EUROsociAL+, a través del área de políticas de Gobernanza Democrática, acompaña a la Defensoría Penal Pública de Chile en la definición de un modelo de defensa especializada en las primeras horas de la detención
La Defensoría Penal Pública de Chile ha desarrollado un modelo de defensa especializado para determinados grupos de personas en una situación de especial vulnerabilidad, que ha sido reconocido a nivel regional. Este modelo se orienta a la adopción de medidas afirmativas y la realización de ajustes razonables para satisfacer el derecho de acceso a la justicia de las personas imputadas por la comisión de delitos, en conformidad a las particularidades que las determinan, en igualdad de condiciones que el resto de las personas en esa condición.
En este sentido, las líneas de defensa especializadas se han desarrollado para brindar una adecuada defensa técnica a niños, niñas y adolescentes, personas pertenecientes a pueblos indígenas, privados de libertad[1], personas migrantes[2], entre otros. Se pretende con ello asegurar un ejercicio oportuno y eficaz de la defensa de personas imputadas que pertenezcan a estos grupos, mediante el respeto, goce y protección de sus derechos.
La obligación de proveer asistencia letrada desde las primeras horas de la detención se encuentra recogida en las normas nacionales chilenas, tanto en la propia Constitución Política de la República, como en el Código Procesal Penal, además de los Convenio Internacionales ratificados por Chile.
Sin embargo, a pesar de este reconocimiento legal del derecho a la defensa desde las primeras actuaciones que se dirigen contra el imputado, subsisten aún en Chile dificultades y obstáculos para su ejercicio efectivo, como así se ha puesto de relieve en los últimos meses durante las numerosas detenciones durante el estallido social y que han subrayado, entre otros, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos[3] y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos[4], quien incluyó entre sus recomendaciones al Estado la necesidad de “fortalecer la Defensoría Penal Pública, dotándola de plena autonomía y ampliando su capacidad para entablar contacto con personas detenidas en las primeras horas de privación de libertad”.
En este contexto, el Programa EUROsociAL de la Unión Europea está acompañando a la Defensoría Penal Pública en la creación e implementación de un modelo de defensa especializada en las primeras horas de la detención. A este fin se ha realizando una primera asistencia técnica, por la experta europea Patricia Goicoechea García, dirigida a realizar un diagnóstico de las brechas de acceso al derecho a la defensa letrada de todas las personas detenidas, en los primeros momentos de la detención, en sede policial. Posteriormente, se definirá el modelo que será implementado a nivel nacional. En esta acción, liderada por la Defensa Penal Pública, participan además el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Defensoría de la Niñez, INDH, Carabineros, PDI y Ministerio Público Fiscal.
[1] https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/protocolo-para-la-defensa-penitenciaria-de-mujeres-condenadas-privadas-de-libertad-en-chile/
[2] https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/protocolo-de-defensa-penal-para-personas-migrantes-y-extranjeras/
[3] https://www.ohchr.org/Documents/Countries/CL/Report_Chile_2019_SP.pdf
[4] http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/018.asp
