El Área de Políticas de Igualdad de Género del Programa UE EUROsociAL+, coordinada por Expertise France, apoya acciones para el fortalecimiento a la Democracia Paritaria y la representación política de las mujeres en Argentina desde el Poder Ejecutivo y el Legislativo.
Foto: Bárbara Zandoval
En la llamada tercera ola de democratización los gobiernos de los países latinoamericanos, influenciados por la movilización de las organizaciones de mujeres y por las agendas sobre equidad de organismos internacionales, avanzaron sustantivamente en términos de igualdad de género. Aunque las brechas persisten, y en muchos casos siguen siendo grandes, una de las áreas donde los avances son más visibles es en la inclusión política de las mujeres. En este sentido, el Estado argentino ha estado a la vanguardia mundial siendo el primer país del mundo en adoptar una ley de cuotas en 1991. En los últimos años, Argentina, ha intentado profundizar en las políticas de igualdad, adoptando marcos normativos y acciones con el objetivo de avanzar hacia la construcción de una democracia paritaria. Este concepto implica trascender las ideas procedimentales sobre democracia y, en particular, supone no restringir el concepto de igualdad en política solamente a la composición de las candidaturas. En el marco de las políticas de igualdad de género del país, en 2021, el Área de Políticas de Igualdad de Género de EUROsociAL+ apoyó iniciativas tendientes a promover la paridad en Argentina a partir de la acción “Fortalecimiento a la Democracia Paritaria y la representación política de las mujeres en Argentina desde el Poder Ejecutivo y el Legislativo”.
En Argentina, la aplicación sostenida de la Ley de Cuotas y las sucesivas enmiendas realizadas para perfeccionar su diseño tuvieron como resultado el crecimiento sistemático de la presencia de legisladoras en el congreso nacional. Durante la década del ‘90 la mayoría de las provincias adoptaron sus propias leyes de cuotas o adhirieron a la ley nacional. Pese a que paulatinamente las mujeres legisladoras se convirtieron en una masa crítica, mujeres de diferentes partidos, de la sociedad civil y de la academia, comenzaron a pensar que era necesario avanzar hacia la paridad pues la cuota se había convertido en un techo para las mujeres políticas, en la medida en que estas no lograban superar el 40% en los cuerpos legislativos y prácticamente no escalaban a cargos ejecutivos. De este modo, gracias a la agencia de mujeres de diferentes partidos, en la década de 2000 Argentina comenzó a transitar por el camino de la paridad.
A diferencia de lo ocurrido con la ley de cuotas, la paridad comenzó a adoptarse primero a nivel sub-nacional. Las primeras dos provincias en adoptar leyes de paridad fueron Santiago del Estero y Córdoba en el año 2000. Entre 2003 y 2016 cinco provincias más adoptaron leyes de paridad. En 2017, luego de intenso lobby y una estrategia coordinada de mujeres de varios partidos, se aprobó la Ley 27.412 de Paridad de Género en Ámbitos de Representación Política. Esta norma, estableció como requisito que las listas que se presenten para la elección del Senado de la Nación, la Cámara de Diputados de la Nación y el Parlamento del MERCOSUR deberán “integrarse ubicando de manera intercalada a mujeres y varones desde el/la primer/a candidato/a titular hasta el/la último/a candidato/a suplente” (art. 1). El movimiento paritario continuó en 2018 y 2019 con otras seis provincias que adoptaron leyes sobre paridad, y ni siquiera se frenó por la pandemia de COVID, pues en 2020 leyes de paridad fueron adoptadas en otras seis provincias e incluso en dos de ellas (Entre Ríos y Santa Fe) estas normas establecieron la paridad no solo para los ámbitos legislativos provinciales, sino también para los Poderes Ejecutivo y Judicial, así como para la conformación de entes públicos con participación estatal y para los consejos y colegios profesionales.
Como producto de esta transformación legislativa, pero también de la intensa movilización feminista que registra Argentina en los últimos años, diferentes actores estatales, comenzaron a desplegar acciones complementarias que permitan instalar verdaderas democracias paritarias. Estas acciones implican trascender la idea de la paridad solamente para la conformación de las candidaturas para los cuerpos legislativos para bregar por la “paridad en todo”, idea que han comenzado a instalar, por ejemplo, las feministas mexicanas.
El concepto de paridad (popularizado tras la “Declaración de Atenas” de 1992) supone considerar que el estatus de ciudadanía política incluye, necesariamente, la participación equilibrada de hombres y mujeres en los más diversos ámbitos de la sociedad: sociales, económicos, políticos. Puesto que las mujeres son la mitad de la humanidad y no una minoría, la defensa del principio paritario implica que estas no deben ser reducidas a una categoría social. En tanto principio democrático la paridad busca la igualdad de resultados y es permanente. La paridad como principio se ha traducido pragmáticamente en una variedad de reformas constitucionales y electorales, pero también en reformas burocráticas. En este marco, la acción del Área de Políticas de Igualdad de Género de EUROsociAL+ en Argentina pretendió dejar instaladas capacidades para el monitoreo de la Ley de Paridad, así como buscó promover y fortalecer a las mujeres en los distintos ámbitos de decisión. Para esto, se trabajó coordinadamente con el Ministerio del Interior (organismo encargado de administrar los procesos electorales) y la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y, a su vez, se promovieron articulaciones institucionales, entre estos actores, el Poder Judicial, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, la sociedad civil y los partidos políticos.
