Es necesario que América Latina defina un marco de política fiscal que permita sostener los avances sociales alcanzados hasta la fecha y, en la medida de lo posible, ir más allá.
Foto: Últimas protestas en Chile. Autor: Iván Alvarado (Reuters)
A pesar de los avances en la reducción de la desigualdad en América Latina, este sigue siendo el continente con las mayores inequidades de renta a nivel global. En un contexto de ralentización de la economía como el actual, es necesario que la región defina un marco de política fiscal que permita sostener los avances sociales alcanzados hasta la fecha y, en la medida de lo posible, ir más allá. La evidencia empírica internacional cada vez es más contundente sobre la importancia de la redistribución, no solo como vehículo para alcanzar una mayor igualdad de oportunidades, sino también para mantener la estabilidad democrática y el crecimiento económico.
La desigualdad se ha impuesto como uno de los temas clave de la nueva agenda global. Titulares como Las 26 personas más ricas del mundo poseen la misma riqueza que 3.800 millones de las personas más pobres encabezan portadas de los periódicos más influyentes del mundo. Sin embargo, la realidad esconde una mayor complejidad. Los datos muestran que, de hecho, en las últimas décadas la desigualdad global se ha reducido, principalmente gracias al desarrollo de China e India, pero también que en muchos países aumenta, especialmente en los países desarrollados.
Para enfrentar los retos de la desigualdad han surgido múltiples propuestas que apuntan a la necesidad de potenciar y modernizar los instrumentos públicos redistributivos. Actualmente, el autor más renombrado es Thomas Piketty, quien inició su cruzada contra la desigualdad con la publicación en 2013 de su libro El Capital en el siglo XXI, al que le ha seguido recientemente la publicación en 2019 de Capital e Ideología. En ambas obras, con un formidable análisis estadístico, se constatan las crecientes desigualdades en la distribución de la renta y la riqueza en un amplio conjunto de países y se realizan una serie de transgresoras propuestas para su corrección, tanto en el ámbito tributario como del gasto público.
En el ámbito tributario, hay que destacar la labor de economistas como Emmanuel Sáez y Gabriel Zucman, autores del reciente libro El triunfo de la injusticia: ¿Cómo los ricos esquivan los impuestos y cómo hacer que paguen?, quienes han señalado los elementos de regresividad existentes en el sistema tributario estadounidense, en el que un trabajador de la Ford tributa en el impuesto sobre la renta personal al mismo nivel que Warren Buffet, uno de los hombres más ricos del país. En esta línea, los autores han realizado novedosas propuestas tributarias de reforma del gravamen a la riqueza personal, de aumento del impuesto de sociedades y del IRPF, además de transformaciones en la fiscalidad del consumo, con el propósito de volver a situar a Estados Unidos en la vanguardia de la progresividad tributaria.
En el ámbito del gasto público, los organismos internacionales insisten en que las políticas redistributivas son positivas a medio y largo plazo para el crecimiento y la estabilidad económica. En otras palabras, la dicotomía entre gasto público y crecimiento económico, presente en las recomendaciones de política económica de los años ochenta y noventa, se vería así sustituida por un nuevo enfoque, centrado en identificar el nivel óptimo de gasto público y los impactos diferenciados según su composición. Existe un consenso creciente en que con un escenario como el actual de bajos tipos de interés, el impacto potencial de los multiplicadores fiscales aumenta, y que programas de gasto que actúan como estabilizadores automáticos o la inversión pública desempeñan un papel clave como mecanismos contracíclicos. En cuanto a la composición del gasto, mejorar su efectividad social, exige su adecuada orientación hacia ámbitos como las infraestructuras, la educación, la protección social o la I+D.
En este marco, hay que resaltar que América Latina es la única región del mundo que no ha sufrido este fenómeno de creciente desigualdad interna. De hecho, en las últimas décadas ha realizado un esfuerzo notable en su reducción aprovechando el boom de los commodities. Como señala la Cepal, este descenso de la desigualdad del ingreso se ha producido por el incremento de los precios de los productos básicos, un mayor impulso a las políticas redistributivas, y el fortalecimiento de instituciones laborales, como el salario mínimo o la negociación colectiva. Sin embargo, estos esfuerzos resultan insuficientes, ya que los datos también muestran que la región sigue siendo la más desigual del mundo.
Desde el programa EUROsociAL+, financiado por la Comisión Europea, y que lidera la FIIAPP, nos sumamos a esta tarea de potenciar los mecanismos redistributivos en la región. Recientemente, el programa acaba de publicar el documento de trabajo El impacto redistributivo de los sistemas tributarios latinoamericanos y su comparación con la Unión Europea y la OCDE, del que son autores los profesores Jorge Onrubia, de la Universidad Complutense de Madrid, y María del Carmen Rodado, de la Universidad Rey Juan Carlos; y que cuenta con un prólogo de Danilo Astori, exministro de Economía y Finanzas de Uruguay.
Las conclusiones del estudio apuntan que la política fiscal en América Latina y Caribe no logra reducir la desigualdad a los mismos niveles de la OCDE por sus limitaciones en materia de progresividad y presión fiscal. Así, el efecto redistributivo de los impuestos directos y las prestaciones monetarias es considerablemente mayor en los países de la Unión Europea que en los países de América Latina y Caribe. Por tanto, parece que los esfuerzos de la región deben reforzar la imposición progresiva y la mejora de las capacidades internas en la recaudación impositiva; y además hacerlo de forma combinada con la mejora en la calidad y composición de unos presupuestos públicos “prosociales”.
No es una tarea sencilla, menos aún en un entorno de estancamiento económico, pero es necesario para preservar los logros sociales de la última década.
En: Planeta Futuro, El País
Autores:
Jorge Onrubia Fernández es profesor titular de Hacienda Pública y Sistema Fiscal, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad Complutense de Madrid, e Investigador adscrito al Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI).
María del Carmen Rodado es profesora contratada doctora de Economía Aplicada, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad Rey Juan Carlos
Fernando de la Cruz Prego es responsable de finanzas públicas del Programa EUROsociAL+ de la Fundación Internacional Y Para Iberoamérica De Administración Y Políticas Públicas
