Por Alfredo Luis Somoza, presidente del Istituto Cooperazione Economica Internazionale
Uno de los elementos que diferencian las “dos orillas de Occidente”, Europa y América Latina, es la dificultad que encuentra la orilla americana para establecer un pacto social que pueda abrir la puerta a políticas de inclusión y de salvaguardia ambiental. En Europa, en cambio, desde inicios del siglo pasado existe una tradición de políticas de bienestar social basada en un pacto social que se fue difundiendo sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial hasta terminar asentándose como parte de la identidad continental. Fiscalidad progresiva, protección social, respeto de los derechos individuales y colectivos y defensa de la naturaleza son los puntos destacados del “modelo europeo” actual. Para muchos países de América Latina, la definición de un “pacto democrático” en los años sucesivos a las dictaduras de los años setenta constituyeron un momento importante para que aquellas no se repitieran nunca más, pero cuestiones como el pacto social, la justicia fiscal y el bienestar social todavía son para muchos una asignatura pendiente. La vuelta a la democracia ha sido un hecho muy importante en lo político, pero no tanto en lo social; o, mejor dicho, hay países con sistemas que se pueden definir como welfare states y otros en los cuales existe un buen nivel de servicio público, pero en los cuales el modelo de mercado de estilo anglosajón ha llevado a la privatización salvaje o a la degradación del servicio público universal.
La pandemia paradójicamente ha puesto en evidencia los límites de los dos modelos. En el caso europeo, la sanidad, allí donde ha avanzado la tendencia a la ultra-especialización y a la concentración en los grandes hospitales ha sido ineficaz para detener el contagio, sobre todo por el abandono en los últimos años de los servicios sanitarios territoriales. Se contaba con grandes estructuras de excelencia, pero no había ningún servicio domiciliar ni estructuras de apoyo a las personas que se vieron obligadas a enfrentar la enfermedad en sus domicilios. Desde este punto de vista, países latinoamericanos con menos recursos, pero con redes de asistencia territorial lograron hacer más en una situación que tomó desprevenida a una parte de la sanidad europea. En América Latina, la sanidad pública, la única a la cual pueden acceder los ciudadanos más pobres, ha colapsado frente a una situación que en diversos países superaba la disponibilidad de recursos e insumos. En esos países, y no solo en ellos, se vieron de golpe los efectos perversos de la contrarreforma de las décadas precedentes, que ha redibujado la sanidad en dos categorías antitéticas: la sanidad privada para quien tiene recursos económicos y la sanidad pública de bajo nivel y sin recursos para los pobres. Como consecuencia, en Europa la pandemia ha golpeado de modo interclasista, tocando todos los segmentos de la sociedad; mientras que en América Latina se abatió sobre todo contra quienes no podían pagarse servicios privadamente, vivían en situaciones precarias y no tenían recursos para protegerse. En pocas palabras, la exclusión social fue el combustible de la pandemia en América Latina.
Un tema central es la inclusión social, que debe ser una de las prioridades absolutas en América Latina, aunque no siempre esté en lo alto de las agendas gubernamentales. En las últimas décadas la Unión Europea ha efectuado importantes inversiones en los países que entraban en la Unión, distribuidas en base al principio de solidaridad. Eran fondos para balancear las grandes diferencias económicas entre los países miembros. Pero eso no basta, sobre todo en un cuadro de creciente desigualdad entre ciudadanos que se verifica en muchos países, incluso entre los más ricos. Sujetos débiles con bajo nivel de formación, inmigrados recientes, ancianos… son las categorías que reciben el mayor apoyo de los sistemas de protección social, pero, aunque tengan por ejemplo garantizada la asistencia sanitaria, esto no es suficiente para que vuelvan a integrarse en la sociedad y en el mundo laboral. En América Latina el cuadro asume dimensiones relevantes, con sistemas de protección social aún insuficientes en términos de cobertura, acceso y calidad, aunque la situación varía muchísimo entre países. Y no sufren las consecuencias solamente las categorías tradicionalmente débiles, sino también millones de trabajadores informales que ganan poco, viven al día y en situaciones de emergencia y corren el riesgo de no lograr ni siquiera alimentarse suficientemente. Con una base impositiva baja por culpa de niveles de evasión altísimos, es difícil imaginar un aumento de la asistencia pública. Por estos motivos, uno de los desafíos latinoamericanos es regularizar el trabajo, combatir la evasión fiscal, obligar a los empresarios a pagar contribuciones y aportes jubilatorios, articular un nuevo sistema de bienestar social y un mecanismo de seguro de desempleo que permita la reinserción laboral de quien pierde su empleo, todo esto conjugándolo con una nueva visión de la cuestión ambiental y sus repercusiones sobre la sociedad y el mundo productivo.
La otra emergencia que paralelamente a la pandemia ha emergido con fuerza es la climática. También en este campo hay marcadas diferencias entre Europa y América Latina. Mientras que en Europa se ha dado una política ambiental compartida y vinculante, en América Latina el tema medioambiental es competencia de cada Estado y las políticas pueden cambiar radicalmente con el cambio de Gobierno. Junto a la inclusión y a la protección social, las consecuencias del cambio climático y de la revolución en el mundo del trabajo que implica la transición ecológica tendrían que formar parte del necesario “nuevo pacto social”. Por un lado, hay que hacerse cargo de las personas y áreas afectadas por las reconversiones productivas necesarias para la transición ecológica; por otro, es menester acompañar activamente los procesos de transformación: desde la formación de recursos humanos para los sectores que serán potenciados hasta la creación de servicios sociales de proximidad o la “infraestructuración” social de zonas de reacomodo de población desplazada de territorios vulnerables ante fenómenos climáticos adversos.
Bienestar social y ambiente son temas prioritarios de la agenda mundial de los próximos años. La colaboración en estas materias entre Europa y América Latina tendría que ser natural considerando la recíproca cercanía cultural y de valores, pero también porque son las dos únicas “islas democráticas” continentales frente al avance de los autoritarismos. Para América Latina sería importante prestar atención a las ideas y al proceso de reformulación del welfare state y de las políticas económica y ambiental. Para Europa podría ser interesante conocer las buenas experiencias que en muchos países latinoamericanos se están desarrollando en materia de cohesión social y políticas ambientales con pocos recursos y mucha innovación. Además, esta alianza puede tener un gran valor estratégico tanto para Europa —cada vez más aislada en el contexto internacional— como para América Latina, que se encuentra luchando entre la falta de interés de Estados Unidos y el rápido avance de China.
