El Programa de la Unión Europea EUROsociAL+, a través de su Área de Gobernanza en FIIAPP, y la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas presentan un diagnóstico regional que analiza las necesidades jurídicas de las personas en situación de movilidad, que implicará la creación de una red regional para asistir jurídicamente a este grupo de población particularmente vulnerable
El experto Juan Jiménez Mayor conoce la operación de acogida de refugiados en la frontera de Brasil con Venezuela
El Programa EUROsociAL+ de la Unión Europea y la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF) trabajan desde hace meses en el desarrollo de un modelo regional de asistencia jurídica para personas en situación de movilidad (migrantes y refugiados), como primer paso para la posterior creación de una red regional, que permitirá a las distintas defensorías públicas de la región asistir jurídicamente a estas personas.
La particular situación de exclusión y vulnerabilidad que enfrentan estos colectivos hace necesaria una atención especial para mejorar la defensa y vigencia de sus derechos. Por ello, a fines de 2019 se puso en marcha este proyecto, que al interior de AIDEF ha sido promovido en conjunto por la Defensoría Pública de la Unión de Brasil y la Defensoría Penal Pública de Chile.
La iniciativa contempla dos fases: una primera de diagnóstico a nivel regional y otra de desarrollo del modelo regional y creación de la red. La etapa de diagnóstico se llevó a cabo durante el primer semestre de 2020 e implicó visitas de campo a varios países de la región, entre ellos Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Brasil, Costa Rica y México.
Ello con el objetivo de identificar los servicios de defensa y asistencia jurídica existentes y examinar la manera en que se facilita la atención a los distintos usuarios. En esta acción se está prestando especial atención a la situación de las personas migrantes en zonas de frontera, con visitas de campo en la zona fronteriza entre Brasil y Venezuela (Operación Acogida en Boa Vista y Paracaima) y en las fronteras norte y sur de México.
Presentación del diagnóstico
Juan Jiménez Mayor y Noemí Alarcón Velasco, expertos de EUROsociAL+, realizaron este estudio, que analiza en profundidad las necesidades jurídicas de las personas en situación de movilidad y los servicios que les prestan actualmente las defensorías públicas de la región (ver estudio Acceso a la justicia de personas en contexto de movilidad humana)
El documento fue presentado y debatido durante una sesión virtual en la que participaron representantes de las defensorías públicas de América Latina y más de 100 participantes, contexto en que se recogieron importantes contribuciones que han permitido enriquecer la versión final del estudio.
Su propósito es que, a partir de las necesidades jurídicas de las personas migrantes, se defina un modelo regional que precise los mecanismos de defensa que requieren y luego se cree, dentro de la AIDEF, una red regional de asistencia jurídica para migrantes desde las defensorías públicas que integran esta asociación.
Al comentar esta iniciativa, el Defensor Nacional, Andrés Mahnke, explicó que la defensa pública chilena ha impulsado con fuerza el proyecto, a partir de la experiencia adquirida en la defensa especializada de estas personas.
“La normativa internacional de derechos humanos protege con particular detalle los derechos de los migrantes, lo que implica que los Estados adquieren obligaciones especiales al efecto. Eso tiene que ver con que la migración pone a la persona en una condición mayor de vulnerabilidad, porque muchas veces está asociada, además, a temas de pobreza o incluso de persecución política, en un contexto en que la persona no cuenta con ningún tipo de arraigo ni redes de apoyo. Así, lo que buscamos es que este modelo oriente la forma en que las defensas públicas de la región darán cumplimiento a estas obligaciones internacionales, que buscan mejorar el acceso a la justicia para este grupo de población”.
El Defensor Público-General Federal de la Defensoría Pública de la Unión de Brasil (DPU), Dr. Gabriel Faria Oliveira, subrayó que:
“El trabajo realizado por los expertos de EUROsociAL+ para la elaboración del Diagnóstico Regional y Compilación de Buenas Prácticas de Asistencia Jurídica a Personas en Contexto de Movilidad Humana, en estrecha cooperación con los defensores federales de la DPU integrantes del Grupo de Trabajo Migraciones, Apatridia y Refugio (GTMAR), puso de relieve la necesidad de creación de una red de acceso a la justicia a esta población en la región, considerando las distintas características institucionales de las defensorías integrantes de AIDEF. Esperamos que, con los resultados de este extenso trabajo, podamos avanzar compromisos nacionales con la población migrante, así como fomentar el desarrollo de estos diálogos por parte de las Defensorías en el ámbito de la AIDEF”.
Pacto Mundial
Esta iniciativa se encuentra en línea con el ‘Pacto mundial para la migración segura, ordenada y regular’ (Marruecos, diciembre de 2018), que integra 23 objetivos. Por su relación directa con este estudio destaca su Objetivo 3, que en el punto d) estipula “brindar a los migrantes recién llegados información y orientación legal específicas, con perspectiva de género, sensibles a los niños, accesibles y completas sobre sus derechos y obligaciones, incluido el cumplimiento de las leyes nacionales y locales, la obtención de permisos de trabajo y de residencia, los ajustes de estatus, el registro con las autoridades, acceso a la justicia para presentar denuncias sobre violaciones de derechos, así como sobre acceso a servicios básicos”.
El proyecto también es coherente con el Objetivo 7 del pacto, que en su punto c) prevé la necesidad de “desarrollar políticas migratorias con perspectiva de género para abordar las necesidades y vulnerabilidades particulares de las mujeres, niñas y niños migrantes, que pueden incluir asistencia, atención médica, servicios psicológicos y de otro tipo de asesoramiento, así como acceso a la justicia y recursos efectivos, especialmente en casos de violencia, abuso y explotación sexual y de género”.
El desarrollo del modelo también recoge lo planteado en el apartado g): “Garantizar que los migrantes tengan acceso a asistencia jurídica y representación jurídica independientes, públicas o asequibles, en los procedimientos judiciales que los afecten, incluso durante cualquier audiencia judicial o administrativa relacionada, a fin de garantizar que todos los migrantes, en cualquier lugar, sean reconocidos como personas ante la ley y que la impartición de justicia sea imparcial y no discriminatoria”.
Por último, también incorpora lo señalado en el Objetivo 13 del pacto, que en su punto d) dispone “brindar acceso a la justicia a todos los migrantes en los países de tránsito y destino que estén o puedan estar sujetos a detención, incluso facilitando el acceso a asesoramiento jurídico gratuito o asequible y la asistencia de un abogado calificado e independiente, así como el acceso a información y el derecho a la revisión periódica de una orden de detención”.
