Transcripción del discurso de Andrew Selee, Presidente de Migration Policy Institute, con motivo del cierre del Seminario "Movilidad humana en América Latina”, efectuado en Madrid en marzo 2019.
En este momento se están dando una serie de migraciones muy grandes en el continente americano. La más grande de todas es la de Venezuela, donde aproximadamente dos millones y medio de personas han salido del país y se encuentran repartidos por países de Latinoamérica (a los que habría que sumar los que se encuentran en EEUU y Canadá, así como los que han migrado a otras regiones). Sin embargo, también hay una ola de migrantes nicaragüense saliendo sobre todo hacía Costa Rica y México, y olas menores procedentes de Haití y Cuba que han sido relevantes por mucho tiempo, si bien su magnitud fluctúa en el tiempo. También se da, por supuesto, una importante migración hacia los países del norte. En esta última corriente, México solía ser un país de paso para los migrantes, que se dirigían fundamentalmente hacia EEUU; sin embargo, son cada vez más los que terminan quedándose finalmente en el país mexicano.
Esto es un cambio para América Latina, pues históricamente los países de esta región han sido países de emigrantes, lugares de los que la gente salía, pero ese proceso comenzó a pararse hace unos años en la mayoría de los casos. Primero algunos emigrados empezaron a volver, otros simplemente mantuvieron lazos de unión, pero de pronto casi todos los países (excepto los citados anteriormente) se convirtieron en países de acogida o de tránsito de migrantes, y algunos como Colombia y Perú lo hicieron a gran escala. Esta situación está afectando a la región en general y por lo tanto requiere cambiar el marco desde el cual reflexionamos acerca de esta cuestión. Los casos precedentes no pueden servir de modelo. La migración colombiana de hace unos años o la centroamericana que se produjo en los años ochenta se dirigía tan solo hacia uno o dos lugares, mientras que la actual se dispersa, en mayor o menor medida, por toda América Latina.
Es cierto que, en general, el porcentaje de población extranjera en los países latinoamericanos no es demasiado grande. A excepción de Costa Rica —donde supone alrededor del 12%— y, en menor medida, Chile y Argentina —que están en torno al 6%—, en ningún país esta cifra supone más del 5% de la población total. Así pues, el problema no tiene tanto que ver con la cantidad; no es que estos países estén alberguen demasiados extranjeros. El principal problema reside en la velocidad y en la escala del cambio: la situación se ha transformado enormemente en muy poco tiempo.
Igualmente, otro factor al que hay que atender para comprender la situación actual es las condiciones en las que emigra la gente. En la mayoría de los casos se trata de una migración mixta, motivada tanto por motivos económicos como por motivos forzosos, pero en la cual suele ser clave el elemento forzado. Por supuesto, la gente que sale de Venezuela, Nicaragua o El Salvador lo hace buscando una vida mejor, pero también huyendo de Estados que se están desmoronando a su alrededor, por lo que llegan a los países de acogida con necesidades específicas y apremiantes. Históricamente, en la región ha habido mucha migración de talento, así como intercambio de recursos humanos en base a las necesidades específicas; sin embargo, las olas migratorias actuales son, al menos, parcialmente forzadas, y se explican porque la gente está perdiendo esperanza en las capacidades de los Estados de los que provienen. Esto crea una dinámica especial en los países de acogida que es preciso reconocer.
Hay que reconocer que, a la hora de dar respuesta a esta situación, la mayoría de los países de América Latina van a contracorriente. Lo que hemos visto en EEUU y en gran parte de Europa (a excepción de España) ha sido un rechazo frontal de la migración. En cambio, a pesar de que sí se han dado reacciones contrarias (lamentablemente, es posible que el rechazo de los diferentes forme parte de la naturaleza humana) que hasta el momento han sido puntuales y controladas, en América Latina hemos visto por lo general una buena acogida los migrantes. Pero no solo se han limitado a tener una actitud acogedora, sino que además los Gobiernos han promovido políticas para documentar y regularizar el status de los migrantes. Cada país ha buscado una solución para conseguir que las personas accedieran a su territorio por la vía regular. Tratando de hacer de la necesidad virtud, y puesto que son incapaces de impedir sin más las entradas de las personas por los pasos irregulares, se han comprometido en la terea de incorporar a los migrantes al mercado laboral formal y garantizarles el acceso a servicios sociales básicos. Los líderes políticos de estos países han comprendido que se trata de una gran oportunidad en términos de capital humano. Muchas de las personas que se han visto obligadas a abandonar su hogar cuentan con una alta cualificación profesional y con muy buena disposición para trabajar, lo cual puede ser aprovechado por los países receptores. También en este aspecto es preciso reconocer que la respuesta latinoamericana ante la crisis migratoria dista mucho de la que ha tenido lugar en los últimos tiempos en los países más desarrollados.
