Esta Ley surgió como una iniciativa del Poder Ejecutivo, impulsada por el Área de Planificación Regional de MIDEPLAN, con el apoyo de la Unión Europea a través del Programa EUROsociAL+, y tramitada en la Comisión Especial de la Provincia de Limón.
Foto: Momento de la Firma de la Ley
Con el objetivo de impulsar el desarrollo regional y reducir progresivamente las desigualdades que se manifiestan en el territorio nacional, el presidente de la República de Costa Rica en ejercicio, Marvin Rodríguez Cordero, firmó la Ley de Desarrollo Regional (10.096) junto a la ministra de Planificación Nacional y Política Económica, María del Pilar Garrido Gonzalo. El ministro de Hacienda, Elian Villegas Valverde, la firmó previamente.
El acto, realizado en el lobby de la Presidencia de la República, contó con la participación de la embajadora de la Unión Europea en Costa Rica, María Antonia Calvo Puerta y la diputada Yorleny León Marchena, presidenta de la Comisión Especial de la Provincia de Limón, que tramitó la iniciativa.
“Tiene como finalidad impulsar el desarrollo regional en Costa Rica, para la mejora de las condiciones y la calidad de vida de toda la población, respetando las particularidades culturales, sociales, económicas, ambientales y el aprovechamiento de las sinergias y potencialidades propias de cada región, en un contexto de participación democrática. Asimismo, reducir progresivamente los desequilibrios regionales mediante el diseño e implementación de políticas públicas diferenciadas e incluyentes”, reza el artículo 1 del texto de la Ley.
El presidente en ejercicio, Marvin Rodríguez Cordero, se declaró complacido por la firma de esta ley, a la que catalogó como “una herramienta jurídica, útil y eficaz». “Le permitirá al Estado y a los diversos actores públicos y privados revertir el proceso de desigualdad territorial que se ha exacerbado en los últimos años. Una descentralización responsable y participativa se abre paso de manera creciente y decidida para resolver mejor y de forma más legítima, las brechas entre territorios y al interior de estos basado en los pilares de la conciencia con el medio ambiente y el bienestar de todas las personas sin distinción alguna”, manifestó.
Por su parte, la ministra de Planificación, Pilar Garrido Gonzalo, destacó: “Esta ley dará más fuerza legal e institucional al desarrollo regional de Costa Rica, permitirá resguardar mayores y mejores niveles de gobernanza, y ampliar los espacios de participación y protagonismo en el proceso de toma de decisiones a los ciudadanos y ciudadanas de las distintas regiones de nuestro país. Además, permite al Poder Ejecutivo, gobiernos locales y sociedad civil gestionar, con responsabilidad compartida, la resolución de los distintos desafíos territoriales y el cierre de brechas entre la Gran Área Metropolitana y el resto de las regiones”.
La diputada León añadió: “La ley es un reconocimiento a las regiones, como espacio de planificación y a las particularidades que tienen esas regiones, que son demandas reales que tienen las personas y que habían sido obviadas por muchos años. La ley facilita que sean los actores de cada territorio, quienes se pongan de acuerdo para resolver esas demandas y poderlas institucionalizar por medio de las mesas y los acuerdos de negociación”.
La embajadora Calvo Puerta señaló: “Es un honor para la Unión Europea estar presente en la firma de esta Ley Nacional de Desarrollo Regional, la cual es un hito en el proceso de regionalización de Costa Rica. Nos complace mucho haber acompañado a Costa Rica en este proceso a través de nuestro programa EUROsociAL+ y haber aportado a través de nuestra experiencia con la Política Regional Europea”.
Aportes de la ley
La Ley de Desarrollo Regional crea el Subsistema de planificación para el desarrollo en cada región, cuyo fin es la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de las acciones intersectoriales e interinstitucionales para garantizar el desarrollo del país; además, transforma los actuales Consejos Regionales de Desarrollo en las Agencias Regionales de Desarrollo (AREDES), integradas por representantes con poder de toma de decisión del sector productivo, sociedad civil, academia, municipalidades, instituciones públicas y consejos territoriales.
También, crea el Fondo Nacional para el Desarrollo Regional (FONADER), que tendrá a su cargo la asignación de recursos para favorecer el desarrollo regional y la reducción de las asimetrías socioeconómicas interregionales e intrarregionales. Este se financiará, principalmente, con los presupuestos de las instituciones que deberán precisar la inversión a realizar en cada región. Será administrado por el MIDEPLAN, en concordancia con la normativa y los procedimientos del Sistema Nacional de Inversión Pública.
La nueva ley establece la Política Nacional de Desarrollo Regional, los planes regionales de desarrollo y el Observatorio de Desarrollo Regional, como instrumentos para la gobernanza y el desarrollo. Otra de las novedades que incorpora es la obligatoriedad del Banco Central de Costa Rica de calcular un Producto Interno Bruto (PIB) regional, que permita analizar el comportamiento económico en cada una de las regiones.
