Entrevista al señor Miguel Ceara Hatton, ministro de Economía de la República Dominicana
Hablar de pactos sociales en América Latina resulta ya casi un lugar común, pero aterrizar este concepto es más complejo. La crisis de la COVID ha hecho resurgir este debate. ¿Qué elementos tangibles cree que deberían abordar estos pactos dada la situación actual?
MCH. El problema principal de nuestras sociedades está asociado a las relaciones de poder. Las relaciones de poder se derivan de la estructura de riqueza, como se distribuye el patrimonio, la riqueza en la sociedad.
Una riqueza mal distribuida te genera relaciones de poder muy inequitativas, los cuales se traducen en poderes facticos muy desequilibrados.
El primer gran desafío que tienen los pactos es que requieren una nueva recomposición del poder, y una forma de recomponer el poder es a través de la movilización de la sociedad.
Una sociedad movilizada tiene una fuerza desestabilizadora que obliga a negociar y el pacto a final de cuentas es una negociación, pero una negociación montada sobre bases más equitativas.
Por otro lado, esos pactos en el fondo lo que tienen que reflejar son políticas de Estado, continuidad del Estado en las políticas públicas. Ese es el otro componente, porque tú puedes llegar a un acuerdo, pero si ese acuerdo, de alguna manera, no se institucionaliza se pierde.
Entonces, tienen que reflejar esa institucionalidad, esa es una nueva relación de poder que se materializa en una nueva institucionalidad.
En el caso dominicano, hay varios pactos en camino, en proceso que tienen diferente naturaleza. No es lo mismo un pacto de recomposición del gasto público y de los ingresos públicos que un pacto por ejemplo en el tema de agua.
Hay pactos donde puede haber ciertos acuerdos estratégicos y diferencias circunstanciales y pactos donde hay diferencias estratégicas y diferencias circunstanciales, pero al final de cuenta, lo que creo es más importante entender es que un pacto implica una relación de poder.
La fase de recuperación tiene que ser liderada por el sector público. ¿Qué reformas necesita poner en marcha las administraciones públicas para ejercer ese papel de liderazgo?
MCH. El Estado ha tenido una responsabilidad preponderante en mantener la actividad económica durante el confinamiento de la pandemia.
El Estado fue quien impidió que la sociedad sencillamente se quebrara. Por lo menos en la República Dominicana fue la ayuda del Estado que garantizó medios de vida a los trabajadores, fue el Estado que garantizó la sobrevivencia de las empresas a través de su política de gastos y a través de recursos, de expansión del crédito, vía el Banco Central.
El gran problema ahora es que eso hay que pagarlo, las pérdidas acumuladas durante el año hay que pagarlas, se incurrieron en grandes déficits y el sector privado tiene que retomar, reaccionar.
Afortunadamente en la República Dominicana el sector privado está reaccionando positivamente, porque entre enero y agosto el crecimiento económico ha sido el 13%, pero el 65% de ese 13% es explicado por la inversión y la inversión privada representa el 97% de la inversión total.
Es decir, que en este país el sector privado ha reaccionado positivamente al esfuerzo que hizo el Estado para sostener la actividad económica.
¿Cuáles reformas deben encaminarse?
El tema de la recomposición del gasto y fiscal. ¿Cuáles reformas pueden hacerse? Creo que la más importante es una reforma fiscal, fortalecer la inclusión social, fortalecer los mecanismos de solidaridad, institucionalizarlos, los mecanismos de participación y rendición de cuentas del Estado. Todos esos son factores que ayudan a una mejor claridad.
Una última pregunta: el gasto público ha sido clave para amortiguar los efectos devastadores de la COVID, pero condicionará a las generaciones futuras. ¿Quién cree usted que pagará la cuenta de esta crisis?
MCH. Mira creo que la crisis no tiene solución en un solo país. Esto es una crisis global, y por lo tanto, la solución es global.
El presidente Biden propuso en la reunión del G7 lo que se llama el B3W Partnership que implica invertir 40 millones de millones en países en desarrollo a través de infraestructura para un conjunto de países que compartan valores.
No hay solución en un solo país, y si un solo país intenta caminar solo provocará un ajuste del PIB y del empleo que será mucho mayor de lo que se perdió durante el confinamiento de la pandemia.
Así que la única alternativa clara en el mundo es una solución global para un problema global.
