Voces de las Redes de Justicia: Juan Martínez Moya, vocal del Consejo General del Poder Judicial de España. Coordinador de la Comisión de Seguimiento de las Reglas de Brasilia de la Cumbre Judicial Iberoamericana; Stella Maris Martínez, defensora General de la Nación de Argentina y Coordinadora General de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF); Jorge Abbott Charme, fiscal Nacional de Chile y presidente de Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP); Enrique Gil Botero, secretario General Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB).
América Latina es una de las regiones más desiguales del planeta, caracterizada por profundas y múltiples brechas donde la pobreza y la pobreza extrema se han agudizado en los últimos años y constituyen un problema común a todos los Estados de la región, que además presenta altos índices de violencia, graves crisis penitenciarias, extensión del fenómeno de la migración y el desplazamiento interno, y precariedad en el acceso a servicios públicos básicos —incluido el acceso a la justicia—, por citar solo algunos de los retos a los que se enfrenta la región.
Todo ello se ha visto agravado con la pandemia, que está afectando particularmente a las personas en situación de vulnerabilidad. Y son precisamente estas personas quienes afrontan mayores obstáculos para acceder a la justicia y ver garantizados sus derechos: las personas en situación de pobreza, así como los que pierden sus empleos o trabajan en el sector informal; las personas con acceso limitado a la salud, educación, vivienda, prestaciones sociales; las víctimas de violencia de género o de violencia intrafamiliar; las personas privadas de libertad; las personas en situación de movilidad (desplazados, migrantes y refugiados) que han quedado varados en las fronteras y en centros de acogida; los niños, niñas y adolescentes; los pueblos originarios; las personas con discapacidad; los colectivos LGTBIQ+. Además, está constatado que durante la pandemia se ha intensificado la violencia contra las mujeres y las niñas, y se han multiplicado los obstáculos que las mujeres víctimas de violencia enfrentan para acercarse a los servicios de justicia.
En este contexto regional, los Estados y las instituciones del sistema de justicia se enfrentan al enorme desafío de poner en marcha medidas que aseguren el reconocimiento y la protección efectiva de los derechos de sus ciudadanos, especialmente de los colectivos más vulnerables. De ahí la relevancia de continuar impulsando en los próximos años políticas públicas de acceso a la justicia y a otros derechos como elemento central frente a exclusión social y la lucha contra las desigualdades, no solo a nivel nacional, sino sobre todo a nivel regional en el marco de las distintas redes regionales de justicia. Con este objetivo en mente se han iniciado recientemente los trabajos para la elaboración de dos instrumentos estratégicos a nivel regional. Por un lado, desde la COMJIB se está definiendo una Estrategia Regional Iberoamericana de Acceso a la Justicia que facilite posteriormente la articulación de Planes Nacionales de Acceso a la Justicia en cada uno de los países; por otro, bajo la coordinación de la COMJIB y la Cumbre Judicial Iberoamericana, se trabaja en la definición de un Convenio Iberoamericano sobre Acceso a la Justicia, que se espera someter a la aprobación de los Estados durante 2022.
VOCES DE LAS REDES DE JUSTICIA
Juan Martínez Moya, vocal del Consejo General del Poder Judicial de España. Coordinador de la Comisión de Seguimiento de las Reglas de Brasilia de la Cumbre Judicial Iberoamericana
“Cualquier observador razonable detecta que existen obstáculos y barreras que tienen que afrontar las personas para acceder a la justicia. Esos obstáculos y barreras tienen causas y producen efectos más acusados en los más vulnerables. El catálogo de barreras es extenso y variado: recursos humanos capacitados, infraestructuras adecuadas en las sedes judiciales, oficinas jurídicas de orientación a la víctima, medidas para contrarrestar la brecha digital en los más vulnerables. La persona en situación de vulnerabilidad percibe el sistema de justicia con desconfianza, y la falta de medidas provoca dramáticos espacios de impunidad y desprotección a la víctima vulnerable. Los países deben contar con adecuados instrumentos legales que han de tener traducción práctica en acciones concretas.
Un reto y un desafío para los sistemas en la región es alumbrar un texto jurídicamente vinculante que pivote sobre el derecho al acceso a la justicia. Si además este texto se construye tomando como fuente de inspiración el documento de la Cumbre Judicial Iberoamericana “Cien Reglas de Brasilia de las personas sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad (versión actualizada a 2018)”, esa empresa discurrirá por un camino con destino seguro. En este marco, el impacto que tendría el Convenio Iberoamericano de Acceso a la justicia ayudará a consolidar el Estado de Derecho y se dejará sentir en varios escenarios: 1) mejorará el sistema judicial en clave de legitimidad y confiabilidad; 2) reforzará los sistema de defensoría pública, en calidad y especialidad; y 3) en el marco de las políticas públicas, los países de la región podrán realizar planificaciones estratégicas sobre acceso a la justicia con fundamento en estándares de calidad de la justicia, lo que contribuirá a lograr mayor seguridad jurídica y cohesión social”.
