La iniciativa legal tuvo como base, entre otros, el trabajo conjunto desarrollado con expertos del Programa EUROsociAL+.
Foto: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, presentaron el pasado 3 de enero el proyecto de ley que crea el Nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de Víctimas de Delitos.
Este proyecto busca crear una nueva institucionalidad para el fortalecimiento del derecho de acceso a la justicia, mediante la implementación de diferentes líneas de acción con el objetivo de establecer un servicio eficiente, cercano e integral para las personas.
La iniciativa legal tuvo como base, entre otros, el trabajo conjunto desarrollado con expertos del Programa EUROsociAL+ de la Unión Europea, quienes junto a un equipo ministerial elaboraron un diagnóstico de acceso a la justicia en Chile, cuyo taller de validación se realizó a mediados del mes noviembre pasado.
Al respecto, el ministro Hernán Larraín aseguró que, “la presentación de este proyecto nos permite cumplir con uno de los compromisos de la Agenda Social del Gobierno, que es garantizar y fortalecer el acceso a la justicia para todas las personas, sin distinción, con una mejor justicia enfocada en las necesidades jurídicas ciudadanas. Esta nueva institucionalidad, contará con una serie líneas de acción. Por una parte, integra la oferta programática de las Corporaciones de Asistencia Judicial con la defensoría de víctimas de delitos, e incluye programas especializados, como el Programa Mi Abogado y el Defensor del Adulto Mayor y una línea de acción en el ámbito de los Derechos Humanos.”
En ese mismo sentido enfatizó, que “uno de los aprendizajes del año 2020 es la urgencia de acercar la justicia a las personas, facilitando el acceso a la justicia, que no es otra cosa que proveer los medios para que las personas puedan resolver sus necesidades y conflictos legales, lo que supone otorgar asesoría, defensa y representación jurídica para que las personas sepan cuáles son sus derechos, cómo ejercerlos y recurran a los mecanismos para resolverlos, que pueden ser los tribunales, pero también otros como la mediación.”
Con este proyecto se logra crear una única institucionalidad que estandariza y profesionaliza la atención, orientación y representación jurídica a las personas, especialmente las más vulnerables en el ámbito laboral, de familia, civil y penal.
En este contexto, también está previsto el acompañamiento del Programa para la generación de metodología que oriente la elaboración del primer Plan de Acceso a la Justicia para el Estado de Chile por parte del Consejo Nacional dispuesto en la iniciativa, a la espera de que este instrumento permita dar articulación y coordinación a los actores públicos y privados que son parte del sistema de acceso a la justicia, posicionando al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos como el referente técnico y político responsable de la conducción y seguimiento del Plan.
Para Chile, este avance representa la modernización más importante de los últimos 50 años en cuanto a Acceso a la Justicia.
