El reto es fortalecer el diálogo euro-latinoamericano en DDHH desde el intercambio de experiencias y buenas prácticas de tribunales europeos homólogos, por ejemplo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
EUROsociAL+ es un programa basado en el enfoque de los Derechos Humanos como garantía para acceder al bienestar con igualdad de oportunidades y sin discriminación, desde la promoción de políticas públicas sostenibles para la cohesión social. En este marco, este programa de cooperación de la Unión Europea liderado por la FIIAPP y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) han coincidido en la oportunidad de identificar espacios de cooperación para promover aquellos derechos que contribuyan a la reducción de las brechas de desigualdad en América Latina.
Para ello, una representación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, encabezada por su presidente Eduardo Ferrer McGregor, y la directora de FIIAPP Anna Terrón Cuisí, acompañada del equipo de EUROsociAL y el magistrado José De La Mata, sostuvieron un encuentro en Madrid para avanzar en temas como el fortalecimiento del diálogo euro-latinoamericano en materia de Derechos Humanos; el intercambio de experiencias y buenas prácticas con tribunales europeos homólogos, fundamentalmente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos; y el fortalecimiento de la conexión entre la Corte IDH y las jurisdicciones nacionales latinoamericanas, con el objetivo de dar a conocer e impulsar la aplicación a nivel nacional de la jurisprudencia de la Corte IDH; entre otras posibilidades de colaboración.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos es un órgano judicial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) cuyo objetivo es aplicar e interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros tratados de derechos humanos a los cuales se somete el llamado Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Por su parte, el Programa EUROsociAL ha trabajado la línea de acceso a la Justicia desde su primera fase, siendo actualmente un campo de actuación prioritario con una demanda constante y notable desde las instituciones de Justicia de los países latinoamericanos, que visualizan y reconocen el valor añadido del Programa en esta materia, aportando conocimiento especializado para la mejor protección de determinados grupos vulnerables.
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