Entrevista a Andrés Mahnke, Defensor Nacional de la Defensoría Penal Pública de la República de Chile
Andrés Mahnke, Defensor Nacional de la Defensoría Penal Pública de la República de Chile y Coordinador General de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas(AIDEF), nos habla de los retos de las Defensorías Públicas de la región y de los proyectos que se desarrollan a nivel nacional en Chile y en el ámbito regional con la AIDEF con apoyo del programa de la Unión Europea, EUROsociAL+.
En América Latina, las Defensorías Públicas son actores claves para garantizar el acceso a la Justicia de las personas de bajos recursos o privadas de libertad y asegurar que puedan ejercer sus derechos fundamentales ¿Cuáles son los principales retos para las Defensas Públicas de la región para poder ejercer una defensa pública eficaz?
Existen tres dimensiones. Conceptualmente y aunque parezca inicialmente contradictorio, la Defensa no es un servicio asistencialista de personas pobres. Es la representación de la tutela jurídica que el Estado debe garantizar a un Derecho Fundamental. Presentarlo de otra forma permite que el Estado eluda su responsabilidad y se afecte directamente la igualdad ante la ley precisamente de las personas más vulnerables.
La siguiente dimensión dice relación con aspectos estructurales vinculados a la institucionalidad. La independencia técnica de los defensores, la autonomía institucional que asegure esa independencia, la dotación, los recursos para seleccionar y capacitar, la equivalencia de remuneraciones con los demás intervinientes del sistema, la capacidad y financiamiento para sostener investigación propia, la habilitación de infraestructura que permita atender dignamente a sus representados y las tecnologías de la información que aseguren una gestión de defensa en igualdad de armas con la persecución penal.
Finalmente, la dimensión cualitativa, en orden a asegurar estándares de defensa (defensa técnica, gestión, trato digno) y un sistema que controle su cumplimiento. A través de AIDEF las Defensorías de América y Caribe nos hemos desarrollado notoriamente en este ámbito. De no considerar esta dimensión nos encontraríamos con la disponibilización de abogados que no tienen ninguna posibilidad de representar eficazmente los intereses y derechos de sus defendidos, convirtiendo en letra muerta la tutela de un derecho.
La actuación de EUROsociAL+ en la línea de justicia está orientada a ampliar y fortalecer la cobertura de los servicios de asistencia prestados por las Defensorías Públicas, con el fin de humanizar y dignificar la atención a las personas en condición de vulnerabilidad ¿Qué grupos en condición de vulnerabilidad enfrentan mayores obstáculos para el acceso a la justicia, debido al limitado reconocimiento de esa condición?
La realidad de América Latina nos demuestra que la población perteneciente a pueblos originarios, migrantes y las personas privadas de libertad, presentan manifiestas vulneraciones a su dignidad y derechos. Ocurre lo propio con los jóvenes, mujeres – principalmente las privadas de libertad – población LGTBI, personas con capacidades diferentes. Todos transversalmente unidos por el principal factor de vulnerabilidad y discriminación que es la pobreza.
A nivel Regional, EUROsociAL+ trabaja desde el inicio en estrecha colaboración con la Asociación Interamericana de Defensorías Publicas (AIDEF), apoyando el avance en la construcción de respuestas comunes, como marcos estratégicos comunes de referencias para políticas públicas a nivel regional, adopción de acuerdos, declaraciones o lineamientos conjuntos, elaboración de protocolos u otros productos comunes ¿Qué valor añadido tiene el trabajo en red para las Defensorías de América Latina?
En primer lugar -y uno de los objetivos estratégicos de AIDEF- defender la plena vigencia y eficacia de los Derechos Humanos y las garantías reconocidas en pactos internacionales sobre la materia. Actuar de forma conjunta y coordinada provoca un impacto real en debates que en forma aislada serían complejos de sostener solo en el ordenamiento interno.
Permite establecer un sistema permanente de coordinación y cooperación interinstitucional de las Defensorías Públicas con el propósito de elevar los estándares de defensa en cada una de ellas.
Finalmente, actuar en red y en el marco del Sistema Interamericano de los Derechos Humanos, produce un evidente apalancamiento de las instituciones de defensa que logra atenuar las deficiencias estructurales que todavía muchas defensorías presentan.
Actualmente en coordinación con la AIDEF se está trabajando en la elaboración de un diagnóstico y una guía de actuación de las Defensas Públicas en casos de violencia institucional, para dar respuesta ante casos de tortura o violencia institucional en cárceles. Según diagnósticos recientes a pesar de haber transcurrido más de 30 años desde la firma de las Convenciones Internacional e Interamericanas para prevenir y sancionar la tortura, en América Latina aún subsisten importantes desafíos en materia de violencia institucional ¿Cree que la población en general en América Latina desconoce la dimensión del fenómeno de la tortura? ¿Cómo se podría abordar esta problemática desde el quehacer de las Defensorías Públicas?
Este es un tema profundo, luego de dictaduras recurrentes en la región, ha sido difícil el tratamiento de vulneraciones graves a los DDHH en gobiernos democráticos, tanto para distinguirlas, enfrentarlas y hasta para “denominarlas” tal cual son como es el caso de torturas. Sin duda es un tema que hemos liderado por cuanto porcentualmente en democracia las mayores y más frecuentes situaciones de violencia institucional y tortura se presentan en los extremos del proceso penal. Al inicio, luego de la detención en los recintos policiales, y, al final, luego de una sentencia condenatoria privativa de libertad en los recintos penitenciarios.
La temática la hemos logrado posicionar precisamente a través de los proyectos que en la materia hemos llevado adelante relevantemente con Eurosocial y con la incorporación del debate en el SIDH, a través de Resoluciones Generales de la Asamblea General de OEA y audiencias plenarias de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos de la misma OEA, entre otros instrumentos.
Todo ello ha permitido permear el debate interno en torno a la privación de libertad y sus consecuencias, el uso excesivo de la prisión preventiva (ya como pena anticipada y mecanismo de control social), la reclusión como elemento central de la pena en la región y en particular la violencia institucional y tortura en recintos carcelarios que se producen en dichas circunstancias.
Finalmente, dada la diversidad de actores que intervienen en el ámbito de la justicia y que se trata de problemáticas multidimensionales ¿Qué mecanismos/instrumentos se podrían poner en marcha para mejorar la coordinación interinstitucional e intersectorial para la implementación de políticas de acceso a la justicia?
Más que crear o poner en marcha nuevos mecanismos e instrumentos, lo que actualmente se requiere en América Latina es fortalecer y mejorar las instancias que ya existen para una buena coordinación interinstitucional. Robustecer, el trabajo entre las instituciones del ámbito de la justicia y capacitar a los actores potenciando el trabajo en conjunto. Porque una de las problemáticas a las que nos enfrentamos es la falta de confianza en las instituciones del sistema de justicia, pero no sólo por parte de la ciudadanía sino también por parte de los mismos actores del sistema.
María Luisa Domínguez, técnico senior del área de gobernanza democrática de EUROsociAL+
