La Asamblea de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP) destaca el apoyo estratégico del Programa de la Unión Europea EUROsociAL+ para mejorar la protección de los derechos fundamentales
El Fiscal Nacional de Chile, Jorge Abbott, quien preside la Asamblea General de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos desde 2019, inaugura su 28 edición
Una de las Redes más estratégicas con las que EUROsociAL+ colabora, desde su inicio en 2005, es la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP) conformada por los Ministerios Públicos y Procuradurías de 22 países. El Programa de la Unión Europea es el único programa de cooperación que acompaña a la AIAMP desde hace quince años. Este trabajo conjunto ha logrado importantes resultados para la definición de políticas públicas que han permitido una mejor protección y atención a las víctimas del delito con énfasis en aquellas que se encuentran en condición de vulnerabilidad.
EUROsociAL+ ha participado el 4 y 5 de noviembre en la 28ª Asamblea de la AIAMP, bajo la presidencia de la Fiscalía de Chile en la que se han abordado los desafíos que plantea la crisis sanitaria al sistema de justicia penal.
En el acto inaugural, el Fiscal Nacional de Chile, Jorge Abbott, quien preside AIAMP desde 2019, destacó que la cooperación ha sido el eje clave, ámbito en que el apoyo de los socios estratégicos es esencial. “La continuidad de las labores de AIAMP, en medio de la pandemia es justamente el reflejo patente del alto nivel de compromiso de las instituciones que componen la Asociación, y del convencimiento de que trabajando de manera conjunta podemos ejecutar nuestras funciones y cumplir con nuestra misión de mejor manera. La Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos ha promovido y seguirá promoviendo con fuerza la importancia de la autonomía e independencia de los Ministerios Públicos, como principios que aseguran el debido proceso y el acceso a la justicia”, destacó Abbott.
Por su parte, la Fiscal General del Estado (España), Dolores Delgado, quien ejerce la Secretaría Técnica de la AIAMP, subrayó que “la cooperación penal basada en los vínculos de confianza que se han generado en el seno de AIAMP han permitido el intercambio de experiencias para asegurar el acceso a la justicia especialmente de los colectivos más vulnerables”. Asimismo, aseguró que las Fiscalías, están llamadas a ser actores clave en la consecución de la Agenda 2030 y especialmente en la del ODS 16+ para lograr sociedades pacíficas, justas e inclusivas. “El trabajo que realizamos en el seno de AIAMP es fundamental para aunar esfuerzos en la defensa de las víctimas, la lucha contra la corrupción y toda forma de discriminación, y la defensa de los derechos sociales más elementales. Además, debemos redoblar los esfuerzos para prevenir y atender la violencia de género, especialmente contra las mujeres y las niñas y niños, durante la emergencia global por el Covid-19”, subrayó.
EUROsociAL+ y las redes AIAMP
El programa de la UE, trabaja a través de sus Redes Permanentes y Grupos de Trabajo en tres grandes temáticas clave para proteger los derechos de la ciudadanía, imponer el imperio de ley y procurar la reparación de las víctimas: protección de víctimas y testigos, justicia penal y género, y lucha contra la corrupción.
En la Asamblea se ha procedido a la aprobación de las “Guías de Santiago de Protección de Víctimas y Testigos”, que se ha realizado con la asistencia técnica de EUROsociAL+. Se trata de un texto de alcance regional, que fue aprobado inicialmente en 2008 y que recoge recomendaciones concretas dirigidas a las personas máximas responsables de los Ministerios Públicos y las Procuradurías. La actualización de esta Guía tiene un impacto directo en la cohesión social ya que supondrá un mayor acompañamiento a las víctimas que, además de ser atendidas en su proceso procesal y asegurar su protección, podrán tener un apoyo de recursos asistenciales y sociales. Para ello las Guías enfatizan la necesidad de una mayor coordinación interinstitucional y habilitan a los Fiscales o Procuradores nacionales para que puedan proponer reformas normativas o impulsar políticas públicas que aseguren estos servicios a las víctimas que van más allá del proceso penal.
El contenido del documento constituye un hito trascendental para la región en el derecho de la ciudadanía a un acceso adecuado y eficaz a la justicia. Con ello visibiliza una mirada de los Ministerios Públicos mucho más amplia sobre el fenómeno delictivo, y hace patente que en su función de protectores de la legalidad es prioritaria la atención y de las víctimas y los testigos.
También se ha destacado la labor de La Red Especializada de Fiscales contra la Corrupción que fue creada en el seno de AIAMP en 2017 bajo la coordinación del Ministerio Público Fiscal de Brasil y que desde su inicio ha contado con la asistencia técnica de EUROsociAL+ para mejorar la prevención, la detección, la investigación, el enjuiciamiento, la sanción y la recuperación de los activos producidos por delitos de corrupción. Un aspecto fundamental del trabajo de la Red ha sido el de visibilizar cómo la corrupción impacta de manera diferenciada a las mujeres y niñas. Se ha realizado un diagnóstico que analiza cómo se presentan esos efectos en América Latina, particularmente, en relación con el acceso a servicios básicos y derechos a cambio de favores sexuales (“sextorsión) y la facilitación de crímenes como la trata de personas e impedimentos a la participación política de la mujer, entre otros escenarios. Para ello se ha generado una alianza entre la Red Especializada de Fiscales contra la Corrupción y la Red de Trata de Personas de la AIAMP con un plan de trabajo y estrategia conjunta, se han promovido mecanismos de coordinación interinstitucional y herramientas para la identificación de mapas de riesgo que ayuden a luchar contra este fenómeno, y se ha creado una comunidad de práctica en Capacity4dev.
La Red Especializada en Género de la AIAMP, presidida por el Ministerio Público de Argentina, cuenta también con el acompañamiento del Área de Género de EUROsociAL+, coordinada por Expertise France. En la Asamblea se ha destacado el valor del Protocolo regional de investigación de violencia de género en el ámbito público y el ámbito privado, que recoge los principios de actuación, herramientas y procedimientos necesarios para luchar de forma efectiva contra la impunidad y garantizar la adecuada protección y reparación de las víctimas. El protocolo ha sido ya adoptado por Guatemala y Chile y se espera su incorporación a la normativa de otros países. En la actualidad esta Red está centrando sus esfuerzos en la elaboración de un Informe regional sobre acciones para la prevención y lucha contra la violencia de género en el contexto de la pandemia de COVID-19, para la que cuentan con la asistencia técnica del programa de la Unión Europea.
