Se constituye formalmente la Red Interamericana de Defensa de Personas en Contexto de Movilidad que permitirá intercambiar información y servicios entre países que aseguren una mejor defensa de las personas migrante y refugiadas.
Foto: Portada de la publicación "Protocolo para la solicitud de información entre Defensorías Públicas en casos de personas migrantes y refugiadas"
La pandemia ha impactado en la migración y la movilidad humana en la región latinoamericana y agravado las vulnerabilidades de las personas migrantes y refugiadas, especialmente de mujeres, niños y niñas.
Esta situación revela la importancia de contar con una red de asistencia regional en aspectos como el asesoramiento temprano a posibles beneficiarios de protección internacional y la orientación jurídica para conocer las vías regulares de entrada y permanencia, así como la difusión de las mejores prácticas de asistencia jurídica. Por ello, la AIDEF, coordinada por la Defensoría General de la Nación de Argentina, con el apoyo del Programa EUROsociAL+ de la Unión Europea y bajo el impulso de la Defensoría Pública de la Unión de Brasil y la Defensoría Penal Pública de Chile, ha trabajado en los últimos dos años en una propuesta para la creación de una Red Interamericana de Defensa de Personas en Contexto de Movilidad que fue constituida hoy formalmente. Además, se ha aprobado un protocolo de actuación para realizar solicitudes de cooperación e intercambio de información entre Defensorías Públicas de la región en casos en que se defienda a personas migrantes y refugiadas y un Reglamento de funcionamiento de la Red.
Tal y como ha señalado el relator Especial sobre los Derechos Humanos de los Migrantes de Naciones Unidas, Felipe González, en la presentación, la COVID ha generado retrasos en los procedimientos de inmigración y asilo. Los cierres de fronteras, los confinamientos, las restricciones a la libertad de circulación y otras medidas de emergencia, unidos a las vulnerabilidades preexistentes de los migrantes, como la falta de acceso a la atención sanitaria y otros servicios esenciales, las malas condiciones de vida y las condiciones de trabajo precarias e inseguras, así como la discriminación, el racismo y xenofobia, “han tenido repercusiones negativas en la capacidad de los migrantes para ejercer sus derechos y han exacerbado las desigualdades existentes”, subraya. A esto se suma un desafío adicional debido a que la región soporta el mayor número de solicitudes de asilo en todo el mundo con el 39% del total, con una muy baja tasa de reconocimiento que alcanza solo el 4%, según datos de ACNUR.
La coordinadora general de AIDEF y defensora general de la Nación de Argentina, Stella Maris Martínez, ha explicado que además la Red realizará acciones de capacitación y desarrollo de actividades comunes. También contará con un grupo de Puntos focales de enlace desde las Defensorías de cada país, lo que contribuirá a una mayor especialización en temas migratorios y de asilo.
“Es muy buena noticia que se haya dado la posibilidad de participación a otras instituciones, asociaciones, organismos internacionales encargadas de la promoción y protección de los derechos humanos de las personas en contexto de movilidad humana, en calidad de observadores o colaboradores de esta Red porque esto permitirá articular esfuerzos y una mejor coordinación a nivel internacional”, señaló la directora de la FIIAPP, Ana Terrón.
“Estoy seguro de que esta Red puede significar un cambio sustantivo para la gestión de los flujos migratorios en la región y marcará un hito para lograr un cambio transformador que realmente vincule migración y desarrollo y que implique para estas personas un reconocimiento de su calidad de sujetos de derecho, sea cual sea su situación migratoria”, ha destacado Marc Litvine, jefe de Sección de la Dirección General de Asociaciones Internacionales de la Comisión Europea.
