El acceso a la información es clave en el desarrollo para la rendición de cuentas de los Estados (publicado el 26 de abril de 2017 en Red de Expertos de Planeta Futuro, El País)
El 7 de noviembre de 2013, la ciudadana salvadoreña Domitila Rosario Piche solicitó una copia certificada del acta de los Acuerdos de Paz de El Salvador, que en 1992 pusieron fin a una cruenta guerra civil. La Unidad de Acceso a la Información Pública de la Presidencia de la República declaró improcedente la petición, alegando la inexistencia de dicho documento en sus archivos, por lo que Domitila apeló al Instituto de Acceso a la Información (IAIP), órgano encargado de salvaguardar este derecho ciudadano en el país centroamericano.
En la Audiencia Oral, Domitila mostró una noticia en prensa con una fotografía que evidenciaba que el Presidente del país en el momento de la firma de los acuerdos, Alfredo Cristiani, podría tener en su poder el documento original. En base a estos indicios, el IAIP pidió al ex mandatario que le hiciera llegar dicho documento en un plazo de 20 días.
Poco después, en un acto solemne y muy simbólico, Cristiani entregó los Acuerdos de Paz al actual presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén. Domitila recibió una copia y el documento fue clasificado en el Archivo General de la Nación.
Documentos públicos a disposición de la ciudadanía
Esta iniciativa de una persona preocupada por la transparencia, la cohesión social y la memoria histórica de su país lanzó un mensaje claro: los documentos públicos son propiedad de los ciudadanos y deben estar siempre a su disposición.
Pero este tipo de escenarios no siempre tienen un final feliz. En muchas de nuestras realidades predomina todavía una cultura de la opacidad: no se facilitan los datos de los salarios de los funcionarios, se ocultan los documentos de licitaciones, desaparecen archivos hospitalarios de pacientes, se desconocen las fuentes de la financiación electoral de los partidos, se deniega información sobre violaciones de los derechos humanos o no se informa de manera precisa sobre la ejecución de las obras públicas.
Es por ello que la promoción de la transparencia y del acceso a la información pública se ha convertido en un tema global. Ocupa un lugar central de la agenda de desarrollo como herramienta para la rendición de cuentas del Estado, la participación ciudadana y la toma de las decisiones fundadas en las políticas públicas. De ese modo está reflejado en los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible y en la Convención Anticorrupción de la ONU, así como en los compromisos la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) lanzada por el ex presidente de EE UU Barack Obama en 2011 y que integra actualmente a 75 países.
América Latina es precisamente una de las regiones del mundo donde más han proliferado estas iniciativas. Salvo Bolivia, Costa Rica, Cuba y Venezuela, todos los países cuentan con normativas específicas de acceso a la información, la mayoría forma parte de la AGA y existe una Ley Modelo en el marco de la Organización de Estados Americanos (OEA). Es más, los entes garantes y promotores del derecho a la información en la región han dado un paso al frente para conformar la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA) y varios de ellos son una referencia internacional en la materia.
Desde el Programa de la Unión Europea para la cohesión social en América Latina, EUROsociAL+, nos hemos sumado al reto de la transparencia de la mano de la RTA, como espacio privilegiado para la construcción de Estados más abiertos. Dando continuidad a la anterior fase del programa, seguimos impulsando este derecho a través del intercambio de experiencias entre los pares de ambas regiones.
Sin embargo, a pesar de los avances, las bondades de la transparencia no se corresponden todavía con las expectativas generadas entre una ciudadanía alarmada por los casos de corrupción e insatisfecha con la calidad de los servicios públicos en que en América Latina. Así, para que las leyes de transparencia no se vean desvirtuadas, es necesario construir una nueva relación entre el Estado y los ciudadanos basada en la confianza y la reciprocidad. Es precisamente en ese nuevo paradigma sin barreras donde la transparencia y la libre consulta de los documentos de interés público juegan un papel fundamental.
Con ese objetivo, los órganos garantes del acceso a la información deben ser autónomos, con la potestad de sancionar a los funcionarios que incumplen y capaces de verificar que las instituciones del Estado publican en sus páginas web los datos a los que les obliga la ley.
Pero no basta con divulgar los datos, estos deben estar en un lenguaje claro y ser fácilmente accesibles, aprovechando las oportunidades que nos brindan las nuevas tecnologías. Y, además, el Estado ha de ser proactivo y centrarse en aquella información que es más demandada por la sociedad, especialmente por los grupos más vulnerables.
Además del poder Ejecutivo, en la lista de sujetos obligados por las leyes de transparencia deben figurar el Legislativo, el Judicial, los partidos políticos, los municipios y otros actores que reciben recursos públicos. Como recomienda la OCDE, desde el ‘Gobierno abierto’ hay que transitar hacia el ‘Estado abierto’.
Asimismo, para garantizar la efectividad del derecho a la información los integrantes de las unidades de información de las instituciones públicas han de estar capacitados, su ejercicio debe simplificarse y estar equilibrado con el derecho a la protección de los datos personales. El régimen de excepciones a la ley (que permite no entregar la información) debe ser razonable y no actuar como escudo protector de la opacidad.
Para articular todos estos procesos, son necesarias políticas modernas de gestión de archivos que faciliten la toma de decisiones sobre la conservación y disponibilidad de los documentos.
Y lo más importante, es preciso transformar la cultura ciudadana en relación a este derecho, que todavía es muy desconocido, poco utilizado –muchas veces por temor a represalias– y percibido como algo alejado de las necesidades cotidianas. Resulta imprescindible, por tanto, concienciar a los ciudadanos con objeto de que aprecien la utilidad del acceso a la información pública como garante de la democracia.
Además, para que esos cambios sean sostenibles y profundos, como destacaba en una reciente entrevista la Presidenta del Consejo para la Transparencia y Buen Gobierno de España, Esther Arizmendi, “es necesario educar desde edades tempranas en el marco del sistema docente formal”. Debemos formar paladines de la transparencia para que casos como el de Domitila dejen de responder al empeño de una sola persona y se conviertan en algo habitual e interiorizado por el conjunto de la sociedad.
Artículo original en Planeta Futuro, El País: http://elpais.com/elpais/2017/04/25/planeta_futuro/1493136837_056445.html
Por Borja Díaz, técnico senior de Gobernanza Democrática / Senior Officer of Democratic Governance. EUROsociAL+.