Como parte de la asistencia técnica Argentina se generaron cinco productos. En primer lugar, se realizó un diagnóstico de la aplicación de la Ley de Paridad en las elecciones de 2019 y 2021. El informe, titulado “Desafíos de la Democracia Paritaria en Argentina” identifica los avances en términos de acceso de las mujeres a las candidaturas y a los cargos legislativos, pero, también advierte sobre la persistencia de obstáculos. En particular, el diagnóstico que las mujeres siguen teniendo dificultades para encabezar listas lo que representa una barrera para el acceso a cargos en distritos pequeños, a la vez que muestra alta concentración de mujeres en los espacios legislativos y muy bajos porcentajes de presencia de mujeres en los cargos más valorados del sistema político como los ejecutivos provinciales o el gabinete nacional. En tal sentido, el informe destaca que el uso sistemático de la Ley de Cuotas y luego el uso de la Ley de Paridad no han normalizado las carreras políticas de las mujeres, en el sentido de ocupar, más o menos homogéneamente todos los cargos del sistema. Finalmente, el diagnóstico destaca que las situaciones de violencia política por razones de género parecen constituir un fenómeno recurrente en la vida de las mujeres políticas.
En segundo lugar, la asistencia técnica implicó el diseño de un Observatorio sobre Democracia Paritaria en la órbita del Ministerio del Interior. Entre los principales contenidos del Observatorio, en línea en el sitio web del Ministerio, destacan: estadísticas sobre la presencia de mujeres en candidaturas y cargos políticos electivos, una sección donde puede consultarse toda la normativa vigente en el país sobre paridad así como normativa internacional relevante sobre el tema, y una sección de infografías donde puede consultarse material de divulgación en un formato breve y visual. El apoyo en este aspecto también supuso el traspaso de capacidades al equipo técnico del Ministerio del Interior para que los contenidos del Observatorio puedan replicarse en el tiempo.
En tercer lugar, se elaboró un Plan de Acción para revertir las brechas de género en la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Nación. Este plan tiene su base en un diagnóstico sobre el estado de la transversalización de la perspectiva de género en la Cámara, en el que se identificaron tanto debilidades y amenazas, como oportunidades y fortalezas. Es importante destacar que el diagnostico no se restringe a la actividad parlamentaria (por ej. el acceso de las legisladoras a comisiones, cargos de responsabilidad en la cámara, liderazgo efectivo, etc.), sino que incluye a los componentes institucional y administrativo/burocrático de la organización. En este sentido, se trata de un diagnóstico comprensivo que muestra las brechas de género que aún persisten a todos los niveles del trabajo parlamentario y establece las condiciones que se requerirían para eliminarlas.
En cuarto lugar, y relacionado con el punto anterior, la asistencia técnica a la Cámara de Diputados supuso la elaboración de un Sistema de Indicadores para el monitoreo integral de los avances del enfoque de género al interior de la Cámara, en las dimensiones institucional, parlamentaria y administrativa. El diagnóstico y el sistema de indicadores considerados en su conjunto, se constituyen como una verdadera guía práctica para avanzar en la incorporación de la perspectiva de género en todo el trabajo parlamentario.
Por último, el apoyo incluyó la elaboración de un proyecto de resolución/reglamento para la creación de una Mesa Interinstitucional de la Paridad de Género. Esta mesa está pensada como un espacio formal que reúne representaciones de distintos ámbitos del Estado y de la sociedad civil con el objetivo de discutir, proponer y realizar seguimiento a los temas relacionados con la Ley de Paridad. Esta mesa será un potente instrumento para avanzar en transversalidad de la perspectiva de género en el Estado con una mirada paritaria[1].
Los productos generados en el marco de esta acción fueron presentados en el “Seminario Internacional Democracia Paritaria y Representación Política de las Mujeres” organizado por la Cámara de Diputados, el Ministerio del Interior y el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. El evento se realizó en Buenos Aires el 2 de diciembre de 2021. El seminario fue un espacio de discusión de los productos generados en el marco de esta asistencia técnica, pero a la vez un espacio que permitió reunir a todos los actores que participaron del proceso y potenció la agenda de trabajo interinstitucional para avanzar en la construcción de una democracia paritaria.
[1] A la fecha de publicación de este artículo la Mesa Interinstitucional de la Paridad de Género aún no estaba en funcionamiento.
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Por Verónica Pérez Bentancur. Politóloga. Universidad de la República, Uruguay.
