La fiscal de sala delegada contra la violencia sobre la mujer de la Fiscalía General del Estado de España, nos responde sobre el protocolo de recepción de denuncias de violencia de género en las Agencias Territoriales de Acceso a la Justicia (ATAJOs) en Argentina
María Pilar Martín Nájera
EUROsociAL+, programa de la Unión Europea, está acompañando al Ministerio Público Fiscal (MPF) de Argentina en el diseño e implantación de un protocolo de recepción de denuncias de violencia de género en las Agencias Territoriales de Acceso a la Justicia (ATAJOs), inicialmente con un proyecto piloto en el ATAJO de la Villa 1-11-14 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que posteriormente se extenderá a todos los ATAJOs del país. Los ATAJOS son oficinas del MPF, ubicadas en los barrios periféricos y más desfavorecidos del país, en las que se reciben denuncias, se previenen situaciones conflictivas y se trabaja en la promoción de derechos de las personas en condición de vulnerabilidad.
Para ello se ha contado con la asistencia técnica de la Fiscalía General de Estado de España, a través de la fiscal de sala delegada contra la violencia sobre la mujer, Pilar Martín Nájera.
EUROsociAL+: ¿Cuál es el principal objetivo de este protocolo y quienes son los colectivos a los que va dirigida?
Pilar Martín Nájera: En primer lugar, hay que señalar que este protocolo es consecuencia, entre otros, del gran esfuerzo de transformación y crecimiento realizado en los últimos 5 años por el Ministerio Público Fiscal de Argentina acentuando, con asesoramiento de equipos multidisciplinares, su aspecto de Ministerio Público y de apoyo a las personas más vulnerables para defender sus derechos y facilitarles el acceso a la Justicia. La creación de la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM) supuso un avance en el impulso de la igualdad y la atención a las mujeres víctimas de violencia doméstica o intrafamiliar, y de promoción de políticas criminales y estrategias más eficaces para acabar con la pandemia que representa a nivel mundial la violencia sobre mujeres y niñas.
Sus antecedentes se encuentran en la Ley 26485 de violencia de género que señala como uno de sus objetivos el facilitar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas, en la misma línea marcada por los organismos internacionales, CEDAW, la Convención Belem Do Pará y más recientemente las 100 Reglas de Brasilia aprobadas por la Asamblea Plenaria de la Cumbre Judicial Iberoamericana.
El acercamiento a las víctimas propiciado por el MPF requería realizar un análisis serio y real de la situación y los problemas concretos que las mujeres tenían para acceder a la justicia, constatando como primera barrera la lejanía, saturación e insuficiencia de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) dependiente de la Corte Suprema, único órgano de recepción de denuncias y valoraciones de riesgo que posibilita la concesión de medidas de protección. A la vez se comprobó un incremento importante de denuncias de mujeres en determinados barrios o zonas alejadas del centro, lo que reflejaba el aumento de la violencia de género y las dificultades añadidas de tener que acudir a un lugar lejano para denunciar: escasez de tiempo, desconocimiento del idioma, de la cultura, de sus derechos, desconfianza, falta de apoyo familiar o social.
En esta labor de campo fue esencial el programa RETEGER en que las promotoras sociales de esos barrios asesoran y ayudan a sensibilizar a las víctimas de sus derechos, confirmando el gran abandono institucional que sufrían esos barrios, salvo los ATAJOS, lo que generaba desconfianza y desconocimiento.
Los elevados índices de impunidad de estos delitos es otro de los principales problemas y desafíos que había que afrontar.
De esta situación surge el protocolo de recepción de denuncias cuyo principal objetivo es acercar la justicia a las mujeres y niñas mayores de 13 años para que puedan ejercitar sus derechos como ciudadanas, sin necesidad de desplazarse a la OVD, siendo atendidas por profesionales especializados lo que produce no sólo una mayor facilidad para formular denuncia, sino una celeridad en los trámites judiciales, lo que ha requerido también un esfuerzo de coordinación institucional con el Poder Judicial de la Nación, Defensorías, Centros de acceso a la justicia, comisarías barriales y Procuración entre otros.