Dicho todo esto, la cuestión migratoria en la región plantea algunos retos:
En primer lugar, está la cuestión de los marcos legales. Si ante la tarea de gestionar esta situación muchos de los países de América Latina han podido poner en marcha medidas muy creativas, esto se ha debido precisamente a que carecían de un marco legal previo en lo referente a migraciones de esta escala. El PEP de Colombia, por ejemplo, no es una visa ni ningún tipo de documento tradicional, sino más bien una respuesta creativa que inventó el Gobierno para hacer frente a un problema legal y tangible, una forma de hacer legal el status de las personas que llegaban al país. Probablemente, si Colombia hubiera tenido leyes más rígidas, habría sido más difícil encontrar una forma de regularizar a la gente. El hecho de tener que crear los marcos legales sobre la marcha ha supuesto una ventaja para algunos países. Sin embargo, a largo plazo, es preciso poner la atención en los marcos legales. Una vez tomadas las medidas para lidiar con la crisis, es momento de pensar en el futuro, en cómo se quiere plasmar en la legislación la cuestión de la migración.
El segundo punto es el de la identificación. Países como Colombia están tratando de encontrar la forma de documentar a la gente de forma segura. En este sentido, ha habido conversaciones con algunos países en el marco del Proceso de Quito y reuniones bilaterales para promover algún tipo de identificación que sea reconocido por más de un Estado y que esté basado en indicadores biométricos que permitan garantizar la identidad de la persona. Se trata de una tarea más bien compleja que va a poner a prueba de nuevo la creatividad de la región.
Cuestiones absolutamente importantes son también la trata y el tráfico de personas, sobre todo cuando afectan a menores. Si bien los países han tratado de dar el beneficio de la duda a todos los que estaban entrando en su territorio, hay que tener en cuenta que hay quien intenta aprovechar la situación para la trata y el tráfico de seres humanos. No hay una forma sencilla de conciliar la buena voluntad y la flexibilidad con la seguridad, pero todos los Gobiernos han tenido que poner límites en este sentido. Se trata por un lado de permitir entrar al mayor número de personas posible con la máxima agilidad posible, pero teniendo por otro control y cuidado de a quién se permite entrar.
Finalmente, hay una serie de retos que tienen que ver con la integración. Uno de los más importantes es el de la validación de títulos personales. Esta es una cuestión que va a ser fundamental a largo plazo si se quiere aprovechar el capital humano venezolano, nicaragüense, cubano, guatemalteco… ¿Cómo hacer, por ejemplo, para conseguir que un médico se integre en el sistema de salud del país de acogida? No hay nada de malo en que consiga trabajo de conductor en Über, pero a fin de cuentas tanto a la persona como al país les interesa que desempeñe su labor en el ámbito en el que más puede aportar. Quizá no se consiga que un médico trabaje como tal al primer día, o una profesora no pueda trabajar como maestra nada más llegar al país de acogida, pero sí se ha de intentar que trabajen en algo relacionado con su ámbito laboral e ir consiguiendo poco a poco un puesto en su verdadera profesión. Lograr esto es una tarea pendiente para casi todos los países, ya que actualmente es difícil validar los títulos académicos entre país y país, y es una de las principales cuestiones que se han de abordar para la integración de migrantes a largo plazo.
Otro reto relacionado con la integración es la cuestión del acceso a los servicios. Por un lado, está la dificultad que sufren los migrantes para acceder a instituciones bancarias. Los bancos ven mucho riesgo en conceder cuentas bancarias a estas personas, lo cual hace muy difícil que puedan normalizar su situación en el nuevo país. Algunos Gobiernos han empezado a tomar medidas para solucionar este asunto, pero se trata de un problema complejo que va a requerir el esfuerzo de muchos actores.
Tan importante o más es el acceso a la sanidad y la educación, que ha de tener lugar en sistemas que ya están de por sí sobrecargados. Respecto a esta cuestión lo más importante es pensar cómo se ha de invertir en la mejora de estos servicios de modo que beneficie no solo a los recién llegados, sino también a quienes ya estaban antes, a las comunidades de acogida. Esta es una cuestión fundamental, pues si no se tiene en cuenta debidamente se generará una competencia entre los nativos y los migrantes, lo cual puede incrementar el sentimiento de rechazo. Por su parte, respecto a la integración de los niños y niñas en las escuelas, es preciso no dar por hecho que puesto que se comparte una lengua común está ya hecho todo el trabajo. La lengua compartida puede ser, en efecto, un factor que favorezca la adaptación de los alumnos, pero el desconocimiento de la historia y la cultura locales que en muchos casos se da hace necesario trabajar en este sentido.
Todos estos retos tendrán que ser tratados de país a país, entre Gobierno y Gobierno, y con apoyo de la sociedad civil. Sin embargo, en este punto va a ser también fundamental la labor de la cooperación internacional. Este es un reto que a todos nos interesa que salga bien, y es una oportunidad para que América Latina pueda ser un ejemplo para el resto del mundo en este sentido. Por un lado, la gran mayoría de los países están enfrentando una migración cuya escala no tiene precedentes en la región, y en este sentido pueden aprovechar el saber acumulado en lugares como Canadá o Europa, que tienen más experiencia en lo relativo a migraciones masivas. Pero, por otro lado, también el resto del mundo puede aprender de lo que se está llevando a cabo en América Latina, pues la creatividad con que allí se está gestionando esta crisis está haciendo que la región marque la agenda y determine cómo se ha de tratar la migración a escala masiva. El caso de Latinoamérica demuestra que hay otra forma de abordar esta cuestión, distinta a la que se ha puesto en práctica en otras partes del mundo, y esa es una importante lección de la que todos podemos aprender.
