El Programa de la UE EUROsociAL+, a través del Área de Políticas de Gobernanza Democrática en FIIAPP, promueve una respuesta integral para garantizar la protección de las personas migrantes ante el aumento masivo de la migración
Jueces y juezas y personal al servicio del Poder Judicial de Chile participaron el 8 y 10 de septiembre vía online en un taller para la presentación del Protocolo para el Acceso a la Justicia para Personas Migrantes elaborado en el marco del Programa EUROsociAL+ de la Unión Europea.
El taller fue impartido por las expertas de EUROsociAL+, Carmen Miguel Juan y Macarena Rodríguez, quienes además participaron en la elaboración del protocolo. Este instrumento propone al Poder Judicial reglas de actuación y mecanismos de tutela efectiva que aseguren una mayor protección en el acceso a la justicia de las personas migrantes en Chile. Tal y como explicaron las expertas, el Protocolo recoge la normativa internacional de derechos humanos, la normativa nacional aplicable a personas migrantes e incluye las resoluciones de carácter administrativo. También desarrolla el principio de igualdad y la prohibición de discriminación. Finalmente incluye una serie de recomendaciones para jueces y funcionarios judiciales a la hora de interactuar con personas migrantes, refugiadas y extranjeras.
La inauguración del taller estuvo a cargo del presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva quien destacó el compromiso asumido por el Poder Judicial al «promover el acceso efectivo y oportuno a la justicia como un eje de su actividad, generando herramientas para conseguir dicho fin, especialmente tratándose de grupos y personas en situación de vulnerabilidad, que pueden ser objeto de discriminación». Asimismo, agregó que la institución «persistirá en estos esfuerzos, para promover y cautelar el ejercicio de los derechos fundamentales, por parte de los migrantes y de otros grupos vulnerables, y asimismo reducir o eliminar las barreras en su acceso a la justicia».
Por su parte el Jefe de Cooperación de la Delegación de la Unión Europea en Chile, Ewout Sandker destacó «los enormes desafíos que enfrentan, entre otras, las instituciones de justicia de la región para mejorar el acceso a la justicia de las personas migrantes y que la situación de exclusión y vulnerabilidad de las personas en situación de movilidad requiere una atención especial para mejorar la protección y vigencia de sus derechos”.
Tal y como explicó Kiko Segovia, Coordinador de proyectos de la Fundación Abogacía Española, entre otros aspectos el Protocolo recoge una tabla de identificación de vulnerabilidades asociadas al fenómeno migratorio -como es la condición de las y los menores no acompañados, mujeres víctimas de violencia de género o trata, o posibles solicitantes de asilo o refugio- que requieren un análisis jurídico sobre las normas que les protegen y protocolos de derivación que deben ser activados para protegerlos.
Chile ha visto aumentada en las últimas décadas su población migrante y, en particular, en los últimos años. Los estudios indican que el fenómeno migratorio se mantendrá, e incluso incrementará, en las próximas décadas, especialmente en la etapa post-COVID. Este dato es importante para comprender las necesidades y los desafíos que enfrentan entre otras instituciones, el Poder Judicial de Chile, para mejorar el acceso a la justicia de las personas migrantes, tal y como explicó María Luisa Domínguez, Técnica Sénior Responsable de la Línea de Justicia del Área de Gobernanza Democrática de EUROsociAL+. Por ello, el Programa de la Unión Europea ha trabajado en este proyecto desde el año 2017. Como primer paso se realizó un diagnóstico y una línea de base sobre el acceso a la justicia de las personas migrantes que puso de relieve los desafíos que se presentan en los diferentes ámbitos o competencias jurisdiccionales. Paralelamente se identificaron buenas prácticas que han servido de insumo para la elaboración del Protocolo.
El documento de libre acceso, está disponible en formato digital. Para descargar el Protocolo, hacer clic aquí.