Las beneficiarias son las mujeres y niñas víctimas de delitos violentos o contra la libertad sexual dentro del ámbito de la pareja o dentro del entorno familiar que viven en esos barrios más pobres, alejados y donde menos presencia del Estado existe y que sufren múltiple vulnerabilidad derivada de la pobreza, ser extranjera, falta de arraigo y apoyo familiar.
ES+: Como primer paso para el diseño del protocolo de recepción de denuncias de violencia doméstica se realizó un diagnóstico de situación y una visita de campo a Argentina. De este análisis previo, ¿cuáles son las principales brechas de acceso a la justicia que enfrentan las mujeres víctimas de violencia de género en Argentina?
PMN: Creo que Argentina ha avanzado mucho en la lucha contra la violencia de género, pero tienen unas dificultades específicas, principalmente derivadas de su configuración federal, lo que da lugar a una gran complejidad jurisdiccional, conviviendo en la Ciudad de Buenos Aires, la jurisdicción federal, la nacional y la local, con escasa coordinación entre ellas.
Junto a ello, durante mi estancia en Buenos Aires detecté una cierta falta de especialización, sensibilización y, en definitiva, perspectiva de género en la gendarmería y policías, lo que es esencial para que las mujeres confíen en ellos y acudan a denunciar y pedir protección.
Por lo demás, las mujeres víctimas de violencia de género en Argentina tienen las dificultades comunes que presentan todos los países, no sólo en el momento de denunciar, sino a lo largo del procedimiento donde como consecuencia de la falta de especialización, con frecuencia sufren una fuerte revictimización y una respuesta judicial a menudo tardía e inadecuada. Un estado de derecho debe reforzar el marco seguro y respetuoso con las víctimas que les permita participar en el proceso y ejercer sus derechos como ciudadanas.
ES+: Se analizaron además experiencias y buenas prácticas de otros países de Europa y América Latina. Desde su experiencia ¿hay algún país de Europa y/o de América Latina que pueda considerarse un referente en el abordaje de esta temática? ¿qué políticas públicas se han puesto en marcha a este fin?
PMN: Todos los países somos conscientes de la elevada cifra negra que existe en la violencia de género, y que la forma de superar esta cifra es realizar campañas que impulsen a las mujeres a salir de ese infierno rompiendo el silencio acudiendo al sistema judicial. Pero si cuando toman esa decisión tan difícil, el sistema no le responde, no le ofrece facilidades, no le ayuda ni se siente atendida y entendida, la víctima abandonará el proceso y el Ministerio Fiscal no podrá conseguir en la mayoría de los casos una sentencia condenatoria y una adecuada protección para esa víctima.
Por ello, en España en concreto existe una gran preocupación por atender adecuadamente a la víctima cuando presenta la denuncia, a que perciba el apoyo del sistema, a facilitarle el acceso a los recursos y a toda la información sobre el proceso. El apoyo psicológico y acompañamiento a lo largo del proceso de la víctima y la formación continuada en perspectiva de género en todos los operadores para intentar acabar con los estereotipos de género que tan presente están en estos delitos son dos instrumentos importantes.
Indudablemente el asesoramiento jurídico gratuito y obligatorio, sin necesidad de acreditar su situación económica, de todas las victimas de violencia de género por letrados especializados es una herramienta muy poderosa que ayuda a romper esas barreras de las que hablamos.
En España, el Observatorio del Consejo General del Poder Judicial ha publicado una guía de buenas prácticas respecto a la forma de recibir declaración a la víctima dirigida a todos los jueces españoles.
También, el Colegio de Abogados a nivel nacional ha elaborado una excelente guía de actuación dirigida a los letrados con perspectiva de género.
