacción de una nueva Constitución en Chile ofrece una oportunidad única de promover un modelo de sostenibilidad que se constitucionalice en busca de un equilibrio entre economía y medioambiente, preservando los recursos del país, impulsando el mercado de trabajo y la cohesión social.
Para nutrir y fomentar este diálogo y compartir experiencias, la Delegación de la Unión Europea en Chile, la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile, la Agencia Chilena de Cooperación Internacional-AGCID y la Biblioteca del Congreso Nacional, con el apoyo del programa EUROsociAL+ de la Unión Europea, han realizado dos sesiones sobre “Desarrollo y Sustentabilidad”. Este ciclo de webinarios forma parte del “Foro Chile-Unión Europea”, en el marco del proceso constituyente, con el que se pretende intercambiar experiencias europeas tanto sobre el mismo proceso, como sobre contenidos esenciales tales como la cohesión social, el acceso a un sistema de bienestar o la garantía de los derechos fundamentales, mostrando los aprendizajes de las Constituciones europeas desde su diversidad.
El Diputado y Presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputadas y Diputados, Ricardo Celis, quien participó en la inauguración de la primera sesión el pasado 25 de mayo, destacó que lograr el equilibrio para reactivar la economía preservando los recursos naturales “será uno de los principales temas que deberán desarrollar los y las convencionales”. Esto, para que la Carta Magna consigne un modelo de desarrollo que integre “una perspectiva de cohesión social, de inclusión, de enfoque género y el respeto a las costumbres de nuestros pueblos originarios” y que tome en cuenta “la escasez de recursos hídricos y la falta de una normativa que los regule”.
La primera sesión, sobre “La promoción por el Estado del desarrollo sustentable: modelo económico y cohesión social”, contó con la participación de Fernando López Ramón, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza, España. El experto europeo afirmó que, frente al modelo económico vigente, lo que postula la sostenibilidad es tomar en consideración el deterioro sufrido por los bienes comunes, en particular, por la naturaleza. De ahí que su propuesta, que parte de la distinción entre derechos ambientales y principios de desarrollo sostenible, sería la adopción de un “Estado social y sostenible o ecológico de Derecho”, aunando los avances sociales conseguidos hasta ahora a los conocidos como derechos ambientales, sostenibles o ecológicos.
Kerstin Krellenberg, directora del grupo de Estudios Urbanos de la Universidad de Viena, Austria, coincidió con López Ramón en que “la vida de nuestra sociedad contemporánea necesita realmente grandes cambios y transformaciones de forma rápida” para hacer frente a los problemas ambientales actuales, que ya impactan de forma importante nuestra vida y a los que se suman otros retos como el demográfico o digital. Sostuvo que un paso importante podría ser “anclar el tema de la sustentabilidad en la Constitución”, en cuanto tema trascendente por la propia variedad de los actores que intervienen en la integración de las perspectivas afectadas, y que habrán de contribuir a un desarrollo sostenible de futuro.
Marcelo Mena-Carrasco, ex Ministro de medio ambiente, afirmó que el antropocentrismo y el individualismo que guían a la Constitución actual han llevado no solo a la crisis climática sino a una importante pérdida de la biodiversidad. El ser humano ha cambiado la faz de la tierra y la ciudadanía asume esta crisis como algo fundamental, mostrándose el pueblo chileno favorable a una Constitución ecológica o con elementos verdes, como así lo demuestra el elevado número de convencionales que llevan estos temas en sus propuestas.
Por su parte, Pamela Poo Cifuentes, directora de Incidencia y Políticas Públicas de la Fundación Chile Sustentable, puso sobre la mesa la necesidad ineludible de tomar como contexto “la crisis climática y ecológica en que nos encontramos”. Reivindicó la necesidad de que la nueva Constitución “no sea exclusivamente antropocéntrica” ya que, a su juicio, “la naturaleza puede erigirse en ocasiones como sujeto de derechos”. Además, subrayó que la efectividad de la protección ambiental necesita de “la descentralización territorial y la plurinacionalidad” que pueda establecer al efecto la Constitución.
En la segunda sesión, que fue inaugurada por el diputado Sebastián Álvarez, miembro de las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputadas y Diputados, se debatió sobre los derechos vinculados al desarrollo económico sustentable que establezca la nueva Constitución.
Tal y como apuntaron los y las expertas, la sostenibilidad versa sobre una multiplicidad de facetas, lo que hace aún más complejo el acuerdo o equilibrio sobre el que debe erigirse. Entre ellas, en esta sesión, se abordaron dos perspectivas específicas: la relacionada con el impulso tecnológico y el reconocimiento del derecho al libre desarrollo de la personalidad y los derechos fundamentales relacionados con la información, de la mano de Joe Cannataci, catedrático y director del Departamento de Política y Gobernanza de la Información en la Facultad de Ciencias de los Medios y el Conocimiento, Universidad de Malta y actualmente relator Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Privacidad. Por otra parte, se trató sobre la problemática planteada por los retos climático y energético, a cargo de Miren Sarasíbar Iriarte, profesora Titular de Derecho Administrativo de la Universidad Pública de Navarra, España, para quien el cambio climático es “uno de los principales riesgos potenciales para la salud humana en la globalidad del planeta junto con la pobreza y el hambre”, siendo obligada la intervención del ordenamiento jurídico “para controlar y reducir esas cuotas de contaminación tan altas”.
Además, participaron en el debate los expertos chilenos Pablo Badenier Martínez, biólogo Marino y ex ministro del Medio Ambiente, y Francisco Agüero Vargas, director del Centro de Regulación y Competencia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.
El ex ministro del Medio Ambiente, profundizó en las características que deben poseer las políticas públicas concretas que se adopten y busquen incidir en la sustentabilidad, donde destacó como elementos centrales la descentralización y la participación. Asimismo, refirió a la inclusión de nuevos actores en el debate, como ocurre con el sector productivo, en tanto, sostiene no puede entenderse que la deliberación sobre los temas de sustentabilidad sea privativo de ciertos sectores como el medioambiental.
Por su parte, Francisco Agüero, hizo mención a los abusos que perjudican la sustentabilidad y cómo un mayor control público y privado podrían, en una futura Constitución, contribuir a paliarlos. En este sentido, propuso la inclusión en el nuevo texto constitucional de mayores instancias de participación, de mecanismos de tutela efectivos (no necesariamente judiciales) y el reconocimiento formal como derecho fundamental del derecho de protección de consumidores y usuarios.
