Las principales redes de justicia - Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP) y Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF), la organización internacional Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB) y Cumbre Judicial Iberoamericana-, de más de 20 países, se unen en una campaña impulsada por la FIIAPP (Cooperación Española) a través del programa de la Unión Europea EUROsociAL+ para promover el acceso a la justicia impulsando un convenio internacional que haga vinculantes las 100 Reglas de Brasilia.
Todas las personas son iguales ante la ley pero ¿tienen siempre el mismo acceso a la justicia? La respuesta es NO. Todavía. Pueblos indígenas, personas migrantes, personas con discapacidad, en entornos remotos o mujeres víctimas de violencia de género, entre otros colectivos, encuentran a menudo serias limitaciones para conocer sus derechos, acudir a un tribunal, defenderse o denunciar con garantías, entre otros. Un lenguaje demasiado técnico, la falta de servicios de traducción a lenguas indígenas, el desconocimiento de los propios derechos, distancias físicas insalvables o simplemente miedos y desconfianza son solo algunos de los obstáculos más habituales que impiden a estos grupos un acceso efectivo a los sistemas públicos de justicia en América Latina.
“Poca o ninguna utilidad tiene que el Estado reconozca formalmente un derecho si su titular no puede acceder de forma efectiva al sistema de justicia para obtener la tutela de dicho derecho. Y obviamente las dificultades son mayores cuando se trata de personas en condición de vulnerabilidad”, explica Stella Maris Martínez, coordinadora General de la AIDEF y Defensora General de Argentina.
Personas en situación de pobreza, niños, niñas y adolescentes, personas mayores, personas migrantes, personas con discapacidad, colectivo LGTBI, pueblos originarios, mujeres víctimas de violencia machista y personas privadas de libertad son los principales destinatarios de las Reglas de Brasilia.
“Las 100 Reglas promueven medidas tan básicas como la participación activa de servidores públicos en la divulgación de conocimiento sobre los derechos de las personas en zonas desfavorecidas. Algunos de los estándares promovidos son la gratuidad de la asistencia jurídica, formularios de fácil manejo, la oralidad y comprensión de las actuaciones judiciales; también, medidas de acercamiento del servicio a lugares remotos o medidas alternativas de resolución de conflictos”, declara la magistrada Angela Russo, integrante de la Comisión de Seguimiento de las 100 Reglas de Brasilia de la Cumbre Judicial Iberoamericana
“Los Ministerios Públicos de Iberoamérica hemos asumido el firme compromiso de eliminar la inequidad y la desigualdad en el acceso a la justicia. En un trabajo coordinado y complementario, las fiscalías y procuradurías de la región nos hemos abocado a mejorar la protección y asistencia de las víctimas y los testigos, porque parte de la legitimidad de la democracia está en que la ciudadanía entienda su sistema de justicia, entienda sus derechos y se sienta integrada en este proceso. Los riesgos de invisibilizar a los más vulnerables son altos en contextos de alta desigualdad, de allí la relevancia de nuestro deber”, sostuvo el presidente de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos y fiscal Nacional del Ministerio Público de Chile, Jorge Abbott.
“Las 100 Reglas de Brasilia fueron actualizadas en 2018, pero hoy debemos ir más allá, centrando la justicia en las personas y procurando que las reglas no solamente sean marcos conceptuales de referencia. Tenemos un inmenso desafío, que es desplegar una estrategia que facilite la articulación de Planes Nacionales de Acceso a la Justicia en los países de Iberoamérica”, Paola Andrea Jhon Martínez, secretaria General Adjunta de la COMJIB.
Para Anna Terrón, directora de la FIIAPP, que ha impulsado la formulación de estas normas a través del programa EUROsociAL+, “el acceso a la justicia es un derecho llave para la realización de otros derechos y debe estar en el centro de la cooperación internacional entre instituciones públicas: el intercambio de experiencias es y será un acelerador para la implementación efectiva de las 100 Reglas de Brasilia”
Declaración de Valparaíso: la pandemia ha hecho más urgente abrir la justicia
Las redes judiciales coinciden en que la pandemia ha agravado las dificultades de acceso a la justicia para los grupos más vulnerables. Así lo manifestaron en la Declaración de Valparaíso firmada el pasado 14 de enero durante la celebración de un encuentro del programa EUROsociAL+ . “Especialmente acuciante es el caso de mujeres y niñas, ya que la pandemia ha intensificado la violencia contra ellas tanto dentro como fuera del hogar, y se han multiplicado los obstáculos para que puedan llegar hasta los servicios de justicia o aplicar las medidas de protección. Esta situación hace más necesarias que nunca medidas específicas para ellas dentro de la justicia formal, pero también a través de otros mecanismos alternativos de resolución de conflictos o de la justicia restaurativa”, aseguró Paola Andrea Jhon Martínez, secretaria General Adjunta de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos-COMJIB. Por otra parte, aunque la pandemia ha acelerado el uso la tecnología consiguiendo en muchos casos una justicia más ágil “el uso de medios tecnológicos también puede tener un impacto negativo en el acceso a la justicia de algunos sectores de la población: la digital es una brecha adicional que hay que abordar urgentemente”, declaró Xavier Armendáriz Salamero, fiscal Nacional Subrogante del Ministerio Público de Chile y representante de la Presidencia de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos-AIAMP
Carlos Mora Jano, Defensor Nacional de Chile y secretario general de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas-AIDEF destacó también las necesidades especiales de las personas migrantes y refugiadas: “en los últimos años ha aumentado exponencialmente la necesidad de mecanismos efectivos de acceso a justicia para las poblaciones en situación de movilidad en un momento de migraciones masivas en la región sin precedentes en el último siglo”.
Una campaña simultánea en más de 20 países y canales de las principales instituciones de justicia
Bajo el hashtag #AbramosLaJusticia, la campaña tendrá lugar del 22 al 27 de febrero, con un vídeo animado con testimonios de personas vulnerables y voces de fiscales, defensores y magistrados/as en 23 países. El objetivo: crear conciencia sobre los retos de acceso a la justicia y sobre la necesidad de impulsar un convenio internacional que pueda hacerles frente.