ES+: La situación de confinamiento provocada por la COVID-19 no afecta a todos por igual. Desde el Secretario General de Naciones Unidas, ONU Mujeres, el Parlamento Europeo hasta organizaciones como Oxfam Internacional y Human Rights Watch, entre otras, han alertado de que la violencia contra la mujer puede agravarse durante el confinamiento, ya que en muchos casos las víctimas de violencia de género se ven obligadas a convivir 24 horas al día con sus maltratadores y pueden enfrentar obstáculos adicionales para huir de situaciones violentas y para acceder a servicios esenciales. Según la ONU debido al confinamiento en algunos países se ha duplicado el número de mujeres que llaman a los servicios de asistencia.
¿Qué medidas de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género se pueden poner en marcha para abordar esta situación?
PMN: La situación de confinamiento es un factor que incrementa la violencia de género derivada de la convivencia forzada durante días con el agresor, además de que dificulta la posibilidad de pedir ayuda o acceder a los diferentes recursos existentes.
En España todas las actuaciones relativas a la protección y medidas cautelares a favor de las víctimas han sido declarados servicios esenciales tanto en el ámbito procesal como asistencial, de manera que se les recibe denuncia y se resuelve la petición de medidas cautelares. Igualmente, los centros de acogida y los servicios sociales y psicológicos que atienden a las víctimas siguen trabajando, pero indudablemente no a nivel presencial sino de forma telemática.
El análisis provisional de los datos que tenemos en España señala una importante reducción del número de denuncias por violencia de género, que no podemos identificar sin más con reducción de la violencia de género en general, y que hay que valorar con prudencia y analizar todos los factores concurrentes. Lo que sí podemos afirmar es que en este periodo el número de victimas mortales, dos en más de un mes, se ha reducido respecto a meses anteriores.
Como medidas puestas en marcha en España, además de los sistemas habituales, la Policía y la Guardia Civil ha incrementado el contacto y control con las víctimas registradas en VIOGEN con frecuentes llamadas telefónicas. Se han puesto en marcha más teléfonos, email y WhatsApp que faciliten el asesoramiento y la denuncia telemática. Se reclama el apoyo y compromiso de familiares y vecinos para que avisen a la policía, la aplicación ALERTCOPS en los teléfonos de las víctimas que transmite un aviso a la policía con el simple hecho de pulsar durante 5 segundos seguidos y finalmente el sistema FARMACIA 19, que, con la colaboración del colegio de farmacéuticos, permite a las mujeres acudir a la farmacia y diciendo esa contraseña el personal avisa inmediatamente a la Policía.
Junto a estas, la Delegación del Gobierno ha editado una guía de actuación para las víctimas de VG en tiempo del COVID-19 que ha tenido una gran difusión.
De todas formas creo que aún hay que avanzar el la incorporación de la mujer en la toma de decisiones para resolver esta crisis y cuando salgamos de ella, articular medidas especiales en cuanto las mujeres serán el colectivo más afectado a nivel laboral.
ES+: Finalmente, volviendo al nuevo modelo de recepción de denuncias de violencia doméstica que se está implantado en los ATAJOS de Argentina, ¿qué factores considera claves para garantizar el éxito de este eje de trabajo?
PMN: La disponibilidad de equipos interdisciplinarios con perspectiva de género, especializados en violencia de género y con enfoque territorial y comunitario y su profesionalidad y compromiso es la clave para la puesta en marcha y el éxito del proyecto.
Otro factor esencial para que funcione es mantener la proximidad y visibilidad en el barrio, mediante la coordinación con los referentes territoriales, que permite conocer las peculiaridades de ese lugar y captar la confianza de las mujeres.
Por último, el éxito del Proyecto requiere un esfuerzo de coordinación de todas las instituciones implicadas y un adecuado control y análisis a través de la mesa de seguimiento creada a tal fin.
Más información sobre ATAJOs en la web de EUROsociAL:
