Eduardo Lépore, Doctor en Sociología, Director Nacional de Regímenes de Seguridad Social en el Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Argentina y Director del Programa Pobreza, Inclusión y Política Social de la Pontificia Universidad Católica Argentina.
La reflexión sobre el futuro del trabajo es una cuestión que en las últimas tres décadas ha ido ganado un creciente protagonismo tanto en el ámbito de los debates académicos, como en el de las discusiones gubernamentales y de la sociedad civil. En una etapa histórica signada, al decir de Castel, por el aumento de las inseguridades sociales, los planteos iniciales se remontan al problema del “fin del trabajo” que algunos intelectuales, sobre todo europeos, como Beck, Gorz, Habermas o Dahrendorf, comenzaron a formular en los años noventa desde posiciones críticas a la mundialización económica. Hoy existe un amplio acuerdo en que el cambio demográfico, las transformaciones productivas y el aceleramiento del progreso tecnológico son tres factores de amplio alcance que están modelando el futuro del trabajo en el mundo de manera dispar y combinada. Sus consecuencias se manifiestan particularmente en la evolución y la composición sectorial del empleo, en la oferta y la demanda de calificaciones y en la configuración de las relaciones de trabajo.
La relevancia otorgada a la cuestión radica fundamentalmente en la centralidad que el trabajo, especialmente el trabajo asalariado de tiempo completo y duración indeterminada, con protecciones legales y buenas remuneraciones, tuvo hasta el presente como fuente privilegiada de integración social y cohesión valorativa de las sociedades democráticas modernas. Es por esta razón que la confianza pública en la capacidad de los mercados de trabajo para generar las oportunidades de inclusión necesarias es una condición de orden subjetivo que podemos conjeturar impactará significativamente en el devenir de la legitimidad democrática y su diseño de sociedad meritocrática.
Cuando trasladamos estas preocupaciones al contexto latinoamericano, advertimos rápidamente que tales desafíos se conjugan indisociablemente con las consecuencias de deudas del desarrollo de larga data. Es que los efectos del cambio demográfico, productivo y tecnológico deben ser enfrentados, a diferencia de lo que ocurre en los países desarrollados, en condiciones de modernización inconclusa. Por ello nunca está demás insistir en el hecho de que la persistencia del dualismo en la conformación de la estructura económica y su debilidad para sustentar una demanda de trabajo con la capacidad de absorber a la mano de obra disponible en sus segmentos más dinámicos y productivos continúa siendo un rasgo que define el modo de funcionamiento de los mercados laborales de la región. Así, el planteo sobre el futuro del trabajo supone también en nuestro caso un planteo acerca del futuro de la marginalidad ocupacional en sus diversas manifestaciones.
De manera estilística, entre las tendencias más relevantes operantes en la estructura económica de los países latinoamericanos se destaca el progresivo crecimiento del sector terciario, así como la sostenida reducción del primario, tradicionalmente importante. Asimismo, se aprecia una creciente concentración de la producción en los estratos de mayor productividad económica, al mismo tiempo que los empleos tienden a concentrarse en los de menor productividad. No obstante, los estudios efectuados hasta el momento no parecen dar cuenta de una tendencia hacia la polarización de las calificaciones, al menos de la forma como se registra en los países desarrollados. Y aunque la automatización en las actividades industriales y de servicios es un riesgo para la continuidad de buena parte de las ocupaciones, especialmente de las menos calificadas, no está tampoco ocurriendo al ritmo en que se está produciendo en los países desarrollados. Se advierte, en cambio, un incremento de las ocupaciones por cuenta propia, en contra de las posiciones asalariadas, sobre la base de una ya elevada participación de las inserciones no asalariadas en la estructura ocupacional. En este mismo orden, la reciente, aunque acelerada, instalación de la economía de plataforma, fundamentalmente en las grandes ciudades de la región, es probablemente el hecho más sobresaliente en el que se sintetizan las tendencias comentadas.
Por su parte, el análisis del comportamiento de los indicadores claves del mercado de trabajo muestra que luego del período de expansión del empleo evidenciado en la década del 2000, las mejoras posteriormente se estabilizaron. La tasa de desocupación informada por la OIT (2018) en 2018 era de 8,4%, lo que en valores absolutos significaba una población de alrededor de 25 millones de desocupados. Asimismo, y a pesar de los avances logrados en aquellos años, el empleo informal se mantiene sin mayores variaciones en torno a la mitad de la población ocupada, siendo, también a un estudio reciente de la OIT (2018), del orden del 53% en 2016. Así unos 140 millones de personas se desempeñan en trabajos informales en la región. En términos generales, son las mujeres, los jóvenes y los trabajadores menos educados los que se hallan expuestos en mayor medida al desempleo y la informalidad ocupacional, así como a las denominadas trampas del desaliento y la inactividad laboral.
Frente a este cuadro de situación, son fuertes los argumentos a partir de los cuales afirmar que la aspiración de una sociedad basada en el trabajo con protección social continúa siendo el proyecto más consistente para lograr sociedades democráticas más estables, seguras e integradas.
