El objetivo de esta iniciativa apoyada por el Programa UE EUROsociAL+, no sólo apunta a generar un espacio de intercambio de antecedentes generales de legislación, jurisprudencia y servicios, sino también a la entrega de datos concretos que aseguren una mejor defensa en casos particulares. Actualmente, la región recibe el 39% de las solicitudes de asilo, el número más elevado a nivel mundial
Operación Acogida de Brasil
25 de marzo de 2021 – La pandemia de la COVID-19 ha llevado a un agravamiento de las vulnerabilidades de las personas migrantes y refugiadas en América Latina, especialmente de mujeres, niños y niñas, que partían ya de un contexto muy difícil por la crisis migratoria venezolana y centroamericana. Existe un desafío adicional debido a que la región soporta el mayor número de solicitudes de asilo en todo el mundo con el 39% del total, con una muy baja tasa de reconocimiento que alcanza solo el 4%, según datos de ACNUR. Y se estima que el fenómeno migratorio se mantendrá, e incluso incrementará, en las próximas décadas, especialmente en la etapa post-COVID, lo cual debe motivar a las Defensorías Públicas de la región a actuar con mayor énfasis en la defensa de este colectivo para enfrentar situaciones lesivas a sus derechos humanos. Así coincidieron en señalarlo expertos y expertas reunidos en el seminario internacional “El acceso a Justicia de personas en contexto de movilidad en América Latina” organizado por el programa EUROsociAL+ de la Unión Europea, cuya gestión lidera la FIIAPP, y la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF).
El Relator Especial de la ONU sobre los Derechos Humanos de los Migrantes, Felipe González sostuvo que “América Latina presenta serias deficiencias en la garantía del acceso a la justicia para migrantes, lo cual impacta negativamente en el ejercicio de sus demás derechos humanos y favorece la impunidad de los delitos de los que son víctimas”. “El acceso a la justicia para migrantes debiera incluir no solamente el ámbito penal, sino también el civil, el laboral y el administrativo, entre otros. En situaciones de detención migratoria, procesos de deportación y otros de carácter administrativo es indispensable asegurar dicho acceso”, añadió.
En el seminario se expusieron también algunas de las principales conclusiones del diagnóstico “Acceso a la Justicia de personas en contexto de movilidad humana” realizado por EUROsociAL+ a solicitud de AIDEF. Este informe señala, entre otros aspectos, que las dificultades que atraviesan las personas migrantes y refugiadas que buscan regularizar su situación documentaria se han agravado por las crisis del COVID, pues los procedimientos en muchos países se encuentran suspendidos, con el consiguiente temor y riesgo de ser devueltos a sus países de origen. El diagnóstico hace también una descripción de las fundamentales necesidades jurídicas no cubiertas que enfrentan, como el acceso a documentación para la regularización, así como el acceso a derechos como la salud, educación, defensa para la no devolución, expulsiones colectivas y representación legal para las personas procesadas penalmente.
Por otro lado, tal y como recoge el estudio, el 21% de las Defensorías Públicas considera que en su respectivo país —y aún en su propia institución— no se conocen las necesidades jurídicas de las personas migrantes y refugiadas. Además, en un 36% de los casos, las Defensorías no tienen una línea de trabajo específica de trabajo a favor de estos colectivos, sino que están dentro de los servicios que brindan a los usuarios en general, y un 43% de las Defensorías Públicas no tienen un protocolo o instrumento especial para la asistencia jurídica a migrantes y extranjeros. También las Defensorías Públicas han señalado que la asistencia jurídica que prestan a personas migrantes no cuentan con enfoque de género en un 29% de los países, ni está adaptada a los niños/as en contexto de movilidad humana.
Esta situación, tal y como señalaron los expertos y expertas reunidos en el seminario, revela la importancia de contar con una red de asistencia regional en aspectos como el asesoramiento temprano a posibles beneficiarios de protección internacional y la orientación jurídica para conocer las vías regulares de entrada y permanencia, así como la difusión de las mejores prácticas de asistencia jurídica.
Por ello, la AIDEF, coordinada por la Defensoría General de la Nación de Argentina, con el apoyo de EUROsociAL+ y bajo el impulso de la Defensoría Pública de la Unión de Brasil y la Defensoría Penal Pública de Chile, ha trabajado en los últimos dos años en una propuesta para la creación de una Red y un Modelo regional de asistencia jurídica a personas en situación de movilidad que fue presentada en el marco de este seminario.
Tal y como señaló Stella Maris Martínez, coordinadora general de AIDEF y defensora general de la Nación Argentina, el papel de las Defensorías Públicas para satisfacer las necesidades jurídicas de las personas migrantes y refugiadas es de fundamental importancia ya que, probablemente, “serán una de las pocas instituciones nacionales que puedan brindar la orientación, asesoría jurídica, representación y defensa para que las personas migrantes y refugiadas puedan acceder a sus derechos y a la justicia”.
Los expertos del programa EUROsociAL+, Juan Jiménez Mayor y Carmen Miguel Juan destacaron que el objetivo del Modelo es orientar la forma en que las defensas públicas de la región darán cumplimiento a la normativa internacional de derechos humanos para mejorar el acceso a la justicia para este grupo de población. Por su parte, la Red de asistencia jurídica para personas en situación de movilidad, que estaría integrada en AIDEF, será un espacio donde los países puedan compartir e intercambiar información en casos concretos, entre otros aspectos.
“Es una iniciativa única en la región que marcará un hito para lograr un cambio transformador que realmente vincule migración y desarrollo y que implique para estas personas un reconocimiento de su calidad de sujetos de derecho, sea cual sea su situación migratoria”, subrayó el Jefe de Cooperación de la Delegación de la Unión Europea en Chile, Ewout Sandker.
