La Unión Europea une a tres programas de cooperación con América Latina y el Caribe en la organización de la Conferencia birregional de Montevideo.
Foto de grupo de la conferencia birregional de Montevideo
Con el objetivo de reflexionar sobre el sistema de penas y aportar propuestas diferentes a la privación de libertad, se celebró en Montevideo la conferencia birregional sobre medidas alternativas a la prisión, organizada por tres programas regionales de cooperación de la Unión Europea (EUROsociAL+, COPOLAD II y EL PAcCTO).
La apertura del evento estuvo a cargo de Jorge de la Caballería, Jefe de unidad de la Dirección General de Cooperación Internacional y Desarrollo de la Comisión Europea, quien destacó que esta instancia “busca debatir e intercambiar experiencias sobre una problemática relevante para América Latina y el Caribe, que nos afecta y preocupa a todos a ambos lados del Océano”.
La región se enfrenta a altos niveles de delincuencia y la tasa media de personas privadas de libertad es superior a 263 cada 100.000 habitantes. En tanto, el uso creciente de detenidos en prisión preventiva supera el 30% de la población carcelaria y llega en algunos países a más del 70%.
“No se trata únicamente de ofrecer una solución circunstancial al problema del hacinamiento en las cárceles, sino de hacer uso de alternativas al encarcelamiento para brindar mejores perspectivas de rehabilitación social y menor reincidencia”, ilustró de la Caballería.
“Sabemos que este tema genera reticencias en sectores de la opinión pública. Pero necesitamos trabajar en sensibilizar a los diferentes actores y a la sociedad en su conjunto. Debemos informar sobre las consecuencias del crecimiento de las tasas de encarcelamiento y sobre las ventajas del uso de medidas alternativas a la privación de libertad”, agregó.
En el evento de apertura también estuvo presente Ariel Cancela, Fiscal adjunto de Corte, quien reflexionó sobre las posibles soluciones aplicables a los delitos.
“Un conflicto penal resuelto puede llevar verdaderamente a una pacificación social. Nuestro país tiene un alto índice de personas privadas de libertad y el número tiende a ascender, lo que nos lleva a pensar que hay que buscar alternativas”, expresó.
Por su parte, Elena Martínez Rosso, Ministra de la Suprema Corte de Justicia, aseguró que la sociedad uruguaya no ha resuelto bien la problemática de los centros penitenciarios ni las personas privadas de libertad. “La población en general no muestra preocupación por las personas encarceladas, aunque la seguridad es el tema que más interesa a la ciudadanía”, dijo.
En tanto, Andrea Vignolo, Directora Ejecutiva de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI), destacó la solidez institucional democrática para avanzar hacia el cumplimiento de todos los estándares internacionales. “En Uruguay podemos convivir en paz y pensar en seguir construyendo nuestro país hacia el futuro”, sostuvo.
También participaron de la presentación Juan Manuel Santomé, director de EUROsociAL+; Juan Gama y Xavier Cousquer, directores de EL PAcCTO; y Claudia Liebers Gil, responsable de Relaciones Institucionales y Estrategia de COPOLAD II. Los expositores coincidieron en la importancia de poner foco en las desigualdades que impulsan a personas a actuar al margen de la ley, la lucha contra el crimen trasnacional organizado y el análisis y desarrollo de políticas de reducción de oferta y demanda de drogas.