Una primera advertencia al respecto es que la cuestión del futuro del trabajo no puede desprenderse del debate acerca de los caminos del desarrollo económico en el contexto de la globalización en curso y de la responsabilidad de los estados en su impulso. La experiencia de nuestros países brinda pruebas indefectibles respecto de que el crecimiento económico no es por sí mismo una condición suficiente para la creación de empleos de calidad, ni para la formalización de los mercados laborales; aunque es sin dudas una condición necesaria para ambos efectos. Será pues el estilo de desarrollo económico y social que los países adopten, entendiendo por ello al tipo de articulación de instituciones, políticas e intereses que orientan estratégicamente ese proceso, un predictor más certero del modo como impactarán los cambios demográficos, productivos y tecnológicos en cada contexto nacional.
En el espacio más específico de las políticas dirigidas a enfrentar los desafíos del futuro del trabajo en la región, la exploración de nuevas alternativas que procuren mejoras sostenibles en la productividad de los sectores económicos menos dinámicos y una mayor inclusión laboral de los grupos con mayores dificultades para incorporarse al empleo formal constituyen direcciones políticas prioritarias. Entre los lineamientos programáticos en torno a los cuáles resulta necesario actuar, cabe destacar los siguientes:
- Desarrollar la productividad de las micro y pequeñas empresas a través de políticas productivas, tecnológicas y de crédito. La transición a la formalidad de estos sectores en los cuales se concentra buena parte del empleo informal depende de una multiplicidad de medidas que incluyen, entre otras, las de simplificación registral y de reducción de los costos laborales no salariales. Sin embargo, para que dicha transición sea sustentable se requiere mejorar las capacidades de estas empresas mediante la puesta en práctica de políticas integrales destinadas a incrementar sus niveles de productividad.
- Preparar a los jóvenes para los trabajos del futuro en entornos cambiantes y con alto uso de tecnologías. En las últimas décadas se implementaron diversas políticas para afrontar las dificultades de los jóvenes para acceder a puestos de trabajo de calidad. El diseño de programas de formación profesional tendientes a desarrollar la empleabilidad de los jóvenes con menor capital humano ha sido la orientación seguida. En general, estos diseños se caracterizan por ofrecer una combinación de prestaciones de políticas activas de empleo, entre los cuales se destacan las de capacitación laboral, finalización de los estudios formales, articulación con los servicios públicos de empleo, orientación e intermediación laboral, realización de prácticas laborales en ambientes reales de trabajo y de apoyo al emprendedurismo.
- Diseñar instituciones laborales que alienten el aprovechamiento de oportunidades que ofrece el cambio tecnológico. Aunque en los países de la región no se han observado cambios sustanciales en la demanda de calificaciones, lo cierto es que la creciente aplicación de las tecnologías digitales a los procesos de producción requerirá de trabajadores más calificados. Las tecnologías de la información y la comunicación constituyen una oportunidad para mejorar la productividad, así como para ofrecer nuevas oportunidades de empleo especialmente para los más jovenes.
- Revisar los sistemas de seguridad social para ampliar su alcance y cobertura prestacional. Si bien se ha avanzado bastante en materia de instrumentación de pensiones sociales no contributivas, resta mucho por hacer en materia de inclusión de colectivos de difícil cobertura, como son los de los trabajadores de micro empresas, independientes, rurales y del servicio doméstico. También para lograr una mayor integración entre los componentes contributivos y no contributivos de los sistemas de seguridad social que facilitan la transición a la formalidad.
- Potenciar los marcos de política para la activación. Durante las últimas dos décadas, la implementación de programas de protección social no contributiva fue una de las innovaciones más exitosas de las políticas sociales en la región. El estancamiento del proceso de reducción de la pobreza, en el marco de una coyuntura macroeconómica menos favorable y con mayores restricciones fiscales, lleva a considerar la conveniencia de instrumentar medidas de activación laboral que complementen las transferencias de ingresos. El desarrollo de programas de orientación y entrenamiento laboral bien diseñados a través de servicios de empleo fortalecidos es una alternativa plausible para favorecer la activación y la formalización del empleo.
- Promover nuevas formas de diálogo social. Se hace notorio la necesidad de revisar los procesos de diálogo social incorporando las representaciones de los sectores de la economía social, habitualmente no incluidos en los equemas tripartitos. La institucionalización de los ámbitos del diálogo social es también un lineamiento relevante, así como su constitución en los niveles locales, dada la importancia del territorio en la coordinación de los servicios sociales y de empleo.
La puesta en práctica de estos lineamientos dependerá en gran medida de la capacidad de los gobiernos para fijar, en acuerdo con los actores sociales y económicos, la prioridad del empleo de calidad en las políticas públicas. El logro de dicho cometido determinará, a su vez, la posibilidad más o menos cierta de conformar mercados laborales inclusivos que contribuyan a fortalecer la confianza en las instituciones democráticas. Porque como los informes de Latinobarómetro lo vienen demostrando desde hace varios años, es la dimensión social de la ciudadana a la que aludía T. H. Marshall la que en opinión de los latinoamericanos se halla ostensiblemente menos asegurada por la democracia de nuestros países. Y esa es la segunda advertencia a considerar.
