Un año después del seminario internacional sobre “movilidad humana en América Latina” celebrado en Madrid, el Programa tiene en marcha 14 ejes de trabajo de apoyo a políticas públicas para población migrante.
Visita de un experto de EUROsociAL a la Operación Acogida en Boa Vista y Paracaima, frontera entre Brasil y Venezuela, que acoge y presta asistencia a migrantes.
La movilidad humana se sitúa de una manera evidente en los puestos destacados de las agendas políticas mundiales. En la región latinoamericana cuestiones como el acceso a derechos de las personas migrantes o la institucionalización de las políticas migratorias son un objetivo de la política pública. Los movimientos migratorios en América Latina y el Caribe, cada vez más, tienen una importancia singular. Flujos mixtos, desplazamiento de menores no acompañados, la caravana de migrantes en Centroamérica, la crisis migratoria venezolana o la situación en Haití son claras muestras de la necesidad de adoptar medidas que refuercen la gobernanza migratoria en la región.
A partir de este escenario, el Programa EUROsociAL+ busca dar respuesta a las demandas inaplazables en la región a través de una estrategia sólida de actuación en el marco de la gobernanza de la movilidad y su impacto en la cohesión social en Latinoamérica.
Desde las áreas de Gobernanza Democrática en la FIIAPP y de Políticas Sociales en IILA, se desarrollan ejes de trabajo (uno binacional, diez nacionales y tres regionales) con la temática migratoria como piedra angular. El área de Igualdad de Género en Expertise France coordina la transversalización de este enfoque de género en las acciones.
A nivel regional, se promueven i) la instalación de un sistema integrado de homologación de certificaciones laborales de personas migrantes, con la Alianza del Pacífico y Chile Valora, en Chile, Colombia, México y Perú; ii) el fortalecimiento de la Red de Fiscales contra la Corrupción con la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos -AIAMP-; y iii) la creación de una red y modelo de asistencia jurídica a personas migrantes en el marco de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas -AIDEF-.
A nivel nacional, se apoyan i) la elaboración de una Estrategia Binacional de Desarrollo Territorial Fronterizo México-Guatemala, con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano -SEDATU- de México y la Secretaría General de Planificación -SEGEPLAN- de Guatemala; ii) la ruta de protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes en situación de migración, con el Sistema Nacional de Protección Integral a Niños, Niñas y Adolescentes -SIPINNA- en México; iii) el programa de la Frontera Norte de México, con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano -SEDATU- de México; iv) el protocolo de protección de infancia y adolescencia refugiada, apátrida y de otra condición, con la Secretaria Nacional de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en Brasil; v) la guía para mejorar el acceso a la justicia de personas migrantes, con la Corte Suprema de Justicia en Chile; vi) el desarrollo e implementación de un modelo de defensa penal para migrantes y extranjeros, con la Defensoría Penal Pública en Chile; vii) los instrumentos de enfoque intercultural para programas sociales con población migrante, con el Fondo de Solidaridad e Inversión en Chile; viii) la instalación de programas de certificación de competencias laborales para la población migrante, con el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo -SENCE- en Chile; ix) la puesta en marcha de las divisiones de desarrollo Social y humano de gobiernos regionales, con la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativa -Subdere- en Chile; x) la implantación del programa de gestión de conflictos locales, con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en Chile; y xi) la elaboración de una política social integral para los países SICA en Centroamérica y República Dominicana.
Han pasado 11 meses desde la celebración en Madrid del seminario internacional sobre “movilidad humana en América Latina. Retos para la cohesión social: hacia un abordaje integral y regional de las migraciones”, con presencia de instituciones de 11 países latinoamericanos, la Unión Europea y organismos sub-regionales e internacionales como OIM, BID, SEGIB, CEPAL y OIT, entre otros. Desde entonces, EUROsociAL+ y sus instituciones del consorcio (UE, FIIAPP, Expertise France, IILA y SISCA-SICA), han formalizado en 14 acciones las demandas de una agenda migratoria para América Latina, con el reto de dar respuesta conjunta en forma de política pública a la movilidad humana en el continente.
