Entrevista a Márcio F. Verdi, secretario ejecutivo del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT)
Marcio Verdi, Imagen del archivo de EUROsociAL+
¿Cuáles son los principales consensos y disensos en torno a la tributación de la economía digital en la región de América Latina y el Caribe?
Lo primero que hay que aclarar es que con “economía digital” nos referimos a las actividades de empresas altamente tecnificadas que realizan operaciones en un país sin presencia física en el mismo.
En el campo de la imposición directa los temas de discusión incluyen a los nuevos modelos de negocio, la creación del valor, la definición de nuevos nexos, la implementación de medidas unilaterales como alternativa ante la falta de consenso internacional, las posiciones enfrentadas de distintos actores sobre temas como fuente y residencia o la resolución de disputas o incluso, más allá de la economía digital, la búsqueda de un nivel mínimo de tributación dirigido a evitar competencias nocivas. Hay todavía un espacio por recorrer en la búsqueda de un consenso que estaría marcado, seguramente, por posiciones intermedias donde los ganadores y perdedores ni ganan tanto, ni pierden por mucho.
En el campo de la imposición indirecta, sin embargo, las divergencias no son tan grandes. Por un lado, se acepta la idea del principio del destino para definir los derechos impositivos; por el otro, se reconoce que las operaciones de prestación de servicios digitales, la comercialización de bienes intangibles o los servicios de intermediación prestados por plataformas que facilitan las operaciones entre pares, no compiten en las mismas condiciones de los operadores locales, perjudicando además la recaudación de impuestos en la jurisdicción. De hecho, la imposición indirecta de la economía digital representa hoy, en nuestra opinión, una oportunidad relevante para generar ingresos tributarios adicionales en tiempos de crisis, con un potencial que solo irá creciendo conforme se consolidan y expanden los nuevos modelos de negocio.
¿Qué soluciones está trabajando el CIAT en este sentido?
En el escenario descrito, junto con nuestros colegas del Banco Mundial, del BID y con el liderazgo de la OCDE, trabajamos en la creación de un conjunto de guías para permitir la recaudación de impuestos indirectos en la economía digital, dirigidas a los países de América Latina y el Caribe, que estarán disponibles en muy corto tiempo. De manera resumida, la propuesta se concentra en requerir de esas empresas que se adhieran voluntariamente al mecanismo, cobren en sus transacciones los impuestos correspondientes en las operaciones de tipo B2C (con consumidores) y realicen el traslado de fondos correspondientes; todo soportado en un mecanismo simplificado de registro, declaración y suministro de información que tampoco requeriría ninguna presencia física.
Un país, para implementar las recomendaciones de las guías, con sus propias adecuaciones y parámetros, necesita entonces ajustar su marco legal que grave esas operaciones y permita el registro y la declaración sin presencia física; diseñar o ajustar los procesos y procedimientos para que los distintos actores conozcan sus responsabilidades, los medios para realizar solicitudes y otras cosas así; y, muy importante, disponer de una solución tecnológica que permita instrumentar y articular los dos elementos anteriores.
Al ser algo nuevo, la administración tributaria necesita un nuevo desarrollo, o al menos un conjunto de adecuaciones a su plataforma informática. Para algunas administraciones esto puede ser un tema menor; otras requerirían destinar recursos significativos con relación a su presupuesto que significarían en la práctica la postergación de la aplicación del sistema, pagando un costo de oportunidad que, dadas las estimaciones de crecimiento de la economía digital, se incrementaría en los próximos años.
¿Cómo va a apoyar EUROsociAL+ este proceso para facilitar el cumplimiento tributario voluntario por parte de la economía digital?
Con el apoyo financiero de la Cooperación Noruega – NORAD, en el CIAT hemos desarrollado una solución tecnológica que facilitará, en los países en los que sea implementada, el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias por parte de las empresas que operan en el marco de la economía digital, reduciendo significativamente sus costes de cumplimiento.
Esta herramienta, que lleva por nombre DEC – Digital Economy Compliance, estará disponible para toda administración tributaria interesada, después de que culminemos la implementación del primer piloto y se haya ajustado el sistema a condiciones reales probadas en campo. El Programa EUROsociAL+ va a apoyar, a expresa solicitud del Servicio de Administración de Rentas – SAR de Honduras, una de sus primeras implementaciones. El objetivo del proyecto que, con el acompañamiento de EUROsociAL+, va a llevarse a cabo en Honduras apunta a la consolidación de una política fiscal que permita diseñar y regular normativamente las estrategias de tributación para las actividades de la economía digital, desarrollando a su vez la herramienta tecnológica (DEC) para su implementación práctica en el país.
