Por Fernando de la Cruz Prego, responsable de la línea de acción de Finanzas Públicas del área de políticas de Gobernanza Democrática de EUROsociAL+ en la FIIAPP.
Políticas de mitigación de corto plazo
La crisis del COVID-19, como la gran mayoría de crisis, está impactando de forma más acusada en los sectores de la sociedad más vulnerables. Lo estamos viendo en el ámbito sanitario (en mayores y enfermos), en el social (sectores con menores rentas y acceso reducido a servicios públicos) y en el económico (PYMES y autónomos). Este común denominador, la vulnerabilidad, ha obligado a los Estados a desplegar toda una batería de políticas públicas orientadas a contener y mitigar los efectos del virus.
En materia sanitaria, se ha ampliado el acceso y la cobertura de los sistemas de salud, así como la compra de equipos y materiales para prevenir y tratar las infecciones. En el ámbito social, se han creado o ampliado los programas de asistencia para la provisión de rentas mínimas a los sectores más vulnerables; y en el ámbito económico se han puesto en marcha líneas de liquidez para empresas y autónomos, así como reducciones y flexibilizaciones de los pagos tributarios. Estas han sido las principales medidas públicas para enfrentar los efectos del virus en el corto plazo.
Sin embargo, la capacidad de los Estados para desplegar estas políticas difiere en función de la disponibilidad de recursos de cada uno. Así, los países con un menor grado de desarrollo, o que presenten un estrecho espacio fiscal, están viendo limitada su respuesta, salvo recurriendo a la vía del endeudamiento. Esto es lo que está sucediendo en muchos países en desarrollo, entre otros, en buena parte de los países Latinoamericanos, especialmente en aquellos que ya venían enfrentando contextos recesivos como resultado de la caída de los precios de sus commodities.
En definitiva, las vulnerabilidades no son solo sanitarias, económicas o sociales, sino también nacionales. Hay países que se encuentran en posiciones fiscales excesivamente deterioradas como para dar una respuesta adecuada a las múltiples crisis desatadas por el Coronavirus. En este sentido, diversos analistas han señalado, y varios gobiernos están demandando, un reenfoque de las políticas de gestión de la deuda pública externa, así como de los criterios y condicionalidades para acceder a nuevas líneas de financiación de los organismos internacionales. En esencia, se trata de reducir las cargas del servicio de la deuda, de manera que se puedan liberar recursos para el gasto público, que además deben ser reforzados mediante líneas de crédito blando, barato y sin condicionalidades en materia fiscal.
Políticas de recuperación de medio plazo
Más allá de las políticas inmediatas, los gobiernos enfrentan innumerables retos de medio plazo. Las proyecciones de crecimiento, desempleo, pobreza y desigualdad que ofrecen la mayor parte de organismos muestran para este año un panorama de aguda depresión económica y social a nivel global. Según las proyecciones de CEPAL, la región latinoamericana se dirige hacia potenciales caídas del PIB del 5%, reducción de las exportaciones en un 15% y un aumento de 12 millones de desempleados y de 30 millones de ciudadanos que caerán por debajo de la línea de pobreza.
Responder a estas proyecciones exige repensar las políticas fiscales de medio plazo. Tres elementos parecen clave para transitar hacia ese “nuevo” enfoque fiscal. Primero, abordar las reformas tributarias pendientes para maximizar la capacidad recaudatoria pública y potenciar sus efectos redistributivos mediante una mayor progresividad de la estructura tributaria. Además, este esfuerzo debería acompañarse con una lucha real frente a la evasión y la elusión fiscal a nivel internacional. Por último, debe valorarse la pertinencia de generar nuevos impuestos, tanto a la riqueza, como a las industrias tecnológicas y a las energías fósiles.
La segunda pata del nuevo enfoque fiscal apunta al gasto público, abarcando aspectos como, los volúmenes totales y sus multiplicadores, las prioridades sectoriales, especialmente en el ámbito social, y la calidad y eficiencia en su gestión y ejecución presupuestaria. La nueva realidad post-coronavirus va a exigir un esfuerzo significativo en materia de gasto sanitario, tanto para ampliar el acceso como para mejorar su capacidad de absorción de pacientes, lo que a su vez exigirá profundizar y mejorar los mecanismos de descentralización y gestión territorial a nivel departamental y municipal. En la medida de lo posible, este refuerzo debería extenderse al conjunto del Estado de bienestar, a ámbitos como la educación, las pensiones o la protección social, que ya demandaban mejoras por parte de la ciudadanía antes de la crisis, pero que ahora se convertirán en reclamos fundamentales para asegurar un mínimo nivel de cohesión social. Para todo ello, será necesario profundizar en la transparencia y la evaluación de los recursos fiscales, lo que permitirá legitimar y optimizar su uso. Por último, es necesario que la región acometa una revisión en la asignación sectorial del gasto público hacia aquellos programas que refuercen de forma complementaria su impacto en términos redistributivos y de crecimiento económico, e impulsar así la fase de recuperación mediante la demanda agregada y el fortalecimiento del capital humano.
Cooperación fiscal y financiera
Finalmente, la tercera pata de las políticas fiscales debe ser la ayuda internacional, especialmente en aquellos países con menor espacio fiscal. Ya se ha mencionado la necesidad de relajar los pagos de la deuda, ya sea mediante moratorias, condonaciones parciales o cancelaciones, así como con líneas de financiación concesional con limitadas condicionalidades.
De forma complementaria, es necesario ir más allá de los volúmenes de ayuda financiera, lo que exigirá compromisos políticos por parte de los donantes. En este marco, es necesario avanzar en diversos ámbitos, por supuesto, y prioritariamente, en la gobernanza de la salud global mediante mecanismos que aseguren la salud como un derecho global. Si algo ha mostrado esta pandemia es que o nos protegemos y curamos como comunidad global o antes o después los problemas de unos afectarán a los otros. La ya recurrente frase “el virus no sabe de fronteras” no es baladí.
No obstante, esta cooperación reforzada a nivel global debe ir más allá del ámbito sanitario. Antes de la crisis, muchos temas exigían avances en la gobernanza global, entre otros los relacionados con el cambio climático o las políticas y reglas de fiscalidad internacional para evitar la evasión y la elusión fiscal empresarial. Este último punto resulta de vital importancia en el esfuerzo por reforzar la capacidad recaudatoria de los Estados. Un compromiso global para avanzar en la implementación de las normativas BEPS sería un excelente paso a adelante. Idealmente, a estos temas deberían sumarse otros muchos, que abarcan otros bienes públicos globales, como la educación, la innovación o el comercio.
Desde el Programa EUROsociAL+ contribuiremos a que esta nueva agenda de políticas públicas avance con un enfoque de mayor solidaridad, bienestar y cohesión social y territorial entre las regiones europea y latinoamericana.
Fernando de la Cruz Prego
Responsable de Finanzas Públicas en el área de polítcas de Gobernanza Democráticas del Programa EUROsociAL+ en la FIIAPP.
Doctor en Estudios del Desarrollo por la UNED y Master en Estudios Latinoamericanos por la UCM.