Stella Maris Martínez, defensora General de la Nación de Argentina y Coordinadora General de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF)
“Desde su formación, la AIDEF se ha propuesto defender la plena vigencia y eficacia de los derechos humanos y garantizar la asistencia de las personas, favoreciendo de manera amplia e igualitaria el acceso a la justicia. En tal sentido, la remoción de barreras de orden jurídico, social, económico y cultural que dificultan el derecho a la tutela judicial efectiva es una preocupación constante de las Defensorías Públicas de la región. Se considera que todo el funcionamiento de la defensa pública en todos sus niveles de actuación y etapas del proceso, incluida la representación ante organismos de protección de derechos humanos —mediante los/as defensores/as públicos/as interamericanos/as—, tiene como objetivo principal la facilitación del acceso a los procedimientos destinados a asegurar el goce efectivo de los derechos. Así, garantizar el acceso a la justicia sin distinción alguna y a una defensa pública, integral, gratuita y especializada contribuye a reducir las desigualdades sociales, favoreciendo la cohesión social”.
Jorge Abbott Charme, Fiscal Nacional de Chile y presidente de Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP)
“Como organismos encargados de la persecución penal, las fiscalías son un actor crucial dentro del sistema de justicia y, por cierto, lo son también en la promoción y garantía del acceso a la justicia. En ese marco, los Ministerios Públicos de la región buscan de manera permanente fortalecer y facilitar el contacto y atención de sus fiscales y funcionarios con víctimas, testigos y en general otros intervinientes del proceso. Adicionalmente, buscan mejorar de manera continua la eficiencia de las investigaciones penales, introduciendo para ello las reformas y cambios que resulten necesarios, dentro del marco legal establecido. La Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, que reúne a veintidós fiscalías de la región, aporta con sus ejes de trabajo a la promoción del acceso a la justicia y con ellos a la cohesión de la sociedad. Dentro de sus proyectos, busca potenciar la protección de víctimas y testigos, así como promover la justicia juvenil restaurativa en la región y transversalizar la perspectiva de género en las investigaciones penales, entre otras. Todo lo anterior redunda en avanzar hacia un sistema de justicia criminal más protector, inclusivo y equitativo”.
Enrique Gil Botero, secretario General Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB)
“El acceso a la justicia es un eje fundamental del trabajo de la COMJIB, ya que constituye la puerta de entrada para garantizar el cumplimiento de los demás derechos y es un elemento esencial para promover el desarrollo y la cohesión social de nuestros pueblos, en línea con el ODS 16 de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Si bien mejorar el acceso a la justicia es una deuda pendiente en la región, sabemos que la pandemia global ha hecho aún más necesaria la actuación de los poderes públicos para acercar la justicia, entendida como un servicio público esencial, a la ciudadanía, con una especial atención a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión, y con el imprescindible enfoque de género y diversidad que enriquece nuestras sociedades. En ese contexto, hemos iniciado con el apoyo del Programa EUROsociAL+ dos iniciativas cardinales para cumplir con los ODS. En primer lugar, estamos desarrollando una Estrategia Regional de Acceso a la Justicia que será un elemento clave para el fortalecimiento de las capacidades de los policy makers en esta materia. Esta acción requiere de la coordinación con diversos actores del sector justicia y el compromiso de los países para desarrollar, en el marco de la estrategia regional, planes nacionales de acceso a la justicia para implementar políticas públicas de calidad, con indicadores que permitan el seguimiento y evaluación, en un marco de participación de los poderes públicos, junto con las organizaciones de la sociedad civil, para coordinar esfuerzos con el objetivo de mejorar la cohesión social a través del acceso a la justicia. Por otra parte, se está avanzando en la elaboración del Convenio Iberoamericano de Acceso a la Justicia, en el que la COMJIB desarrolla un papel central junto con el resto de las instituciones que se han sumado al auspicio de esta iniciativa.
Estamos seguros de que la importancia del acceso a la justicia en las agendas de las políticas públicas requiere de esta Estrategia y este Convenio, que van a ser el gran marco de consenso que de forma práctica y tangible van a tener un impacto directo y concreto en dichas políticas y sobre todo en la vida cotidiana de las sociedades y personas de nuestra comunidad iberoamericana”.
