El Programa de la Unión Europea EUROsociAL+ apoya en Colombia un proyecto piloto en el municipio de Planadas-Tolima que busca conseguir el acceso efectivo de las mujeres rurales a la justicia y promover así el reconocimiento de sus derechos.
En Colombia, el acuerdo de paz de noviembre de 2016 prevé la democratización del acceso a la tierra para los campesinos y, más concretamente, para las mujeres campesinas que no tienen tierra o tienen poca. En este sentido, el programa EUROsociAL+ apoya un proyecto piloto en el municipio de Planadas-Tolima, que tiene como objetivo poner en marcha un mecanismo y proponer herramientas para permitir el acceso efectivo de las mujeres rurales a la justicia y promover así el reconocimiento de sus derechos, especialmente en lo que respecta a la tierra.
En Colombia, el acuerdo de paz de noviembre de 2016 prevé la democratización del acceso a la tierra para los campesinos y, más concretamente, para las mujeres campesinas que no tienen tierra o tienen poca. En este sentido, el programa EUROsociAL+ apoya un proyecto piloto en el municipio de Planadas-Tolima, que tiene como objetivo poner en marcha un mecanismo y proponer herramientas para permitir el acceso efectivo de las mujeres rurales a la justicia y promover así el reconocimiento de sus derechos, especialmente en lo que respecta a la tierra.
En Colombia, las mujeres rurales representan alrededor del 10% de la población total del país y el 47% de la población rural, según el último censo. Al participar en la vida de las comunidades rurales, contribuyen al cultivo de la tierra y, en términos más generales, al desarrollo agrícola.
Sin embargo, su trabajo suele ser invisible: por ejemplo, a veces el salario relacionado con el trabajo que realizan no se deduce de los beneficios generados por una parcela de tierra. Esto se explica por el modo de producción y las formas de propiedad en las zonas rurales -disposiciones legales, prácticas comunitarias y modelos familiares- que en pocas ocasiones reconocen el derecho de las mujeres a la tierra: generalmente es el hombre quien posee las parcelas de tierra y toma decisiones. En este contexto, ellas se enfrentan a obstáculos para acceder a la justicia y, por lo tanto, para hacer valer sus derechos relativos a la producción y derechos de propiedad en el sector agrícola.
No hay paz sin justicia agraria
A petición de las autoridades colombianas, el apoyo prestado por el programa EUROsociAL+ tiene por objetivo promover un mejor reconocimiento del papel de la mujer rural y su participación en las decisiones relativas a la propiedad y la producción agrícola. Más específicamente, el programa está apoyando al Ministerio de Justicia y Derecho de Colombia en la creación de un mecanismo para garantizar un mejor acceso a la justicia para estas mujeres que viven en zonas rurales, de manera que puedan obtener el reconocimiento de sus derechos a la tierra.
Esta actividad forma parte del acuerdo de paz acordado entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en noviembre de 2016, que prevé una «reforma rural integral». El objetivo de esta reforma es democratizar el acceso a la tierra de los campesinos, especialmente de las mujeres sin tierra, sobre todo en las zonas afectadas por la pobreza y los conflictos. Tiene la particularidad de integrar la cuestión del género en las reflexiones sobre la justicia agraria.
Creación de un mecanismo para el acceso efectivo a la justicia y a la tierra
EUROsociAL+ apoya este proceso a través de una asistencia técnica en tres fases (2018-2020). La primera fase permitió formular, de manera participativa, un diagnóstico de la situación del acceso a la justicia y a la tierra de las mujeres en Colombia. Se identificaron dos tipos de obstáculos:
- Aquellos relacionados con el funcionamiento de las instituciones públicas, que no informan adecuadamente a las mujeres de sus derechos o no aplican las normas existentes (por ejemplo, la norma de la doble firma, que permite poner los bienes a nombre de dos miembros de la familia, y no sólo del jefe de familia);
- Aquellos que se deben a factores socioculturales y al contexto político (falta de educación, falta de reconocimiento de la economía asistencial o de las contribuciones específicas de la mujer, discriminación en la herencia, pérdida de tierras por desplazamiento forzado, conflicto armado, violencia social y doméstica).
Tras la elaboración del diagnóstico, se propuso un mecanismo para el fomento de la capacidad de las instituciones y de las mujeres rurales.
La fase 2, actualmente en proceso, tiene como objetivo la implementación de las propuestas establecidas en el diagnóstico y la difusión del mecanismo mencionado a nivel nacional y territorial, utilizando como área piloto el municipio de Planadas-Tolima, en el oriente del país.
Planadas-Tolima, municipio piloto
Este proyecto piloto propone respuestas a las barreras institucionales y socioculturales a las que se enfrenta la mujer rural para acceder a la justicia, la tierra y otros derechos conexos. Las respuestas propuestas se estructuran en torno a dos ejes:
- Por un lado, fortalecer los actores institucionales mediante la capacitación de los agentes encargados de impartir justicia, para que integren la perspectiva de género en sus decisiones. Este eje se basa, en particular, en la formulación y difusión de un protocolo que permita a las mujeres rurales hacerse cargo de la resolución de los conflictos de justicia relacionados con el acceso a la tierra.
- Por otra parte, desarrollar y fortalecer el papel de las organizaciones de mujeres rurales como canales tanto de asesoramiento como de difusión de información sobre derechos, en particular sobre los nuevos procesos de asignación, legalización o restitución de tierras a las mujeres desplazadas (definición del contenido de la capacitación para las organizaciones de mujeres, estrategia pedagógica para la difusión de los derechos de la mujer rural, guía para el acceso a la justicia de la mujer rural, conjunto de instrumentos, capacitación de instructores, etc.).
Los instrumentos mencionados han sido diseñados y redactados por un equipo compuesto por un experto local, con conocimiento de la realidad social y cultural del país y encargado de integrar la perspectiva de género en las actividades; y un experto europeo, con experiencia en la esfera del acceso a la justicia para los grupos vulnerables. Sus puntos de vista cruzados y complementarios fueron un factor de éxito de esta actividad intersectorial compartida entre los componentes «Género» y «Gobernanza» de EUROsociAL+, ejecutada respectivamente por Expertise France y FIIAPP.
La fase 3 de la acción se dedicará a la evaluación del proyecto piloto y a la elaboración de un mecanismo que tenga en cuenta las enseñanzas extraídas de esta fase experimental.
